Más de un millar de familias en Valencia se encuentran en un limbo, sin poder acceder a sus viviendas de obra nueva ya terminadas. Un severo atasco burocrático en la Generalitat Valenciana, concretamente en la tramitación de permisos para la conexión eléctrica, mantiene paralizada la entrega de llaves, generando una creciente incertidumbre y problemas financieros tanto para los compradores como para los promotores inmobiliarios.
El retraso, que en algunos casos alcanza los 18 meses, afecta a una docena de promociones residenciales que están listas para ser habitadas. La Conselleria de Innovación e Industria ha reconocido el colapso y asegura que está preparando un plan de choque para desbloquear la situación.
Puntos Clave
- Más de 1.000 viviendas nuevas y terminadas están bloqueadas en Valencia.
- La causa es un retraso de hasta 18 meses en la concesión de permisos de conexión eléctrica por parte de la Generalitat.
- Familias compradoras enfrentan inestabilidad y posibles cambios en sus condiciones hipotecarias.
- Los promotores denuncian costes financieros millonarios por no poder entregar los inmuebles.
- La Administración admite el colapso por falta de personal y problemas de procedimiento, y prepara un "plan de choque".
Un laberinto administrativo de 18 meses
El origen del problema se encuentra en la Dirección General de Energía, el departamento encargado de validar las instalaciones eléctricas de los nuevos edificios. Concretamente, el bloqueo afecta a las promociones de cierto tamaño que requieren un centro de transformación propio para abastecer de energía a todas las viviendas.
Aunque estas instalaciones ya cuentan con la supervisión de un ingeniero y el visto bueno de la compañía eléctrica, el trámite final en la Conselleria se ha convertido en un cuello de botella insalvable. Según fuentes del sector promotor, hay expedientes pendientes de resolución que datan del año 2022. Los funcionarios resuelven los casos por estricto orden de llegada y se ven incapaces de dar prioridad a los proyectos residenciales a pesar de las cientos de familias afectadas.
El contraste con otras comunidades
Los promotores inmobiliarios señalan que mientras en Valencia el permiso de conexión eléctrica puede tardar un año y medio, en otras comunidades autónomas de España este mismo trámite se resuelve en aproximadamente un mes y medio. Esta diferencia pone de manifiesto la gravedad del colapso administrativo en la región.
Un representante de un grupo de compradores que acudió a la Conselleria a pedir explicaciones fue informado de que su promoción, cuya solicitud se presentó a finales de 2024, tardaría en resolverse. Le transmitieron que los funcionarios están "saturados de trabajo", con teléfonos que no paran de sonar y una avalancha de correos electrónicos pidiendo información.
El drama de las familias: una espera sin fin
Detrás de las cifras y los expedientes hay historias humanas de frustración e incertidumbre. Familias que planificaron su mudanza, vendieron sus anteriores casas o finalizaron sus contratos de alquiler ahora viven en una situación de provisionalidad forzosa.
Es el caso de José Miguel Moreno y Lara Velardo, padres de dos niños pequeños. Compraron un piso sobre plano en el distrito de Patraix que debería haberles sido entregado a finales de este año. La vivienda está terminada, pero no tienen fecha de entrega. "Ahora nos cambian las condiciones de la hipoteca porque no tenemos fecha de entrega", lamentan.
La situación de esta familia es especialmente delicada. Viven temporalmente en casa de la madre de Lara después de que su anterior vivienda de alquiler, un bajo en Paiporta, se inundara durante una dana. Llevan un año con sus pertenencias repartidas en tres casas de familiares, esperando unas llaves que no llegan.
"Los funcionarios nos han pedido disculpas infinitas veces, pero ellos llegan hasta donde llegan y están saturados de trabajo. No pueden saltarse el orden porque si no estarían prevaricando".
Promotores ahogados por los costes financieros
La otra cara de la moneda es la de las empresas promotoras, que enfrentan un grave perjuicio económico. Tener una promoción de viviendas completamente terminada pero sin poder entregarla supone un coste financiero millonario. Los préstamos bancarios siguen generando intereses y los activos no pueden liquidarse para recuperar la inversión y comenzar nuevos proyectos.
Desde la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) se muestran muy preocupados y, aunque reconocen la implicación del actual director general de Energía, Manuel Argüelles, insisten en la necesidad de soluciones urgentes. La alta rotación de funcionarios en el departamento agrava, según ellos, la lentitud en la gestión.
Propuestas para agilizar los trámites
Para desbloquear la situación, los promotores han puesto sobre la mesa varias alternativas que podrían implementarse para acelerar el proceso sin comprometer la seguridad:
- Declaración responsable: Permitir que la instalación sea validada mediante una declaración firmada por el ingeniero responsable del proyecto, que ya certifica su correcta ejecución.
- Certificación de colegios profesionales: Dar potestad a los colegios de ingenieros para que sean ellos quienes certifiquen la idoneidad de las instalaciones, descargando de trabajo a la administración.
La Generalitat promete un "plan de choque"
Fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo han admitido oficialmente la existencia del atasco. Atribuyen el colapso a una combinación de tres factores: falta de personal suficiente para gestionar el volumen de expedientes, una legislación que complica los procedimientos y un sistema de tramitación ineficiente.
En respuesta a la creciente presión de afectados y promotores, la Generalitat ha confirmado que la Dirección General de Energía "ya tiene trazado un plan de choque" para abordar el problema. Sin embargo, no se han especificado los detalles de dicho plan ni los plazos para su implementación, por lo que la incertidumbre para las más de mil familias afectadas continúa.
Mientras tanto, los edificios nuevos y vacíos se han convertido en un símbolo visible de una burocracia que ha puesto en pausa los proyectos de vida de cientos de ciudadanos valencianos.
