A pesar de la moratoria que prohíbe la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico (VUT) desde mayo de 2024, la ciudad de València ha registrado 1.245 nuevos apartamentos legales. Esta situación pone de manifiesto una aparente contradicción entre la normativa municipal y la realidad del mercado, generando un intenso debate político sobre la efectividad de las medidas adoptadas.
El registro oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana muestra que el número total de VUT legales en la capital se acerca a las 6.000. Sin embargo, las cifras se disparan al incluir la oferta no regulada, con estimaciones que elevan el total a más de 10.500 propiedades anunciadas en diversas plataformas en línea.
Puntos Clave
- Desde la aprobación de la moratoria en mayo de 2024, se han inscrito 1.245 nuevas viviendas turísticas legales en València.
- La normativa permite que entidades colaboradoras (ECUV) emitan certificados de compatibilidad urbanística, una vía que no fue cerrada por la moratoria municipal.
- Existe una fuerte discrepancia en las cifras: cerca de 6.000 pisos legales frente a una estimación total de 10.500 (legales e ilegales).
- La oposición política acusa al gobierno municipal de "inacción", mientras que el consistorio defiende la efectividad de la medida en su ámbito de competencia.
Una moratoria con resultados inesperados
Cuando el Ayuntamiento de València aprobó la suspensión de nuevas licencias para apartamentos turísticos, el objetivo era frenar su proliferación. No obstante, los datos oficiales revelan una realidad distinta. Desde la entrada en vigor de la medida, el registro autonómico ha incorporado 1.245 nuevas VUT, un incremento que ha sorprendido a vecinos y ha alimentado la controversia política.
La disparidad de cifras es uno de los principales problemas para analizar el fenómeno. Mientras el registro de Turisme contabiliza casi 6.000 apartamentos legales, un informe de la plataforma Visit València de junio señalaba la existencia de unas 10.500 viviendas turísticas publicitadas en la ciudad. Esto sugiere que miles de propiedades operan al margen de la legalidad.
El panorama en cifras
Total de VUT en València (estimado): 10.500
VUT legales registradas: ~6.000
Nuevas VUT legales desde mayo 2024: 1.245
La clave jurídica que explica el aumento
La pregunta principal es cómo es posible que sigan registrándose nuevos apartamentos a pesar de la prohibición. La respuesta se encuentra en los detalles de la normativa y una aparente falta de coordinación entre administraciones.
El papel de las Entidades Colaboradoras (ECUV)
La moratoria del Ayuntamiento de València impide que el propio consistorio emita nuevos certificados de compatibilidad urbanística, un documento indispensable para registrar una VUT. Sin embargo, la ley autonómica permite que este certificado sea emitido por Entidades Colaboradoras Urbanísticas de Verificación (ECUV).
Según fuentes de la Generalitat Valenciana, la normativa municipal de València no incluyó una prohibición expresa para que las ECUV emitieran dichos certificados. Por este motivo, Turisme sigue aceptando los documentos emitidos por estas entidades, siempre que el planeamiento municipal lo permita, lo que abre una vía para continuar con las altas.
La diferencia con otras ciudades
A diferencia de València, la moratoria implementada en la ciudad de Alicante sí incluyó explícitamente en su texto la prohibición de emitir certificados de compatibilidad tanto por parte del ayuntamiento como de las ECUV, cerrando así esta posible vía de registro.
Otro factor a considerar es que la moratoria no tiene carácter retroactivo. Aquellos proyectos que ya habían obtenido la licencia de actividad antes de mayo de 2024 pueden continuar su tramitación y darse de alta en el registro autonómico.
El debate político se intensifica
Esta situación ha provocado un cruce de acusaciones entre el gobierno municipal y la oposición. El Grupo Municipal Socialista (PSPV) ha calificado la moratoria de "ineficaz" y acusa al equipo de gobierno de inacción.
"La moratoria no ha servido para nada, siguen abriéndose nuevos pisos turísticos ilegales en la ciudad y lo están haciendo a través del registro de la Generalitat Valenciana sin que el Ayuntamiento haga nada. Simplemente se dedica a mirar a otro lado", denunció el concejal del PSPV, Javier Mateo.
Por su parte, el concejal de Licencias y Urbanismo, Juan Giner, ha defendido la gestión municipal, asegurando que "no existe tal ineficacia" y que el Ayuntamiento se centra en los títulos habilitantes que otorga directamente, cuya concesión está efectivamente paralizada.
Cifras de cierres también en disputa
La polémica también se extiende a las cifras sobre el cierre de apartamentos ilegales. El gobierno de María José Catalá afirma haber clausurado 1.000 pisos basándose en las órdenes de cese de actividad emitidas.
Sin embargo, desde el PSPV se acusa al gobierno de "inflar las cifras". Según los socialistas, solo se han remitido 26 comunicaciones a la Conselleria de Turismo para solicitar la baja de alojamientos irregulares y se han abierto menos de 200 expedientes sancionadores, lo que, a su juicio, evidencia una falta de contundencia en la persecución de la oferta ilegal.
