A casi un año de la trágica DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) prometido por el Gobierno central para la cuenca del Júcar sigue sin estar completamente operativo. Con la nueva temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado la licitación de un nuevo contrato que se extenderá por tres años para completar la implantación del sistema.
Puntos Clave
- El Sistema de Alerta Temprana (SAT) prometido tras la DANA de octubre de 2024 no está finalizado.
- Un contrato de emergencia inicial de seis meses no fue suficiente para completar la instalación.
- Se ha licitado un nuevo contrato de 1,7 millones de euros con un plazo de ejecución de tres años.
- La CHJ asegura que los módulos de lluvia ya funcionan y el resto se implementará progresivamente.
- La Generalitat Valenciana critica el retraso, mientras la investigación judicial por la DANA continúa.
Un nuevo contrato para una promesa pendiente
Once meses después de que las inundaciones causaran 229 muertes, la herramienta clave para prevenir futuras tragedias sigue en desarrollo. El Ministerio para la Transición Ecológica, entonces dirigido por Teresa Ribera, adjudicó un contrato de emergencia en noviembre de 2024 para instalar el SAT, con un plazo de seis meses. Sin embargo, ese plazo no se cumplió.
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio, han confirmado la necesidad de un segundo proceso. "En estos momentos está en fase de licitación, por valor de 1.690.454,64 euros, la ampliación de este sistema a toda la cuenca del Júcar", señalaron desde la entidad. Este nuevo contrato tendrá una duración de tres años.
El propósito del Sistema de Alerta Temprana
El SAT está diseñado para mejorar la "capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones". Su objetivo es complementar al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) existente, proporcionando previsiones a corto plazo sobre el comportamiento de cauces críticos como el barranco del Poyo y el río Magro, cuyo desbordamiento fue devastador durante la DANA.
Las razones del retraso
La CHJ atribuye la demora a la "complejidad" de los sistemas de alerta y a dificultades administrativas. Según la documentación aportada por la Confederación a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, el proyecto inicial tuvo que ser modificado.
Originalmente, la financiación provenía del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). No obstante, ante la "imposibilidad de finalizarlo en el plazo de ejecución previsto", se decidió financiarlo con el presupuesto ordinario de la Dirección General del Agua del Ministerio. Este cambio administrativo obligó a adaptar el expediente inicial al nuevo contrato que ahora se licita.
A pesar del nuevo plazo de tres años, desde la CHJ se asegura que el sistema estará operativo "a corto plazo para los datos pluviométricos y progresivamente para todos los cauces y embalses". Afirman que "los módulos pluviométricos ya están operativos" y que los hidrológicos se implementarán por zonas de manera gradual.
Cronología de un sistema esperado
- 29 de octubre de 2024: La DANA azota Valencia, causando graves inundaciones y víctimas mortales.
- Noviembre de 2024: El Ministerio adjudica un contrato de emergencia para instalar el SAT en 6 meses.
- Septiembre de 2025: A 11 meses de la tragedia, el sistema no está completo y se licita un nuevo contrato de 3 años.
Tensiones políticas y la investigación judicial
El retraso en la implementación del SAT ha generado críticas desde la Generalitat Valenciana. Fuentes del gobierno autonómico lamentan que "el Gobierno prometió en noviembre que en seis meses estaría en marcha el SAT", pero "casi un año después ese sistema no existe". Denuncian que "sólo está en tramitación administrativa".
Este cruce de acusaciones se enmarca en la investigación judicial sobre la gestión de la catástrofe. Mientras la jueza instructora ha centrado la responsabilidad en la Generalitat por el envío tardío del sistema de alertas a la población ES-Alert, el gobierno de Carlos Mazón sigue apuntando a la CHJ.
El argumento principal de la Generalitat es que la CHJ no informó adecuadamente sobre el riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo, lo que provocó que los esfuerzos de emergencia se centraran en la presa de Forata.
Esta versión ha sido respaldada por varios testigos en el juzgado, incluida la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien admitió que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no la avisó directamente del peligro en el Poyo. Polo tiene previsto declarar como testigo ante la jueza esta misma semana.
Mientras tanto, la población de las zonas más afectadas por la DANA observa con preocupación la llegada de una nueva temporada de lluvias, esperando que las herramientas de prevención prometidas se conviertan finalmente en una realidad operativa que pueda, como admitió la propia exministra Ribera, "salvar vidas".
