La fase de votación de los presupuestos participativos de València para 2025/26 ha comenzado con una notable controversia. Asociaciones vecinales y los grupos de la oposición, Compromís y PSPV, denuncian que el gobierno municipal ha aplicado criterios "arbitrarios" para descartar numerosas propuestas ciudadanas. Acusan al ejecutivo de María José Catalá de realizar un cribado ideológico que beneficia su modelo de ciudad.
Con un presupuesto global de 16 millones de euros, el proceso, conocido como VLC Participa, permite a los ciudadanos proponer y votar proyectos para sus distritos. Sin embargo, el rechazo de iniciativas clave ha generado acusaciones de falta de transparencia y de vulnerar las propias bases del programa.
Puntos Clave
- Asociaciones vecinales y oposición denuncian un filtrado "arbitrario" de propuestas en los presupuestos participativos de València.
- Se han rechazado proyectos de peatonalización y movilidad sostenible alegando motivos presupuestarios o técnicos, lo que los críticos consideran una "excusa ideológica".
- El Ayuntamiento de València, a través de la concejala Julia Climent, defiende la "rigurosidad técnica" del proceso y asegura que se han admitido más propuestas que en la edición anterior.
- La oposición critica la aplicación de criterios desiguales y una resolución de última hora que limitó las propuestas de urbanismo, afectando a decenas de proyectos.
Denuncias de arbitrariedad en la selección
Asociaciones de barrios como La Petxina, Cabanyal y El Perellonet han alzado la voz contra lo que consideran una selección discrecional de los proyectos que han pasado a la fase de votación. Sostienen que muchas propuestas viables han sido eliminadas utilizando justificaciones contradictorias o erróneas.
La Asociación Vecinal de La Petxina es una de las más críticas. Sus miembros afirman que los criterios de selección no se aplican de manera uniforme en todos los distritos. "Se están eliminando proyectos perfectamente posibles mientras otros en circunstancias idénticas se mantienen", señalan desde la entidad. Han llegado a solicitar la paralización de las votaciones hasta que se ofrezca una explicación pública y transparente de los motivos de cada rechazo.
"Pedimos que se paralicen las votaciones hasta que se expliquen públicamente los motivos. En caso contrario, el proceso podría ser impugnado por vulnerar sus propias bases", advierten desde la asociación vecinal.
Proyectos clave rechazados
Entre las iniciativas que no han superado el filtro técnico se encuentran varias de gran impacto para los barrios. La conversión en zona peatonal de la Supermanzana de La Petxina fue excluida por un supuesto exceso de presupuesto. Sin embargo, los proponentes aclaran que su solicitud se limitaba a la redacción del plan técnico, no a la ejecución completa de la obra, una práctica que, según ellos, sí se ha permitido en otros distritos.
Otros ejemplos de proyectos descartados son:
- Plazas en Ángel Guimerà: La redacción del proyecto para dos plazas fue agrupada incorrectamente con una reurbanización completa de la avenida, inflando su coste estimado.
- Plaza en la calle Palleter: Denegada por ser un "uso provisional", aunque los vecinos argumentan que el planeamiento actual permite su peatonalización.
- Aparcamiento para residentes en el Cabanyal: La propuesta fue fusionada con otra sobre instalación de bolardos, desvirtuando la petición original de los vecinos.
- Acera en El Perellonet: Se rechazó por presupuesto la finalización de un tramo de 75 metros que conecta con El Perelló, una zona de paso peligrosa para los viandantes.
El proceso de los Presupuestos Participativos
Los presupuestos participativos, bajo el nombre "VLC Participa", son una herramienta de democracia directa que permite a los ciudadanos proponer y decidir sobre una parte del presupuesto municipal de inversiones. Para la edición 2025/26, se destinan 16 millones de euros. El proceso consta de varias fases: presentación de propuestas, evaluación técnica por parte de los servicios municipales y, finalmente, la votación ciudadana de los proyectos considerados viables.
La oposición acusa de "cribado ideológico"
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, han respaldado las quejas vecinales y acusan al gobierno de María José Catalá de utilizar el filtro técnico con fines políticos. Sostienen que se están bloqueando sistemáticamente las iniciativas relacionadas con la movilidad sostenible, la peatonalización y la creación de espacios verdes, que no encajan con el modelo de ciudad del actual gobierno.
La concejala de Compromís, Lluïsa Notario, afirmó que una de cada tres propuestas descartadas lo ha sido "sin informes técnicos firmados o con motivaciones claramente políticas".
Según Compromís, 23 propuestas fueron denegadas en base a una resolución de la Junta de Gobierno del 3 de octubre que, según la oposición, "cambió las reglas a mitad del proceso" al limitar las iniciativas de movilidad y urbanismo.
Notario también denunció irregularidades en las justificaciones, como calificar erróneamente terrenos públicos como no municipales o desestimar proyectos con la excusa de que ya están previstos, sin aportar ninguna prueba documental.
El PSPV llevará el caso al Síndic de Greuges
Por su parte, el grupo socialista ha anunciado que presentará una queja formal ante el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano. La concejala Elisa Valía criticó la aplicación de un doble rasero: "Hay propuestas rechazadas por superar el presupuesto máximo, pero en otras se permite dividir la obra en fases o transformarla en un estudio previo. Solo lo hacen cuando les interesa".
Su compañera de partido, María Pérez, añadió que la mayoría de los proyectos rechazados estaban relacionados con carriles bici o actuaciones de movilidad sostenible, lo que evidencia, en su opinión, un sesgo en la selección.
La defensa del Ayuntamiento: "Rigurosidad técnica"
Frente a la avalancha de críticas, el gobierno municipal defiende la legitimidad y la objetividad del proceso. La concejala de Participación, Julia Climent, ha negado cualquier tipo de discrecionalidad política y ha atribuido las decisiones a criterios puramente técnicos.
Climent destacó que este año han pasado a la fase de votación 458 propuestas, un número significativamente mayor que las 321 de la última edición del anterior gobierno. "Son los técnicos quienes determinan qué proyectos son viables. Hablar de discrecionalidad es cuestionar su trabajo", declaró la concejala.
El objetivo, según el Ayuntamiento, es garantizar que los proyectos votados por la ciudadanía puedan ejecutarse realmente, evitando así "frustrar las expectativas ciudadanas". En este sentido, Climent recordó que, según sus datos, mandatos anteriores dejaron "más de 250 actuaciones aprobadas sin ejecutar desde 2018".
Respecto a la polémica resolución de octubre, el gobierno la justifica como una medida necesaria para "asegurar la viabilidad técnica y administrativa" de las propuestas. Sin embargo, vecinos y oposición insisten en que el problema no es la exigencia de rigor técnico, sino la falta de coherencia y la aparente arbitrariedad en su aplicación.
