El futuro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de València se encuentra en un punto muerto. La última propuesta del gobierno municipal, presentada por el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, no ha logrado el consenso necesario, dejando a la ciudad en una situación de incertidumbre a pocas semanas de que finalice el plazo legal para su implantación.
La falta de acuerdo pone en riesgo la recepción de hasta 115 millones de euros en fondos europeos vinculados a proyectos de sostenibilidad. El gobierno del PP necesita, como mínimo, la abstención de uno de los grupos de la oposición para sacar adelante la ordenanza, pero las posturas parecen irreconciliables.
Puntos Clave
- La última propuesta del gobierno para la ZBE ha sido rechazada por la oposición.
- València se arriesga a perder 115 millones de euros de fondos europeos.
- El gobierno necesita la abstención de la oposición, pero las negociaciones están estancadas.
- PSOE y Compromís consideran las medidas insuficientes y exigen un plan más ambicioso.
Una propuesta de última hora sin éxito
En un intento por desbloquear la situación, el concejal Jesús Carbonell presentó una nueva oferta durante el pleno municipal. Esta propuesta mantenía la estructura principal de su plan original, pero introducía algunas modificaciones con la esperanza de atraer el apoyo necesario.
El plan revisado proponía adelantar la prohibición de circular a los vehículos más contaminantes de la ciudad (con etiqueta A) al 30 de junio de 2027, seis meses antes de lo previsto. Además, se planteaba una posible restricción a los vehículos con etiqueta B a partir de 2030, condicionada a los niveles de contaminación. El perímetro de la ZBE también se ampliaría hasta la V-30, incluyendo barrios como San Isidro y San Marcelino.
¿Qué son los vehículos con etiqueta A?
Los vehículos afectados por las restricciones iniciales son aquellos sin etiqueta ambiental de la DGT, también conocidos como etiqueta A. Se trata de los coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel matriculados antes de 2006.
A pesar de estos cambios, la oferta fue calificada de insuficiente por los grupos de la oposición, que la ven como un intento de cumplir el expediente sin abordar el problema de la calidad del aire de forma efectiva. Carbonell, por su parte, defendió su propuesta como un gesto de buena voluntad y lamentó la falta de disposición para negociar.
"Hemos dado pasos adelante como pedían en todas sus propuestas. No pedimos un voto favorable, sino una simple abstención para no perder las ayudas", insistió Carbonell durante el debate.
La oposición exige medidas más contundentes
Tanto el Partido Socialista como Compromís han rechazado de plano la propuesta del gobierno, argumentando que carece de ambición y retrasa las medidas más importantes. Las críticas se centran en lo que consideran una falta de compromiso real con la salud pública y el medio ambiente.
La postura del PSOE
Desde las filas socialistas, el portavoz Borja Sanjuán acusó a la alcaldesa, María José Catalá, de tácticas electoralistas. Según Sanjuán, adelantar la prohibición a junio de 2027 es una maniobra para evitar que la medida entre en vigor antes de las elecciones municipales de mayo de ese mismo año.
La concejala socialista María Pérez reforzó esta idea, afirmando que "la calidad del aire no es un capricho ni un problema del mañana". El PSOE presentó una propuesta alternativa que fue rechazada, lo que les llevó a pedir la destitución del concejal de Movilidad.
La visión de Compromís
Por su parte, el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, fue aún más crítico, acusando al gobierno de "mercadear" con un asunto de salud pública. Grezzi advirtió que aplazar las decisiones a 2030 solo servirá para que València acumule sanciones por incumplir los estándares medioambientales europeos. Para Compromís, la ZBE no puede ser una medida aislada.
Las exigencias de Compromís
Para llegar a un acuerdo, Compromís exige un cambio en la política global de movilidad del Ayuntamiento. Entre sus peticiones se encuentran:
- Revertir los cambios en la calle Colón.
- Cerrar el túnel de la avenida Pérez Galdós antes de fin de año.
- Poner en marcha las zonas de aparcamiento para residentes.
Grezzi recordó que el socio de gobierno del PP, Vox, también rechaza la propuesta, dejando al equipo de Catalá en una posición de extrema debilidad. "El equipo de gobierno ha llevado el tráfico a una situación inaguantable y ahora pide ayuda", sentenció.
Un futuro incierto y millones en juego
Con el rechazo frontal de toda la oposición y la falta de apoyo de su socio de gobierno, el plan de la ZBE del PP está completamente bloqueado. La fecha límite para la implementación de la zona, establecida por la ley nacional de cambio climático para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, se acerca peligrosamente.
El principal riesgo a corto plazo es la pérdida de 115 millones de euros en subvenciones europeas. Estos fondos están condicionados al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad, entre los que la ZBE es una pieza clave. La falta de un plan aprobado podría paralizar proyectos ya en marcha y comprometer futuras inversiones en la ciudad.
Aunque ninguna de las partes ha cerrado la puerta a seguir negociando, las posturas se encuentran en las antípodas. El gobierno municipal se enfrenta al dilema de ceder ante las exigencias de la oposición, lo que implicaría un cambio radical en su modelo de movilidad, o arriesgarse a las consecuencias económicas y legales de no tener una ZBE a tiempo. La cuenta atrás ha comenzado y València observa con preocupación el desenlace de este enfrentamiento político.
