El pleno del Ayuntamiento de València ha vivido una jornada de máxima tensión después de que Vox, socio de gobierno del Partido Popular, votara inesperadamente en contra de la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta decisión bloquea la implementación de una medida obligatoria por ley y pone en grave riesgo la recepción de 115 millones de euros en fondos europeos y ayudas estatales, además de exponer a la ciudad a posibles sanciones.
La votación, que se produjo en el último trámite administrativo, ha abierto una crisis en el gobierno municipal liderado por María José Catalá y ha provocado un cruce de acusaciones entre los socios de gobierno y la oposición.
Puntos Clave
- Vox vota en contra de la ZBE, rompiendo la disciplina de voto con su socio, el PP.
- València se arriesga a perder 115 millones de euros en subvenciones y a enfrentar sanciones.
- El PP intentó sin éxito una negociación de última hora con el PSPV para salvar la ordenanza.
- La oposición acusa al gobierno de Catalá de ser rehén de la ultraderecha y de falta de gestión.
Un Voto Sorpresa que Desata la Crisis
El giro inesperado se produjo durante el debate de un despacho extraordinario en el pleno municipal. El portavoz de Vox, José Gosálbez, anunció el voto en contra de su formación, argumentando que la medida atentaba contra las libertades individuales.
Gosálbez defendió su postura priorizando "la libertad de movimientos de los ciudadanos" frente a lo que calificó como "el mandato de Sánchez y el fanatismo climático". Esta declaración contradice las cinco votaciones anteriores en las que Vox había apoyado el proyecto de la ZBE junto al Partido Popular.
La Reacción del Partido Popular
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, se mostró visiblemente sorprendido por la decisión de sus socios. Recordó a Vox su apoyo previo al proyecto y defendió la propuesta del gobierno como una versión "blanda" de la ZBE, diseñada para cumplir con la normativa estatal sin imponer medidas excesivamente restrictivas a los ciudadanos.
"Estamos exigiendo a las familias que adopten decisiones que económicamente les afectan", justificó Carbonell al explicar por qué el PP había optado por un plan de mínimos que ahora ha sido tumbado.
El concejal popular insistió en que, aunque no están a favor de aplicar prohibiciones drásticas, la implementación de la ZBE es una obligación legal impuesta por el Ministerio de Transportes para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.
¿Qué es la Zona de Bajas Emisiones?
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 obliga a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para mejorar la calidad del aire. Estas áreas restringen el acceso a los vehículos más contaminantes. El incumplimiento puede acarrear la pérdida de fondos europeos y sanciones económicas.
Negociaciones Fallidas y Acusaciones Cruzadas
Ante el inminente fracaso de la votación, la alcaldesa María José Catalá abandonó momentáneamente el pleno para intentar una negociación de última hora con el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan. El objetivo era conseguir la abstención o el voto favorable de los socialistas para sacar adelante la ordenanza.
Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto. La concejala socialista María Pérez reveló que su grupo se negó a apoyar un "plan de mínimos" que consideraban insuficiente. Según Pérez, el PSPV exigió medidas más ambiciosas y efectivas para mejorar realmente la calidad del aire, una propuesta que el gobierno municipal rechazó.
"Pierde 115 millones de euros porque es incapaz de negociar y porque se ha equivocado con sus compañeros de viaje", sentenció Pérez, en una clara alusión a Vox.
La Oposición Pide Responsabilidades
Desde Compromís, el exconcejal de Movilidad Giuseppe Grezzi atribuyó el bloqueo al "negacionismo climático de Vox y la aquiescencia del Partido Popular". Grezzi fue más allá y sugirió que Jesús Carbonell debería dimitir por su incapacidad para sacar adelante un proyecto obligatorio para la ciudad.
En un último intento por salvar la situación, Carbonell propuso aceptar una enmienda de la oposición para ampliar el perímetro de la ZBE, pero tras un breve receso, tanto PSPV como Compromís rechazaron la oferta, considerándola improvisada y poco seria.
El Futuro Incierto de la Movilidad en València
El rechazo a la ordenanza deja a València en una posición de incertidumbre legal y financiera. El Ayuntamiento no solo se enfrenta a la pérdida de importantes subvenciones, sino que también incumple una normativa estatal de obligado cumplimiento, lo que podría derivar en sanciones por parte del Gobierno central.
La fractura expuesta en el gobierno de coalición entre PP y Vox abre un nuevo escenario político. La oposición ya ha pedido a la alcaldesa Catalá que rompa su pacto con la formación de ultraderecha, a la que acusan de bloquear proyectos estratégicos para la ciudad.
Por ahora, València se queda sin un marco regulatorio para limitar la circulación de los vehículos más contaminantes, una medida que ya está en vigor en otras grandes ciudades españolas como Madrid o Barcelona. El gobierno municipal deberá ahora buscar una nueva fórmula para cumplir con la ley sin perder el apoyo de sus socios, una tarea que se antoja complicada tras la crisis desatada en el pleno.
