El Síndic de Greuges ha intervenido en la disputa sobre la gestión de los apartamentos turísticos en València, instando al Ayuntamiento a entregar la lista detallada de los pisos ilegales que la alcaldesa, María José Catalá, afirmó haber clausurado. La resolución responde a una queja formal presentada por el grupo municipal Compromís ante la falta de transparencia del gobierno local.
La controversia se originó a raíz de unas declaraciones de la alcaldesa el pasado 20 de mayo, en las que aseguró que su equipo había ordenado el cierre de un millar de apartamentos turísticos irregulares desde que comenzó su mandato. Esta afirmación llevó a la oposición a solicitar pruebas documentales, un proceso que ha culminado con la intervención del defensor del pueblo valenciano.
Puntos Clave
- El Síndic de Greuges ordena al Ayuntamiento de València entregar la lista de apartamentos turísticos clausurados.
- La resolución se produce tras una queja de Compromís por falta de respuesta del gobierno municipal.
- La alcaldesa María José Catalá anunció en mayo el cierre de 1.000 pisos ilegales, pero no se ha proporcionado la ubicación de los mismos.
- Compromís acusa al gobierno de Catalá de hacer "anuncios propagandísticos" sin base documental.
El Origen de la Disputa: Mil Cierres en Duda
La polémica comenzó el 20 de mayo de 2025, cuando la alcaldesa María José Catalá comunicó públicamente que el Ayuntamiento había actuado con firmeza contra la proliferación de alojamientos turísticos ilegales. Según sus declaraciones, se había ordenado la clausura de aproximadamente mil de estos establecimientos desde el inicio de su legislatura.
Ante este anuncio, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, solicitó formalmente al gobierno municipal el acceso al listado completo de dichos apartamentos. La petición exigía la ubicación individualizada de cada uno de los inmuebles para poder verificar la información proporcionada por la alcaldesa.
La Vía Administrativa y la Queja al Síndic
La solicitud de Compromís, registrada el 5 de septiembre, no obtuvo la respuesta esperada. Según el concejal Puchades, el silencio administrativo del Ayuntamiento les obligó a recurrir primero ante la propia Alcaldía y, posteriormente, a elevar una queja formal ante el Síndic de Greuges, la institución encargada de velar por los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública.
Esta acción buscaba forzar al gobierno municipal a cumplir con su deber de transparencia y facilitar a los representantes de la ciudadanía la información necesaria para realizar su labor de fiscalización.
El Papel del Síndic de Greuges
El Síndic de Greuges es el defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana. Es una institución que supervisa la actividad de la administración autonómica y local. Sus resoluciones, aunque no son judicialmente vinculantes, tienen un gran peso político y moral y suelen ser acatadas por las administraciones.
La Resolución del Defensor del Pueblo
Con fecha del 15 de diciembre de 2025, la Sindicatura de Greuges emitió una resolución clara y directa. El organismo da la razón a Compromís y urge al Ayuntamiento de València a facilitar la información requerida: el listado completo y con la ubicación detallada de todos los apartamentos turísticos supuestamente clausurados.
La resolución del Síndic respalda el derecho de los concejales a acceder a la información necesaria para el desempeño de sus funciones y cuestiona la negativa del gobierno a proporcionarla.
"La actitud del gobierno de Catalá es una auténtica burla a los legítimos representantes de la ciudadanía y a las instituciones como la Sindicatura de Greuges", afirmó Ferran Puchades tras conocer la decisión.
El concejal de la oposición fue más allá, denunciando que el Ayuntamiento primero intentó dar por cumplido el trámite enviando un correo electrónico "vacío de contenido" y sin ningún listado adjunto.
Argumentos del Ayuntamiento y la Réplica de Compromís
Según relata Puchades, el gobierno municipal justificó posteriormente su incapacidad para entregar los datos alegando la complejidad de la tarea. El concejal de Urbanismo habría argumentado que recopilar y detallar la información "requería un trabajo manual y minucioso incompatible con el normal funcionamiento del servicio".
Para Compromís, esta excusa es inaceptable y revela una falta de control sobre las propias acciones del gobierno.
Cifras en Contraste
- 1.000 apartamentos ilegales supuestamente cerrados, según la alcaldesa.
- 1.200 nuevos apartamentos han abierto mientras está vigente la moratoria, según Compromís.
- 28 sanciones y 34 expedientes finalizados son los únicos que constan en registros municipales, según la oposición.
"Las referidas informaciones evidencian que la concejalía no sabe ni cuántos ni qué son los apartamentos que ha clausurado", sentenció Puchades. El concejal sostiene que el anuncio de los mil cierres fue una "simple proclama propagandista sin ningún apoyo documental para hacer más efectistas sus declaraciones".
El Siguiente Paso: ¿Aparecerá la Lista?
Con la resolución del Síndic de Greuges sobre la mesa, la presión se traslada de nuevo al equipo de gobierno de María José Catalá. El Ayuntamiento está ahora instado por una alta institución a demostrar con datos concretos una de sus principales proclamas en materia de vivienda y turismo.
"Ahora sabremos hasta dónde llegan las verdades que Catalá va proclamando sobre su acción frente a los apartamentos turísticos", concluyó Puchades. La oposición se mantiene a la espera de recibir la documentación que, según defienden, debería haber sido pública desde el primer momento.
Este episodio añade más tensión al ya complejo debate sobre el modelo turístico de València, la crisis de acceso a la vivienda y la efectividad de las medidas regulatorias implementadas por las distintas administraciones.
