La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València está en la fase final de preparación de una demanda judicial contra la Generalitat Valenciana. La compañía reclama una deuda que, según sus cálculos, asciende a 40 millones de euros, derivada de un desacuerdo en la compensación por el uso de la tarjeta de transporte integrado SUMA.
El conflicto se centra en cómo debe calcularse el pago que la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), dependiente de la Generalitat, abona a la EMT por los viajes realizados con este título. La disputa ha escalado hasta el punto de que la EMT tuvo que solicitar una póliza de crédito para garantizar su operatividad.
Puntos Clave del Conflicto
- La EMT reclama 40 millones de euros a la Generalitat por impagos relacionados con la tarjeta SUMA.
- El desacuerdo principal reside en si la compensación se calcula sobre el precio oficial de la tarifa o sobre el precio rebajado con ayudas estatales.
- La ATMV ha provisionado 20,5 millones de euros en sus cuentas para hacer frente a una posible resolución desfavorable del litigio.
- Un preacuerdo parcial para abonar parte de las cantidades no ha resuelto el problema de fondo, que ahora se dirige a los tribunales.
El Origen de la Discrepancia Financiera
La raíz del problema se encuentra en la interpretación del Convenio de Colaboración firmado en 2021 entre la EMT y la ATMV. Este acuerdo regula la integración de los autobuses municipales en el sistema SUMA, que permite a los usuarios viajar en diferentes medios de transporte público del área metropolitana con un único abono.
La controversia surge en el método de cálculo de la compensación. La EMT sostiene que la ATMV debe pagarle en función del precio oficial e íntegro de las tarifas. Por su parte, la ATMV defiende que el abono debe realizarse sobre el precio del billete ya rebajado, es decir, una vez descontadas las ayudas y subvenciones del Gobierno central.
Este desacuerdo en la liquidación de las facturas se ha mantenido desde junio de 2024, generando una deuda acumulada que la empresa municipal cifra en 40 millones de euros. La situación llegó a ser tan crítica que la EMT tuvo que recurrir a financiación externa para cubrir gastos corrientes, como el pago de nóminas a sus empleados o la compra de combustible para la flota de autobuses.
Un Preacuerdo Insuficiente
Hace unos meses, ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo para garantizar que la EMT continuara dentro del sistema SUMA. Este pacto establecía que, a partir del 1 de julio, la ATMV abonaría el 80% de las cantidades reclamadas por la EMT. Sin embargo, este arreglo temporal no resolvió la disputa fundamental sobre el método de cálculo, dejando la deuda pasada sin una solución definitiva.
La Sindicatura de Comptes Revela Provisiones Millonarias
El conflicto ha dejado su huella en las cuentas de la ATMV, como se refleja en el Informe de Auditoría de la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2024. El documento revela un dato significativo: las "Provisiones a Corto Plazo" de la autoridad de transporte se dispararon un 243% durante ese ejercicio, hasta alcanzar los 47,1 millones de euros.
Una provisión contable es una cantidad que una entidad reserva en su balance para cubrir una obligación o un gasto futuro que se considera probable, aunque su cuantía exacta o fecha de pago sea incierta. Es una medida de prudencia financiera.
Dentro de esa cifra, la ATMV ha destinado una provisión específica de 20,5 millones de euros para cubrir las facturas de la EMT que están en disputa. Esta cantidad representa una estimación contable del riesgo que la entidad asume en el litigio.
Es importante destacar que esta cifra no es necesariamente la cantidad final que la ATMV tendrá que pagar. El importe definitivo dependerá de la resolución judicial del conflicto. La decisión de provisionar esta cantidad indica que la propia administración autonómica reconoce la existencia de una contingencia significativa.
Un Futuro Incierto y Proyecciones a Largo Plazo
A pesar de la inminente batalla legal, el convenio entre la ATMV y la EMT sigue formalmente en vigor, con una prórroga que se extiende hasta finales de 2028. El cálculo de las compensaciones está directamente ligado al número de validaciones de los bonos SUMA, es decir, al uso real que los pasajeros hacen del servicio.
El informe de la Sindicatura de Comptes incluye una tabla con el coste plurianual estimado de esta compensación, que proyecta un gasto total de más de 208 millones de euros hasta el final de la vigencia del acuerdo. Las cifras muestran una tendencia creciente:
- 2024: 33 millones de euros
- 2025: 40,1 millones de euros
- 2026: 40,8 millones de euros
- 2027: 41,5 millones de euros
- 2028: 42,9 millones de euros
Sin embargo, fuentes de ambas entidades han aclarado que estas cifras son únicamente estimaciones presupuestarias basadas en proyecciones conservadoras de uso. Insisten en que estos números no se corresponden necesariamente con los cálculos que cada parte defiende en el contencioso.
Con la vía del diálogo agotada en lo que respecta a la deuda acumulada, la resolución de este conflicto financiero de 40 millones de euros queda ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo se interpreta el convenio y quién debe asumir el coste real del transporte público integrado en València.
