La investigación judicial sobre la gestión de la DANA de octubre en la Comunitat Valenciana se intensifica. La jueza instructora ha calificado las explicaciones del president de la Generalitat, Carlos Mazón, como "mera ficción", mientras la oposición socialista solicita casi 1.000 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para los damnificados.
Puntos Clave
- La jueza que investiga la DANA considera que las justificaciones del gobierno valenciano son "autoficción".
- La Fiscalía se ha opuesto a una querella presentada por Manos Limpias contra la magistrada.
- Sandra Gómez, líder socialista en Valencia, ha pedido formalmente 997 millones de euros a la UE para reparar los daños.
- El Síndic de Greuges ha abierto una investigación a la alcaldesa María José Catalá por el uso de su coche oficial durante la emergencia.
Duras críticas desde el juzgado a la gestión de la emergencia
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, que dirige la investigación sobre la respuesta de las administraciones a la DANA, ha emitido un auto con duras valoraciones sobre la defensa presentada por los investigados. La magistrada describe las justificaciones ofrecidas por el president Carlos Mazón y su equipo como una narrativa de "mera ficción" o "autoficción".
Esta calificación surge en el contexto del análisis de la cadena de decisiones tomadas antes, durante y después del desastre meteorológico. La investigación busca determinar si hubo negligencia o falta de previsión por parte de las autoridades competentes, cuyas acciones están ahora bajo un intenso escrutinio judicial.
El auto judicial representa un paso significativo en el procedimiento, al cuestionar directamente la veracidad y solidez de los argumentos del gobierno autonómico. La jueza parece indicar que las explicaciones no se corresponden con la realidad de los hechos investigados.
Contexto de la investigación
La investigación judicial se inició para esclarecer las responsabilidades en la gestión de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana a finales de octubre. El objetivo es determinar si los protocolos de emergencia se activaron correctamente y si las alertas a la población fueron adecuadas y oportunas para minimizar los daños personales y materiales.
La Fiscalía respalda a la jueza frente a querellas
En un desarrollo paralelo, la Fiscalía Provincial de Valencia ha mostrado su apoyo a la jueza instructora. El ministerio público se ha opuesto formalmente a la admisión de una querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra la magistrada.
La querella de Manos Limpias buscaba apartar a la jueza del caso, pero la Fiscalía considera que no existen motivos para ello y respalda la independencia y el rigor de su trabajo. Este apoyo es crucial para la continuidad de una instrucción que está generando una notable tensión política.
Un incidente en el proceso
La jueza también ha recriminado a uno de los imputados en la causa por presentar como prueba recortes de medios digitales. Según el auto, estos artículos contenían numerosos comentarios de usuarios con insultos y descalificaciones dirigidos hacia ella, un acto que ha sido afeado por la magistrada.
La batalla por los fondos de reconstrucción
Mientras la vía judicial avanza, la gestión de las consecuencias económicas de la DANA ocupa el centro del debate político. La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha anunciado una solicitud formal al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE).
La petición asciende a 997 millones de euros, una cifra calculada para cubrir los enormes daños sufridos en infraestructuras, viviendas, explotaciones agrícolas y empresas en las zonas afectadas.
"Es fundamental que los recursos europeos lleguen cuanto antes para ayudar a las familias y a los sectores productivos a recuperarse de esta catástrofe", ha señalado Gómez en su comparecencia.
Detalles de la solicitud a la UE
La solicitud se basa en los mecanismos de ayuda que la Unión Europea activa en casos de grandes catástrofes naturales en los estados miembros. El objetivo es obtener financiación directa para las labores de reconstrucción y para compensar las pérdidas económicas de los ciudadanos.
Los fondos solicitados se destinarían a los siguientes fines:
- Restablecimiento de infraestructuras básicas (carreteras, puentes, suministro de agua y electricidad).
- Ayudas directas a la reconstrucción de viviendas particulares.
- Compensaciones para explotaciones agrícolas y ganaderas.
- Apoyo a las pequeñas y medianas empresas que perdieron su actividad.
Otras investigaciones en marcha
La gestión de la emergencia no solo está siendo examinada en los tribunales. El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, también ha tomado cartas en el asunto. Esta institución ha abierto de oficio una investigación sobre el uso del coche oficial por parte de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
La investigación del Síndic se centra en determinar si el uso que se le dio al vehículo durante los días de la crisis se ajustó a la normativa y a los principios de buena administración. Esta acción se suma a la presión sobre los responsables políticos para que ofrezcan explicaciones detalladas y transparentes sobre cada una de sus actuaciones durante la catástrofe.
La convergencia de la investigación judicial, las acciones políticas para obtener fondos y la supervisión de los organismos de control dibuja un panorama complejo en la Comunitat Valenciana, donde las consecuencias de la DANA seguirán marcando la agenda pública durante los próximos meses.
