La Audiencia de València ha emitido una resolución clave que define el alcance de la investigación judicial sobre la DANA del 29 de octubre de 2024. El tribunal ha rechazado las peticiones del partido Vox para ampliar las comparecencias y ha recordado a las partes que el objetivo es determinar responsabilidades penales directas en los 229 fallecimientos, no realizar un análisis general sobre infraestructuras o medidas preventivas futuras.
Esta decisión, tomada por unanimidad por los seis magistrados de la sección segunda, respalda la línea de trabajo de la jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, y establece un marco claro para el procedimiento: buscar si hubo omisiones concretas y penalmente relevantes que contribuyeran directamente a la catástrofe.
Puntos Clave
- La Audiencia de València centra la causa de la DANA en la búsqueda de responsabilidades penales directas por las muertes.
- Se rechaza la petición de Vox de citar a nueve ingenieros que ya declararon en el Senado.
- El tribunal aclara que la investigación no busca analizar fallos generales de infraestructuras ni proponer soluciones a futuro.
- También se desestima investigar al jefe de Climatología de Aemet, como solicitaba el partido Valores.
- Por el momento, las acusaciones populares y particulares no serán obligadas a unificarse.
El Foco de la Investigación Judicial
La Audiencia Provincial ha sido contundente al definir los límites de la investigación. En un auto notificado a las partes, se subraya que el proceso judicial no es el foro para un debate técnico sobre la prevención de futuras catástrofes.
El objetivo principal, según el tribunal, es esclarecer si "pudo intervenir como factor causal eficiente la omisión de adopción de medidas que normativamente debían adoptar personas que tenían atribuidas competencias".
¿Qué significa esto para la causa?
La decisión judicial implica que la investigación se concentrará en acciones u omisiones específicas de personas con responsabilidades directas durante la emergencia. No se investigará la falta de ejecución de obras históricas o la idoneidad de los protocolos de prevención de manera general, a menos que se pueda vincular directamente con una conducta delictiva concreta que causara las muertes.
El auto, cuyo ponente es el presidente de la Audiencia de València, José Manuel Ortega, es claro al respecto.
"No es el objeto del proceso penal ampliar la investigación hacia espacios de conocimiento que permitan mejorar la prevención e identificar soluciones que eviten o mitiguen en el futuro las consecuencias de fenómenos de similar naturaleza".
Esta delimitación busca evitar que la instrucción se desvíe hacia un análisis político o técnico de la gestión de infraestructuras a largo plazo, algo que, según el tribunal, corresponde a otros ámbitos. La clave, insisten los magistrados, es identificar si existen indicios de "conductas de personas concretas en las que puedan concurrir los requisitos de una conducta omisiva penalmente típica".
Las Peticiones Desestimadas
Una de las solicitudes más insistentes provenía de Vox, que ejerce la acusación popular. El partido solicitaba la citación de nueve ingenieros y arquitectos que ya habían comparecido en la comisión de investigación del Senado a propuesta del Partido Popular.
La jueza instructora ya había denegado esta petición, calificándola de "desproporcionada y reiterativa". Ahora, la Audiencia de València respalda plenamente esa decisión, argumentando que las diligencias solicitadas "no se revelan aptas para aportar información relevante en relación con los concretos hechos objeto del procedimiento".
Otras solicitudes rechazadas
No solo las peticiones de Vox han sido desestimadas. El tribunal también ha rechazado otra solicitud, esta vez del partido Valores, que también actúa como acusación popular.
- Investigación a Aemet: Valores pedía investigar al jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez Mora. Esta petición ha sido denegada.
- Investigación a la CHJ: El mismo partido también había solicitado, sin éxito, que se investigara al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Estas negativas refuerzan la idea de que el tribunal busca pruebas y testimonios directamente relacionados con la cadena de mando y las decisiones tomadas durante las horas críticas de la DANA, en lugar de abrir el abanico a responsabilidades institucionales más amplias o históricas.
Cifras de la Tragedia
- 229 personas fallecieron a causa de la DANA del 29 de octubre de 2024.
- El proceso judicial se instruye en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.
- La decisión de la Audiencia fue tomada por unanimidad de 6 magistrados.
La Agrupación de las Acusaciones
Otro punto relevante abordado por la Audiencia de València es la organización de las múltiples acusaciones personadas en la causa. La jueza instructora había determinado que las futuras acusaciones populares deberían unirse a alguna de las ya existentes para agilizar el proceso.
Sin embargo, la Audiencia ha modificado parcialmente esta decisión. Considera que, si bien es "factible" que las acusaciones populares se agrupen, no se debe imponer una fórmula concreta en este momento. De este modo, se rechaza la propuesta de la Fiscalía de que todas se unieran bajo la dirección de Podemos, el primer partido en personarse.
Respecto a las acusaciones particulares, formadas por familiares de las víctimas y afectados, el tribunal ha sido aún más claro: "no procede su agrupación en este momento inicial del proceso". La Audiencia señala que, por ahora, no se han constatado las "pretendidas dilaciones indebidas" que justificarían tal medida.
Esta resolución otorga a la jueza instructora un mayor margen de maniobra para gestionar las acusaciones, pero siempre con el objetivo de garantizar la eficiencia del proceso sin limitar el derecho de las víctimas a una representación individualizada en esta fase inicial.
Con estas decisiones, la Audiencia de València traza una línea clara en una de las investigaciones judiciales más complejas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana, centrando los esfuerzos en encontrar respuestas penales a una tragedia que marcó a toda la sociedad.
