El gobierno municipal de Valencia, formado por el Partido Popular y Vox, ha aprobado la inclusión de dos representantes de las asociaciones de apartamentos turísticos y de alojamientos de corta estancia en el Consejo Municipal de Turismo. La medida ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición, que acusa al ejecutivo de ceder ante los intereses de este sector en detrimento de los residentes y del acceso a la vivienda.
La decisión, tomada esta misma semana, otorga voz y voto a estas organizaciones en el órgano encargado de diseñar y supervisar la estrategia turística de la ciudad. Este movimiento se produce en un contexto de intenso debate sobre el impacto de los pisos turísticos en los barrios de Valencia, el aumento de los precios del alquiler y la convivencia vecinal.
Puntos Clave
- El gobierno de PP y Vox ha asignado dos vocalías en el Consejo Municipal de Turismo a asociaciones de apartamentos turísticos.
- La oposición, liderada por el Partido Socialista, critica la medida como una "entrega de la estrategia turística" al sector.
- El concejal socialista Javier Mateo acusa al gobierno de fomentar un modelo que expulsa a los vecinos de sus barrios.
- La controversia se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación de los más de 5.500 apartamentos turísticos que podría permitir la nueva normativa.
Una Decisión que Altera el Debate Turístico
La incorporación de las asociaciones de apartamentos turísticos al Consejo Municipal de Turismo representa un cambio significativo en la política turística de Valencia. Hasta ahora, este órgano consultivo estaba compuesto principalmente por representantes del sector hotelero tradicional, agencias de viajes, guías turísticos y otras entidades vinculadas al turismo convencional, junto a representantes de la administración y sindicatos.
Con esta modificación, el gobierno local otorga un estatus formal y una plataforma de influencia a un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años, a menudo en un limbo legal. La medida ha sido justificada por el gobierno como un paso necesario para incluir a todos los actores relevantes en la planificación del futuro turístico de la ciudad.
Sin embargo, la oposición no comparte esta visión. Desde el grupo municipal socialista se argumenta que esta decisión legitima un modelo de negocio que está causando graves problemas sociales en la ciudad, como el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación de barrios históricos.
¿Qué es el Consejo Municipal de Turismo?
El Consejo Municipal de Turismo de Valencia es un órgano de carácter consultivo y de participación. Su función principal es asesorar al Ayuntamiento en la planificación, desarrollo y promoción de la política turística. En él se debaten las estrategias a seguir, se analizan los problemas del sector y se proponen soluciones para mejorar la competitividad y sostenibilidad del turismo en la ciudad.
La Reacción de la Oposición
La respuesta más contundente ha llegado de la mano del concejal socialista Javier Mateo, quien ha sido el portavoz de la crítica contra la medida. Mateo acusa directamente a la alcaldesa, María José Catalá, de favorecer los intereses de las empresas de alquiler de corta estancia por encima del bienestar de los valencianos.
"Mientras desde el Partido Socialista proponemos acabar con todos los pisos turísticos de la ciudad que están expulsando a los valencianos y valencianas de nuestros barrios y que están encareciendo el acceso a la vivienda, la señora Catalá ha decidido meterlos en el Consejo Municipal de Turismo para que formen parte de la estrategia turística de esta ciudad", declaró Mateo.
El concejal socialista sostiene que esta acción demuestra que la verdadera intención del gobierno de PP y Vox no es regular ni limitar la proliferación de apartamentos turísticos, sino fomentarla. Según Mateo, la alcaldesa "ha intentado engañar a los valencianos" al prometer un mayor control sobre esta actividad.
Cifras que Alimentan la Polémica
Las críticas de la oposición se apoyan en datos concretos. Se señala que la nueva normativa municipal podría permitir el registro de más de 5.500 apartamentos turísticos en toda la ciudad. Esta cifra genera alarma entre asociaciones vecinales y grupos que abogan por un mayor control.
Además, el concejal socialista ha destacado que a lo largo de 2025, el Ayuntamiento solo ha impuesto 34 multas a alojamientos ilegales, una cifra que consideran insignificante dada la "presencia masiva" de pisos turísticos sin licencia operando en numerosos barrios de la capital del Turia.
Para la oposición, estos números, sumados a la reciente inclusión en el Consejo de Turismo, son la prueba definitiva de que el gobierno municipal no tiene una voluntad real de atajar el problema.
Dos Modelos de Ciudad Enfrentados
La controversia va más allá de una simple disputa política. Refleja dos visiones contrapuestas sobre el futuro de Valencia y su modelo de desarrollo. Por un lado, el gobierno de PP y Vox parece apostar por un modelo turístico inclusivo con los nuevos actores económicos, considerándolos parte del motor de la ciudad.
Por otro lado, el Partido Socialista y otros grupos de la oposición defienden un modelo que priorice el derecho a la vivienda y la calidad de vida de los residentes. Su propuesta se centra en medidas más restrictivas, como la eliminación total de los apartamentos turísticos en edificios residenciales y la implantación de una tasa turística para compensar el impacto de esta actividad.
- Propuesta del Gobierno (PP-Vox): Integrar a los apartamentos turísticos en la estrategia oficial, reconociendo su peso económico y buscando una regulación que permita su coexistencia.
- Propuesta de la Oposición (PSPV-PSOE): Prohibir la actividad en edificios de viviendas, aumentar las inspecciones y sanciones, e implementar una tasa turística para reinvertir en los barrios.
La decisión de dar entrada a los pisos turísticos en el Consejo Municipal de Turismo abre un nuevo capítulo en este debate. Ahora, las asociaciones que los representan tendrán un canal directo para influir en las normativas que les afectan, lo que previsiblemente intensificará el conflicto entre los intereses económicos del sector y las demandas de los vecinos que ven cómo sus barrios se transforman a un ritmo acelerado.
