La jueza que investiga las consecuencias de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha decidido prorrogar la fase de instrucción por un periodo adicional de seis meses. La medida se debe a la gran cantidad de perjudicados y testigos que aún deben declarar y a la espera de recibir informes y grabaciones cruciales para el caso.
Puntos Clave
- La instrucción del caso por los 229 fallecimientos y lesiones de la DANA se extiende seis meses más.
- La prórroga comenzará a contar a partir del 30 de octubre de 2025, fecha en que vencía el plazo actual.
- La jueza argumenta que es necesario escuchar a decenas de víctimas y testigos adicionales.
- El juzgado sigue a la espera de recibir pruebas importantes, como las grabaciones de la reunión del Cecopi.
Una investigación de gran complejidad
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha calificado la causa como de "gran complejidad". En el auto judicial notificado a las partes, la magistrada subraya que la finalización de la investigación no es viable en el plazo que resta, que es inferior a un mes.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), esta decisión busca asegurar que todas las diligencias necesarias se lleven a cabo sin prisas que puedan perjudicar el resultado final del proceso. La investigación, registrada bajo las diligencias previas 692/24, abarca un número muy elevado de víctimas y circunstancias diversas.
Contexto del caso
La investigación se centra en los hechos ocurridos durante la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó gravemente a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. El procedimiento judicial busca esclarecer las responsabilidades en los 229 fallecimientos y las lesiones registradas como consecuencia del desbordamiento de barrancos y las inundaciones.
Decenas de testimonios pendientes
Uno de los motivos principales para la extensión del plazo es la necesidad de tomar declaración a un gran número de personas. La jueza ha señalado que todavía quedan por declarar "decenas de perjudicados", así como testigos y peritos cuyas comparecencias ya habían sido acordadas previamente.
Además, el auto destaca un factor importante: durante las declaraciones de los familiares de los fallecidos, a menudo surgen referencias a otras personas que también resultaron perjudicadas. Esto obliga al juzgado a citar a nuevos afectados y testigos que no habían sido identificados en la fase inicial del proceso.
Para organizar este volumen de testimonios, el juzgado ha programado nuevas citaciones a lo largo del mes de octubre, en un esfuerzo por avanzar en la recopilación de pruebas testificales.
Nuevas citaciones en marcha
El juzgado ha emitido una diligencia de ordenación para gestionar diversos escritos presentados. Entre ellos, se incluye la respuesta del presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana SA a un requerimiento judicial y se establecen las fechas para las declaraciones de más perjudicados durante el próximo mes.
Pruebas clave aún por recibir
La investigación no solo depende de los testimonios. La jueza Ruiz Tobarra ha recordado que el juzgado está pendiente de recibir material probatorio que se considera fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Este material incluye informes técnicos, oficios de distintas administraciones y, de forma destacada, las grabaciones de imagen y audio de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) que tuvo lugar durante la emergencia.
La recepción de estas pruebas podría abrir nuevas líneas de investigación. Según la magistrada, estas novedades podrían provocar la "necesidad de practicar otras diligencias" no previstas hasta ahora, lo que justifica aún más la ampliación del plazo de instrucción.
"La causa es de gran complejidad y su finalización no es factible que tenga lugar en el plazo de un mes que resta para el vencimiento del plazo de instrucción", señala la jueza en su auto.
Garantizar la tutela judicial efectiva
La decisión de prorrogar la instrucción se presenta como una medida indispensable para proteger los derechos de todas las partes implicadas en el proceso, especialmente de las víctimas y sus familias.
La jueza concluye en su escrito que la prórroga "se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes". Este principio fundamental del derecho busca asegurar que los ciudadanos obtengan una resolución justa y fundamentada por parte de los tribunales.
Con esta extensión, el juzgado dispondrá de tiempo suficiente para analizar en profundidad toda la documentación, escuchar a todos los implicados y llevar a cabo las diligencias que se deriven de las nuevas pruebas, con el objetivo de construir un relato sólido de lo ocurrido el 29 de octubre de 2024.
