La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana sigue avanzando con nuevas diligencias que buscan esclarecer las responsabilidades. El fiscal del caso ha señalado directamente a los servicios de Emergencias de la Generalitat en la vigilancia de los barrancos, mientras que, en paralelo, la televisión pública À Punt se ve envuelta en una crisis interna por la filtración de un vídeo clave y acusaciones de manipulación informativa.
Estos acontecimientos se desarrollan en un contexto político complejo, con el foco puesto en las actuaciones del entonces president Carlos Mazón y las negociaciones en marcha para su sucesión al frente del Partido Popular valenciano.
Puntos Clave
- La Fiscalía atribuye a Emergencias de la Generalitat la responsabilidad de vigilar el caudal de barrancos como el del Poyo.
- La jueza solicita pruebas para reconstruir los pasos de Carlos Mazón durante la DANA, incluyendo el ticket de aparcamiento de una asesora.
- Una acusación particular pide que el alcalde de Cullera declare sobre una llamada que recibió de Mazón.
- El nuevo consejo de informativos de À Punt denuncia "manipulación" y "dictado de noticias" en la cadena pública.
- La investigación interna en À Punt para encontrar al responsable de la filtración del vídeo del CECOPI ha fracasado.
La Fiscalía señala a la Generalitat
Un informe de la Fiscalía ha puesto el foco sobre la cadena de mando en la gestión de la emergencia. Según el fiscal, la responsabilidad de realizar un seguimiento de los caudales en los barrancos, incluyendo el crítico barranco del Poyo, recaía sobre el servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
Este señalamiento es fundamental en la causa, ya que centra la atención en la respuesta institucional y en los protocolos de prevención que debían activarse. La investigación busca determinar si hubo negligencia en la monitorización de los puntos más vulnerables ante la crecida de las aguas.
Responsabilidad en la Vigilancia
El informe fiscal es claro: el seguimiento de los caudales de los barrancos era una competencia directa del servicio de Emergencias autonómico. Este punto será clave para dirimir posibles responsabilidades penales en la gestión de la catástrofe.
La falta de alertas tempranas o de una evaluación correcta del riesgo en zonas como el barranco del Poyo es uno de los ejes centrales de la instrucción judicial. Las pesquisas tratarán de averiguar si los recursos y procedimientos disponibles se utilizaron de manera adecuada.
La jueza reconstruye los pasos de Mazón
La jueza que instruye el caso ha iniciado una serie de diligencias para reconstruir con exactitud la cronología de las actuaciones del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la DANA. Una de las peticiones más específicas ha sido la solicitud a la empresa del aparcamiento del ticket del vehículo de Maribel Vilaplana, entonces directora de comunicación.
Vilaplana acompañaba a Mazón en el restaurante El Ventorro, y el ticket de aparcamiento podría servir para establecer con precisión los tiempos y movimientos del president y su equipo en un momento en que la emergencia se agravaba por momentos.
Declaraciones clave en el horizonte
Además de las pruebas documentales, una de las acusaciones particulares ha dado un paso más. Ha solicitado formalmente a la jueza que cite a declarar como testigo al alcalde de Cullera, Jordi Mayor. El objetivo es que aclare el contenido de una llamada telefónica que recibió de Carlos Mazón desde el restaurante.
Esta posible declaración podría aportar información valiosa sobre el nivel de conocimiento que tenía el president sobre la gravedad de la situación y las decisiones que se estaban tomando desde el centro de mando. La llamada se ha convertido en un elemento de interés para entender la gestión de la crisis desde la máxima autoridad autonómica.
El contexto político
Estas actuaciones judiciales coinciden con el inicio de las negociaciones entre el PP y Vox para la sucesión de Carlos Mazón al frente del PP valenciano. La gestión de la DANA y sus consecuencias judiciales son un factor de presión añadido en este proceso de relevo político.
Crisis interna y acusaciones en À Punt
La gestión de la DANA no solo tiene un frente judicial y político, sino también mediático. La televisión pública valenciana, À Punt, atraviesa una profunda crisis interna a raíz de la filtración a Televisión Española (TVE) de un vídeo grabado en el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI).
La dirección de la cadena inició una investigación interna, calificada por algunos trabajadores como una "cacería", para identificar al autor de la filtración. Sin embargo, estas pesquisas han concluido sin éxito, sin poder determinar quién facilitó las imágenes a la cadena nacional.
"Se ha producido una manipulación informativa y un dictado de noticias en la cadena".
La situación se ha agravado con la reciente denuncia del nuevo consejo de informativos del ente público. En un comunicado contundente, han alertado de la existencia de "manipulación informativa" y un "dictado de noticias", señalando presiones en la cobertura de la DANA.
Esta denuncia pone en tela de juicio la independencia editorial de la cadena y sugiere que la gestión informativa de la catástrofe pudo estar condicionada por intereses ajenos al periodismo. La falta de resultados en la investigación de la filtración y estas graves acusaciones abren un nuevo frente de conflicto en la radiotelevisión valenciana, que se suma a la ya compleja situación post-DANA.
