Las negociaciones para aprobar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de València se encuentran en un punto crítico. El Partido Popular y el PSPV-PSOE no logran alcanzar un acuerdo a pocas semanas de que finalice el plazo legal, lo que pone en riesgo hasta 135 millones de euros en fondos europeos y ayudas al transporte para la ciudad.
Con el reloj en contra, la fecha límite del 31 de diciembre se acerca y las posturas entre el gobierno municipal y el principal grupo de la oposición parecen cada vez más distanciadas, generando una considerable incertidumbre sobre el futuro de la movilidad y la calidad del aire en la capital del Turia.
Puntos Clave de la Negociación
- Riesgo financiero: València podría perder 135 millones de euros de financiación europea y ayudas si no aprueba la ordenanza de la ZBE antes del 31 de diciembre.
- Bloqueo político: El PP necesita los votos del PSPV tras el rechazo de su socio de gobierno, Vox, a la propuesta inicial.
- Principales desacuerdos: Las negociaciones están estancadas en el calendario de sanciones, la inclusión de vehículos con etiqueta 'B' y la extensión del perímetro de la ZBE.
- Proyecto Bulevar García Lorca: El PSPV exige garantías de que este futuro eje será exclusivamente peatonal, una condición que el PP considera ajena a la ZBE.
El Origen de una Negociación a Contrarreloj
La situación actual es el resultado de un giro inesperado en el pleno municipal. El equipo de gobierno del Partido Popular, liderado por la alcaldesa María José Catalá, contaba con el apoyo de sus socios de Vox para sacar adelante la ordenanza. Sin embargo, un cambio de postura de última hora de Vox tumbó la propuesta, obligando al PP a buscar un nuevo aliado.
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, se ha visto forzado a abrir una vía de diálogo con el PSPV, ya que el gobierno ha descartado negociar con Compromís. Esta nueva dinámica ha colocado a los socialistas en una posición clave, permitiéndoles establecer una serie de condiciones para dar su apoyo.
¿Qué es una Zona de Bajas Emisiones?
Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un área urbana donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento a los vehículos más contaminantes. Su objetivo principal es mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos, cumpliendo con las directivas europeas de reducción de emisiones.
Los Cuatro Puntos que Frenan el Acuerdo
Las conversaciones entre populares y socialistas se han centrado en cuatro exigencias fundamentales que el PSPV considera "líneas rojas". Hasta ahora, la oferta presentada por el gobierno de Catalá no ha satisfecho estas demandas, lo que mantiene el pacto en el aire.
1. El Calendario de Sanciones
El principal escollo es el calendario para empezar a multar a los vehículos más contaminantes. La propuesta del PP plantea un inicio muy gradual:
- 1 de enero de 2026: Vehículos con etiqueta 'A' de fuera de la provincia.
- Enero de 2027: Vehículos con etiqueta 'A' de fuera de la ciudad de València.
- Enero de 2028: Vehículos con etiqueta 'A' registrados en la propia ciudad.
El PSPV considera que estos plazos son demasiado laxos y no contribuyen a una mejora real y a corto plazo de la calidad del aire. Exigen un calendario más ambicioso que acelere la aplicación de las restricciones.
2. La Inclusión de la Etiqueta 'B'
Otro punto de fricción es el tratamiento de los vehículos con etiqueta ambiental 'B'. El PP ha propuesto comenzar a sancionarlos a partir de 2032 (para los de fuera de la provincia) y 2033 (para los de la provincia). Los socialistas argumentan que estos plazos superan el horizonte 2030 para la reducción de emisiones y hacen que la medida sea ineficaz, pidiendo su inclusión en el régimen sancionador mucho antes.
Un Horizonte Demasiado Lejano
La propuesta del PP para sancionar a los vehículos con etiqueta 'B' en 2033 significa que la medida se aplicaría dentro de dos legislaturas, una vez superado el plazo de los objetivos climáticos europeos para 2030.
3. La Extensión del Perímetro
Aunque el PP ha accedido a ampliar la ZBE a todos los barrios de la ciudad, su propuesta deja fuera algunas vías principales de circulación, como la avenida Serrería. El PSPV pide que el perímetro abarque la totalidad del término municipal sin excepciones para garantizar una protección homogénea en toda la ciudad.
4. El Futuro del Bulevar García Lorca
Finalmente, los socialistas han puesto sobre la mesa una condición que el PP considera que no está relacionada con la ZBE: la garantía de que el futuro bulevar García Lorca no permitirá el tráfico rodado. La alcaldesa María José Catalá ha calificado esta exigencia como "mezclar churras con merinas", desvinculándola de la negociación actual.
Cruce de Acusaciones y Responsabilidades
Mientras el tiempo se agota, la tensión política aumenta. La alcaldesa María José Catalá ha declarado su intención de "pelear hasta el último minuto" por un acuerdo, pero también ha advertido que si València pierde los fondos europeos, "ya se sabe a quién se tienen que pedir explicaciones", apuntando a la oposición.
"Si València tiene que perder esos recursos de fondos europeos por falta de consenso, ya se sabe a quién se tienen que pedir explicaciones", señaló María José Catalá.
Estas declaraciones han sido calificadas como "irresponsables" por parte de la oposición. La portavoz de Compromís, Papi Robles, afirmó que "la única irresponsable del desbarajuste es ella" por intentar imponer una "ZBE totalmente descafeinada".
Por su parte, la concejala socialista María Pérez ha sido clara en su postura: "Los socialistas mantenemos tendida la mano para seguir negociando. Lo que en ningún caso vamos a hacer es aceptar las propuestas negacionistas del PP y Vox. Si quiere el voto de los socialistas, debe proponer una ZBE que realmente mejore la calidad del aire”. Pérez también ha subrayado que la no aprobación de la ZBE supone "un riesgo para la salud de los valencianos y un perjuicio financiero para el Ayuntamiento".
Un Calendario que no Admite Más Demoras
El margen de maniobra es mínimo. Para que la ordenanza entre en vigor el 1 de enero, debe ser aprobada en un pleno extraordinario. Sin embargo, antes de esa votación, la propuesta debe superar un período de exposición pública de quince días. A esto se le suman los días festivos de diciembre, lo que reduce las semanas hábiles para cerrar un pacto.
La ciudad de València se enfrenta a una decisión crucial. El desenlace de esta negociación no solo definirá el futuro de la movilidad y el medio ambiente urbano, sino que también tendrá un impacto directo en las arcas municipales y en la capacidad del Ayuntamiento para financiar proyectos clave para los ciudadanos.
