El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de València ha dictaminado que el Ayuntamiento debe readmitir a Josep Lluis Marín, ex jefe del Servicio de Cultura Festiva, cuyo puesto fue eliminado tras el cambio de gobierno municipal. La sentencia obliga al consistorio a reincorporarlo como funcionario de carrera y a asignarle un puesto acorde a su categoría profesional.
Este fallo judicial representa el segundo revés para el equipo de gobierno actual en casos similares de despidos de altos funcionarios incorporados durante el mandato anterior. Desde la oposición, el grupo Compromís califica la situación como una "persecución política" y exige que no se recurra la decisión para evitar más gastos a las arcas públicas.
Puntos Clave
- Un juzgado de València ha ordenado la readmisión inmediata de Josep Lluis Marín, ex jefe de Cultura Festiva.
- La plaza de Marín fue eliminada por el actual gobierno del PP después de haber sido creada durante el mandato de Compromís.
- Compromís denuncia que el despido fue una "persecución política" y no una decisión administrativa justificada.
- Esta es la segunda sentencia similar contra el Ayuntamiento, con un tercer caso aún pendiente de resolución.
- La oposición insta al gobierno municipal a no apelar el fallo para no incrementar el coste para los contribuyentes.
Una Decisión Judicial Contundente
La resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 es clara: el Ayuntamiento de València debe reintegrar a Josep Lluis Marín. El fallo establece que la eliminación de su puesto de trabajo no justifica su cese como funcionario de carrera del consistorio.
Según el dictamen, la administración municipal tenía la obligación legal de ofrecerle un puesto de características similares dentro de su estructura, algo que no ocurrió. En su lugar, se procedió a su cese definitivo, una medida que ahora la justicia ha declarado improcedente.
El Contexto del Cese
Josep Lluis Marín, junto con otros dos altos funcionarios, consolidó su plaza en el Ayuntamiento de València a través de un concurso público durante el gobierno de Joan Ribó. Tras las elecciones y el cambio de gobierno al PP, sus puestos fueron amortizados, es decir, eliminados del organigrama municipal, lo que derivó en sus despidos.
Acusaciones de "Persecución Política"
El concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha sido la voz más crítica contra estas decisiones. Desde el primer momento, denunció que los despidos no respondían a necesidades organizativas, sino a motivaciones puramente ideológicas.
Puchades ha calificado los ceses como una "situación inédita en la historia democrática de València" y una "persecución política impulsada en primer momento por el concejal de Fallas, Santiago Ballester".
"La resolución judicial pone de manifiesto de manera clara y rotunda que la desaparición de los puestos de trabajo que venían ocupando no tenía ninguna justificación, así como la arbitrariedad del gobierno municipal", declaró Puchades.
El concejal insiste en que la profesionalidad de los funcionarios despedidos está "fuera de toda duda", y que su único error fue haber sido incorporados durante el mandato anterior.
Un Patrón de Despidos Cuestionados
El caso de Marín no es un hecho aislado. Se trata del segundo fallo judicial que obliga al Ayuntamiento a readmitir a uno de los tres altos funcionarios cesados en circunstancias similares. Un tercer caso, el del ex jefe de sección de museos festivos, Gil Manuel Hernández, también recibió una sentencia favorable a su readmisión previamente.
Tres Casos Similares
- Josep Lluis Marín: Jefe de Sección de Cultura Festiva. Readmisión ordenada.
- Gil Manuel Hernández: Jefe de sección en Cultura Festiva. Readmisión ordenada en una sentencia anterior.
- Tercer funcionario: Jefe de servicio de Agricultura. Su demanda está pendiente de sentencia.
Estos funcionarios procedían de otras administraciones y obtuvieron su plaza en propiedad en el Ayuntamiento de València mediante concursos públicos. En su momento, el Partido Popular, entonces en la oposición, calificó estas convocatorias como "concursos a la carta".
El Futuro y la Petición de No Recurrir
Tras conocerse la sentencia, la atención se centra ahora en la respuesta del equipo de gobierno. La concejalía de personal, dirigida por Julia Climent, fue la responsable de tramitar la amortización de las plazas.
Ferran Puchades ha exigido públicamente a Climent que acate la decisión judicial y se abstenga de presentar un recurso. "Las sentencias son claras en su mandato y recurrirlas sólo ocasionará más gastos al erario público", advirtió el concejal de Compromís.
El Ayuntamiento de València se enfrenta ahora al desafío de reubicar a estos funcionarios en su estructura, cumpliendo con la orden judicial y gestionando las consecuencias políticas y administrativas de unos despidos que los tribunales están invalidando uno tras otro.
