El 'Plan Vive' de la Generalitat Valenciana, una iniciativa clave para aumentar la oferta de vivienda asequible en la región, avanza lentamente. A mitad de la legislatura, el programa ha adjudicado cerca de 1.770 viviendas mediante permutas, una cifra que muestra la dificultad de alcanzar el objetivo inicial de 10.000 unidades.
Puntos Clave
- El Plan Vive busca construir 10.000 viviendas asequibles en la Comunitat Valenciana.
- Hasta la fecha, se han adjudicado alrededor de 1.770 viviendas, principalmente a través de permutas de suelo.
- La Generalitat entrega terrenos públicos a cambio de un porcentaje de las viviendas construidas.
- El ritmo actual sugiere que el objetivo de 10.000 viviendas será difícil de cumplir antes del fin de la legislatura.
- Existen otras 221 viviendas en marcha por cesión de derechos de superficie y 1.000 unidades adicionales de una licitación anterior.
El 'Plan Vive' y su Mecanismo de Permutas
La Generalitat Valenciana lanzó el 'Plan Vive' como respuesta a la creciente crisis de vivienda en las principales ciudades de la Comunitat. El proyecto se basa en la movilización de suelo público, tanto autonómico como municipal, y la colaboración con el sector privado. El objetivo principal es construir 10.000 viviendas asequibles durante la legislatura actual.
La vía más utilizada hasta ahora para impulsar el plan ha sido la permuta. Este sistema implica que la Generalitat cede terrenos a empresas constructoras. A cambio, las empresas entregan un número determinado de viviendas de los proyectos resultantes a la administración. Estas unidades se integran luego en el parque público de vivienda asequible.
Dato Relevante
Más de treinta solares en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana han sido movilizados a través de permutas. Esto ha permitido la adjudicación de aproximadamente 1.770 viviendas. Solo dos de estos suelos, en Torrent y Albal, quedaron desiertos en las licitaciones.
Proyectos en Tramitación y Desafíos del Sector
Actualmente, las 1.770 viviendas adjudicadas están pendientes de la concesión de licencias. Esto significa que su salida al mercado no será inmediata. Paralelamente, se ha abierto la licitación de otras seis parcelas en El Puig de Santa María, Manises y València.
Estas nuevas licitaciones permitirán la construcción de más de 300 viviendas de protección pública. En total, sumando los proyectos en tramitación por permutas, se alcanzan las 2.000 viviendas. Sin embargo, ninguna de estas obras ha comenzado todavía.
"Desde el sector se reclama más celeridad en la salida de nuevos solares y su adjudicación, dado que los dilatados plazos constructivos, de cerca de 18 meses, sumado a los tiempos de baremación de las ofertas impiden que las obras vayan a estar listas para final de legislatura", señalan fuentes del sector inmobiliario.
Los largos plazos de construcción, que rondan los 18 meses, y los tiempos de evaluación de las ofertas ralentizan el proceso. Esto hace que sea poco probable que las obras estén finalizadas antes del fin de la legislatura. De hecho, gran parte de los trabajos podrían encontrarse en una fase incipiente para entonces.
Impacto y Destino de las Nuevas Viviendas
Pese a los desafíos, la reactivación de suelos públicos es un hecho. Todas las promociones son de protección pública (VPO). Su destino final dependerá del promotor: pueden ser para alquiler asequible o para compraventa. Un volumen significativo de estos inmuebles será adquirido por la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha).
Contribución al Parque Público
De las 1.770 viviendas ya adjudicadas, aproximadamente 300 unidades se destinarán a la ampliación del parque público de vivienda, previsiblemente para alquiler asequible.
El modelo de permutas ha demostrado ser exitoso porque permite a la administración obtener viviendas terminadas de forma más rápida. Al mismo tiempo, fomenta la actividad constructora y promotora en la región. Se entregan suelos públicos a los promotores a cambio de viviendas ya finalizadas.
La Vía de la Cesión de Derechos de Superficie
Inicialmente, la administración exploró el modelo de cesión de derechos de superficie. Esta fórmula implica entregar suelo a agentes privados para construir viviendas de alquiler asequible por un periodo determinado. La propiedad de los inmuebles, sin embargo, se mantiene en manos de la administración.
Antecedentes del Modelo
Durante el Consell del Botànic, varios concursos bajo este modelo quedaron desiertos. La primera convocatoria del actual gobierno autonómico, liderado por Carlos Mazón, no fue diferente. De 13 solares licitados, solo dos fueron adjudicados en València y Benidorm a la promotora Culmia. El resto no recibió ofertas.
Esta falta de interés llevó a la Conselleria, dirigida por Susana Camarero, a cambiar de estrategia y optar por las permutas. Esta decisión ha resultado ser un acierto, dado el mayor volumen de adjudicaciones. No obstante, las bolsas de suelo bajo el modelo de derechos de superficie también empiezan a movilizarse.
En total, 221 viviendas protegidas están en marcha bajo este esquema: 104 en València y 117 en Benidorm. La empresa Culmia se encargará de la conservación, mantenimiento, gestión y explotación del alquiler. El pliego contemplaba una cesión de derecho de superficie por 55 años, con posibilidad de prórroga por 20 años más.
Licitaciones del Botànic y Obstáculos Jurídicos
Paralelamente, la Generalitat ha activado las primeras viviendas de un concurso de 1.090 unidades licitado y adjudicado hace dos años, durante la gestión del Botànic, a la UTE Urbania-Visoren. Sin embargo, un "gran lío jurídico" en la redacción del pliego ha retrasado significativamente el inicio de las obras.
Esta situación ha llevado a la adjudicataria a renunciar a la construcción de uno de los tres lotes, que incluía 389 VPO en València. El actual equipo de la Conselleria ha tenido que resolver el embrollo para permitir el inicio de los trabajos. En abril de este año 2025, arrancaron las obras de las primeras 34 unidades en Alicante.
Fondos Europeos y Plazos
Esta convocatoria de derechos de superficie contaba con 54 millones de euros de fondos europeos. Estos fondos exigen que los inmuebles estén finalizados en junio de 2026. La imposibilidad de cumplir este plazo fue la razón principal de la renuncia de la UTE a uno de los paquetes.
Las dos compañías de la UTE decidieron dividirse los dos lotes restantes. Urbania ha iniciado las obras de 34 viviendas en Alicante y avanza en el desarrollo de otras 58 viviendas en El Campello. También tiene dos proyectos en Sant Joan para 69, 95 y 59 unidades, todos parte del primer paquete.
Por su parte, Visoren se encargará del segundo paquete, compuesto por seis terrenos. Cuatro de ellos están en el sector de L'Alquería en Sant Joan, para construir 68, 79, 68 y 74 inmuebles. Los otros dos suelos se ubican en la calle Huerta de San Vicente del Raspeig, destinados a 16 y 20 viviendas. Se prevé que estas obras comiencen pronto, aunque aún no hay una fecha definida.
