El gobierno municipal de València ha rechazado la última propuesta presentada por la oposición para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La decisión, tomada en el pleno municipal, deja a la ciudad como la única gran urbe de España sin esta normativa medioambiental obligatoria, acercándose a la fecha límite del 1 de enero de 2026 sin un plan definido.
Este bloqueo político no solo impide la aplicación de medidas contra la contaminación, sino que también expone a València a significativas consecuencias económicas, incluyendo la pérdida de ayudas estatales y fondos europeos que podrían alcanzar los 150 millones de euros.
Puntos Clave
- El gobierno de PP y Vox votó en contra de debatir la moción de urgencia de PSPV y Compromís.
- La propuesta de la oposición incluía restricciones progresivas a vehículos contaminantes y la ampliación del aparcamiento para residentes (ORA).
- València enfrenta la pérdida de ayudas al transporte público y posibles sanciones del Gobierno central.
- La ciudad podría quedar excluida de futuras convocatorias de fondos europeos para movilidad sostenible.
El rechazo en el pleno municipal
La tensión política marcó el último pleno del Ayuntamiento de València. El gobierno, compuesto por el Partido Popular y Vox, utilizó su mayoría para rechazar la urgencia de una moción presentada conjuntamente por el PSPV y Compromís. Esta maniobra impidió que la propuesta para desbloquear la ZBE llegara siquiera a ser debatida y votada.
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, calificó la propuesta de la oposición como "meramente política", argumentando que su aprobación no tendría consecuencias jurídicas reales. Según Carbonell, la moción proponía cambios tan sustanciales a la ordenanza ya tramitada por el gobierno que obligaría a "empezar de cero", un proceso inviable a estas alturas.
La principal objeción del gobierno se centró en la condición de ampliar la zona de estacionamiento regulado (ORA) para residentes a toda la ciudad. A pesar de que la oposición había cedido en otras exigencias, como las relativas a la calle Colón, este punto se mantuvo como un escollo insalvable para los populares.
La propuesta de la oposición al detalle
La moción acordada por PSPV y Compromís buscaba un punto intermedio para cumplir con la normativa europea y nacional. El plan se estructuraba en varias fases y medidas concretas para reducir el impacto de los vehículos más contaminantes de forma gradual.
Un calendario progresivo
La propuesta establecía un calendario flexible para la restricción de vehículos, buscando dar margen de adaptación a los ciudadanos y empresas locales.
Las claves de la propuesta eran las siguientes:
- Vehículos sin etiqueta (A): Prohibición de acceso desde el 1 de enero de 2026 para coches de fuera de la provincia, desde el 1 de julio de 2026 para los de fuera de la ciudad, y desde el 1 de enero de 2027 para los residentes en València. Se contemplaba una línea de ayudas para estos últimos.
- Vehículos con etiqueta B: Restricciones a partir del 1 de enero de 2027 para vehículos de fuera de la provincia y desde el 1 de enero de 2028 para los de fuera de la ciudad.
- Ampliación de la ORA: Implantar en 2027 zonas de estacionamiento para residentes en todos los barrios, reservando al menos el 55% de las plazas.
- Medidas sociales: Ayudas y exenciones para familias vulnerables, un régimen transitorio para actividades económicas y exenciones para personas con movilidad reducida y servicios esenciales.
La concejala socialista María Pérez defendió la inclusión de la ORA, explicando que estudios de la Universitat Politècnica de València (UPV) demostraron que esta medida "tenía tan buenos resultados o mejores que la restricción de acceso a la ciudad" para reducir emisiones. "Entendimos que si la restricción de acceso le generaba problemas para alcanzar un acuerdo, el aparcamiento era clave", afirmó.
Consecuencias económicas y jurídicas
La falta de una ZBE aprobada sitúa a València en una posición de gran vulnerabilidad. La ciudad no solo incumple la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sino que se arriesga a un severo impacto financiero.
Pérdidas millonarias en juego
El Ayuntamiento podría perder hasta 150 millones de euros de fondos europeos vinculados a proyectos de movilidad sostenible. Además, el consistorio deberá asumir con fondos propios los 14 millones de euros de las ayudas del Gobierno al transporte público, que estaban condicionadas a la existencia de una ZBE.
Esta situación podría traducirse en un aumento del precio de los bonos de transporte para los ciudadanos. A esto se suma la posibilidad de que el Ministerio de Transportes imponga sanciones económicas al Ayuntamiento por el incumplimiento de la ley. La ausencia de la ZBE también impedirá a València presentarse a futuras convocatorias de financiación europea que exijan esta medida como requisito previo.
"Catalá no quiere escuchar hablar de la ZBE porque si no Vox se irá y se acabará el poder aquí y en la Generalitat", declaró la portavoz de Compromís, Papi Robles, quien insistió en que la moción era una oferta sincera para "llegar a un punto de acuerdo".
Un futuro incierto y un parque de cámaras sin uso
El bloqueo político deja a València en un limbo normativo. La oposición acusa al gobierno de María José Catalá de ceder ante las presiones de sus socios de Vox, a quienes califican de "negacionistas del cambio climático". Sostienen que esta parálisis revierte los avances logrados en años anteriores en la reducción del tráfico y la contaminación.
Irónicamente, la infraestructura para controlar la ZBE ya está instalada. El Ayuntamiento ha desplegado más de 270 cámaras financiadas con 57,8 millones de euros de fondos europeos. Sin embargo, al no existir una ordenanza que regule las sanciones, estos dispositivos no pueden multar.
Por el momento, su función se limitará a "monitorizar el paso de los vehículos" para elaborar estudios estadísticos sobre los patrones de movilidad y la tipología del parque móvil de la ciudad. Una costosa red de vigilancia que, por ahora, no cumplirá el propósito para el que fue financiada: proteger la calidad del aire y la salud de los valencianos.
