El Ayuntamiento de València confía en esquivar las posibles sanciones del Ministerio de Transportes, que podrían ascender a 115 millones de euros, incluso si la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no se aprueba antes del 31 de diciembre. Esta postura, detallada por el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, se basa en una interpretación de la normativa ministerial.
La administración local argumenta que las ayudas europeas recibidas están vinculadas al proceso de implantación de la ZBE y no necesariamente a la aprobación formal de una ordenanza. Sin embargo, la no aprobación de la ZBE podría impedir el acceso a futuras ayudas al transporte, afectando directamente a los ciudadanos.
Puntos Clave
- El Ayuntamiento de València confía en no ser sancionado por no aprobar la ZBE.
- La interpretación de la orden ministerial es clave para esta estrategia.
- Se estima una posible pérdida de 115 millones de euros en fondos europeos.
- La no aprobación de la ZBE podría encarecer el bonobús en más de un 60%.
- La alcaldesa María José Catalá ha manifestado que recurrirá judicialmente si se pierden los fondos.
Interpretación de la Normativa Ministerial
Jesús Carbonell, concejal de Movilidad, ha expuesto la posición del Ayuntamiento en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista. Según Carbonell, la orden ministerial que regula los fondos europeos asociados a las ZBE contiene "ambigüedades" que permitirían a València evitar las penalizaciones económicas.
El concejal subraya que la palabra "Ordenanza" no aparece explícitamente como requisito en las bases de las ayudas. La normativa se enfoca en "acelerar la implantación de la zona de bajas emisiones", lo que, según la interpretación municipal, vincula los fondos al progreso del proyecto y no a su culminación administrativa.
Dato Relevante
La posible pérdida de fondos asciende a 115 millones de euros, una cifra significativa para las arcas municipales.
Las actuaciones financiables, como la instalación de cámaras y plataformas de gestión, se están ejecutando. Esta es una de las principales defensas del gobierno local para argumentar que se está cumpliendo con los objetivos de la subvención.
Modificación de la Orden Ministerial
Otro argumento crucial es la modificación de la Orden Ministerial original (TMA/892/2021) por la Orden TRM/1422/2023. La normativa inicial exigía tener implantada una ZBE en 2023. Sin embargo, la modificación, publicada el 22 de diciembre, justo un día antes de expirar el plazo, introdujo el artículo 40.5.
"El compromiso original se considerará cumplido si se ha iniciado por parte del beneficiario la elaboración del proyecto."
Este cambio es fundamental para la estrategia del Ayuntamiento, ya que el proceso de elaboración del proyecto de la ZBE sí se ha iniciado en València.
Cambio de Discurso y Posibles Consecuencias
La actual confianza del gobierno de María José Catalá contrasta con declaraciones anteriores. Semanas atrás, el propio concejal Carbonell cuantificaba el riesgo en 115 millones de euros, buscando el apoyo de la oposición (PSPV y Compromís) para aprobar la ordenanza.
Este cambio de postura surge después de la falta de acuerdo en el último Pleno y la paralización de las negociaciones con la oposición, debido a que Vox, socio de gobierno, retiró su apoyo a la ZBE. Ahora, el gobierno municipal busca una salida legal sin la necesidad de pactar con otros grupos políticos.
Contexto Político
El gobierno municipal se encuentra en una situación delicada tras la retirada del apoyo de Vox a la ordenanza de la ZBE, lo que ha complicado su aprobación antes de la fecha límite.
La argumentación de Carbonell podría ser la base para un posible recurso judicial si el Ministerio finalmente decide sancionar a València. La alcaldesa ya ha manifestado su intención de "pelear judicialmente" si se produce la pérdida de estos fondos.
Impacto en el Transporte Público
Más allá de las posibles sanciones por los fondos europeos, la no aprobación de la ordenanza de la ZBE antes del 31 de diciembre tendría otra consecuencia directa: València no podría acceder a las ayudas al transporte en 2026. Esto implicaría un aumento significativo en el precio del bonobús de la EMT.
Se estima que el precio del bonobús podría subir en más de un 60%, lo que se traduciría en un incremento de unos 3,40 euros por viaje. Esta situación afectaría directamente a miles de usuarios del transporte público en la ciudad.
- Subida del bonobús: Más de un 60% de incremento.
- Costo adicional: Aproximadamente 3,40 euros por viaje.
A esto se suma la imposibilidad de presentarse a futuras convocatorias de fondos europeos que requieran la implantación de Zonas de Bajas Emisiones. Esto podría limitar la capacidad de València para modernizar y mejorar sus infraestructuras de movilidad en el futuro.
Próximos Pasos
Una de las últimas oportunidades para alcanzar un acuerdo sobre la ZBE se presentará este próximo lunes. En un pleno extraordinario, se debatirá la propuesta conjunta de Zona de Bajas Emisiones presentada por Compromís y el PSPV.
Sin embargo, las expectativas de que esta propuesta cuente con el respaldo del gobierno municipal son bajas. La tensión política en torno a este tema sigue siendo alta, y el reloj avanza hacia la fecha límite del 31 de diciembre.
