La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana sigue avanzando, poniendo el foco en las responsabilidades de la Generalitat y las comunicaciones que rodearon la catástrofe. Nuevos datos revelan conversaciones clave, grabaciones no entregadas y la reiteración por parte de la jueza sobre la obligación legal de vigilar los cauces de los ríos.
Mientras el proceso judicial continúa, la esfera política valenciana se ve sacudida por otras decisiones judiciales relevantes y debates sobre infraestructuras clave, dibujando un panorama complejo para la administración actual.
Puntos Clave del Artículo
- La jueza insiste en que la Generalitat tenía la obligación legal de vigilar la rambla del Poyo antes de la DANA.
- Un asesor de la consellera Salomé Pradas grabó vídeos en el centro de emergencias que aún no forman parte de la causa judicial.
- Salen a la luz comunicaciones entre una periodista y el president Carlos Mazón para solicitar discreción tras un encuentro.
- Un mando de bomberos cuestionó la utilidad de vigilar barrancos si era solo "por un tema de estadística".
- Paralelamente, la justicia europea ha validado las restricciones a las casas de apuestas del anterior gobierno valenciano.
La investigación judicial sobre la DANA se intensifica
La jueza que instruye el caso sobre la gestión de la DANA ha vuelto a señalar directamente a la Generalitat Valenciana. Según la magistrada, la administración autonómica tenía la responsabilidad de vigilar la rambla del Poyo, no como una medida extraordinaria, sino "por la simple aplicación" de la ley de aguas y el plan de riesgo de inundaciones.
Esta afirmación refuerza la tesis de que existía un deber preexistente de control sobre los puntos críticos, independientemente de las alertas meteorológicas específicas. La investigación busca determinar si hubo una omisión de funciones que pudo haber agravado las consecuencias de las lluvias torrenciales.
Vídeos clave y comunicaciones bajo sospecha
Uno de los elementos más recientes que ha surgido en la investigación es la existencia de vídeos grabados en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) durante la crisis. Según se ha conocido, un asesor de la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, realizó estas grabaciones con su teléfono móvil. Sin embargo, este material audiovisual todavía no ha sido entregado al juzgado que lleva la causa.
Estas grabaciones podrían ser cruciales para esclarecer la cadena de mando y las decisiones que se tomaron en tiempo real durante las horas más críticas de la emergencia. La falta de este material en el sumario ha generado interrogantes sobre la transparencia del proceso.
El papel del Cecopi en una emergencia
El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) es el órgano encargado de gestionar y coordinar todos los recursos disponibles durante una situación de grave riesgo o catástrofe. En él se reúnen responsables de seguridad, sanidad, infraestructuras y otros servicios esenciales para tomar decisiones unificadas y eficaces.
Las conversaciones que rodean la catástrofe
La gestión de la comunicación también está siendo objeto de escrutinio. Ha trascendido que una periodista que almorzó con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro, se puso en contacto con él días después de la DANA. El propósito de la llamada era pedirle discreción sobre dicho encuentro, en un momento de máxima sensibilidad política y mediática.
Este tipo de interacciones, aunque privadas, se analizan con detalle en un contexto de crisis, donde la percepción pública y la gestión de la información son fundamentales.
La perspectiva desde los equipos de emergencia
Las diligencias también han sacado a la luz la perspectiva de algunos mandos operativos. En una de las comunicaciones investigadas, un jefe de Bomberos expresó sus dudas sobre la eficacia de ciertas órdenes. Ante la petición de vigilar barrancos, su respuesta fue reveladora:
"Si es por un tema de estadística, lo que queráis".
Esta frase, recogida en la investigación, sugiere un posible escepticismo por parte de algunos responsables técnicos sobre la utilidad de las medidas solicitadas desde la coordinación política, o quizás una falta de recursos para llevar a cabo una vigilancia exhaustiva.
La Rambla del Poyo: Un punto crítico conocido
La rambla del Poyo es históricamente uno de los puntos con mayor riesgo de inundación en la provincia de Valencia. Su peligrosidad ha sido documentada en numerosos informes técnicos y planes de prevención a lo largo de los años, lo que convierte su vigilancia en una prioridad durante episodios de lluvias intensas.
Otras decisiones judiciales y políticas en la Comunitat
Mientras la DANA centra gran parte de la atención judicial y mediática, otros frentes importantes se desarrollan en paralelo, afectando a políticas implementadas por el anterior gobierno y a proyectos de futuro.
Varapalo judicial al lobby del juego
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia de gran calado para el sector del juego en la Comunitat Valenciana. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el lobby del juego y ha avalado las restricciones a las casas de apuestas que impulsó el anterior gobierno del Botànic, liderado por Ximo Puig y Mónica Oltra.
La normativa, que establecía distancias mínimas entre los locales de apuestas y los centros educativos, fue muy contestada por el sector. Esta decisión judicial europea supone una victoria para las políticas de salud pública y protección de menores frente a los intereses económicos de la industria del juego.
El Corredor Mediterráneo en el debate político
En el ámbito de las infraestructuras, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la importancia estratégica del Corredor Mediterráneo. Durante un acto público, Morant lo calificó como "un proyecto municipalista porque vertebra territorios".
La ministra subrayó que esta infraestructura no solo conecta grandes ciudades, sino que también integra a municipios más pequeños, fomentando el desarrollo económico y la cohesión social a lo largo de todo el arco mediterráneo. Sus palabras reafirman el compromiso del Gobierno central con un proyecto considerado vital para la competitividad de la Comunitat Valenciana y de toda España.
