El Ayuntamiento de Valencia ha liquidado una deuda histórica de 46 millones de euros correspondiente a expropiaciones rogadas, un pago que se ha hecho efectivo entre 2024 y 2025. Esta acción responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una moratoria autonómica de once años que permitía a los consistorios aplazar estas compensaciones a propietarios de terrenos.
El desembolso, dividido en 8,3 millones de euros durante 2024 y 38,7 millones a lo largo de 2025, pone fin a la incertidumbre de numerosos propietarios cuyos terrenos fueron calificados para uso público hace más de una década sin recibir compensación económica.
Puntos Clave
- El Ayuntamiento de Valencia ha pagado un total de 46 millones de euros para saldar deudas por expropiaciones rogadas.
- Los pagos se realizaron tras una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2023 que anuló una moratoria de 11 años.
- La moratoria, impulsada por el anterior gobierno autonómico, permitía a los ayuntamientos aplazar indefinidamente el pago a propietarios de suelo dotacional.
- El actual equipo de gobierno atribuye la factura millonaria a una supuesta falta de planificación urbanística de la anterior corporación.
El origen de una deuda millonaria
Las expropiaciones rogadas, también conocidas como expropiaciones por ministerio de la ley, son un mecanismo legal que protege a los propietarios de terrenos privados. Cuando un plan urbanístico destina un solar a un fin público —como un parque, un colegio o una calle— la administración tiene la obligación de adquirirlo.
Si transcurren cinco años sin que el ayuntamiento ejecute la expropiación o integre el terreno en un plan de desarrollo, el propietario puede exigir legalmente que la administración compre su suelo y le pague el justiprecio correspondiente. Este derecho busca evitar que los ciudadanos queden con propiedades bloqueadas indefinidamente, sin poder usarlas ni recibir una compensación.
Una moratoria de once años
En la Comunitat Valenciana, este derecho de los propietarios fue suspendido en la práctica durante más de una década. A través de sucesivas modificaciones a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) en los años 2016, 2018, 2019 y 2020, el anterior gobierno autonómico del Botànic estableció una moratoria que congeló los plazos. Esto permitió a los ayuntamientos evitar pagos millonarios, pero dejó a muchos afectados en un limbo legal y económico.
La sentencia que cambió el panorama
En noviembre de 2023, el Tribunal Constitucional declaró nulas estas moratorias. La sentencia argumentó que la suspensión vulneraba derechos fundamentales como el de propiedad y el principio de seguridad jurídica, al dejar a los propietarios sin un horizonte claro para recibir la compensación que les correspondía.
Este fallo judicial tuvo un impacto inmediato y contundente en las finanzas de numerosos municipios valencianos, que de un día para otro se vieron obligados a reactivar expedientes paralizados durante años y a buscar fondos para hacer frente a los pagos acumulados.
Desglose de los pagos
El Ayuntamiento de Valencia afrontó esta obligación financiera en dos fases:
- Año 2024: Se abonaron 8,3 millones de euros.
- Año 2025: Se liquidaron los 38,7 millones de euros restantes.
La cifra final de 46 millones fue ligeramente inferior a la estimación inicial del consistorio, que calculaba un impacto cercano a los 51 millones de euros.
Críticas a la gestión urbanística anterior
Desde la concejalía de Urbanismo del actual gobierno municipal, liderada por Juan Giner, se ha señalado directamente a la gestión de los anteriores gobiernos de Compromís y PSPV como la causa de esta elevada factura. Según el concejal, la falta de planificación durante los años de la moratoria impidió buscar soluciones alternativas al pago en metálico.
“Los 46 millones que el Ayuntamiento ha tenido que pagar son la expresión cifrada de la falta de planificación del gobierno del PSPV y Compromís, consecuencia de un discurso antiurbanista y trasnochado”, declaró Giner.
El responsable de Urbanismo sostiene que durante ese período se podrían haber activado planes de desarrollo que integraran estos suelos dotacionales. Dicha estrategia habría permitido compensar a los propietarios mediante aprovechamientos urbanísticos en lugar de recurrir a desembolsos directos de las arcas municipales.
Un modelo alternativo de gestión
Giner defiende que el anterior equipo de gobierno “perdió la oportunidad de transformar una parte sustancial de esos suelos dotacionales en motores de nuevos desarrollos residenciales, con cesiones obligatorias a la ciudad y más vivienda disponible”.
Como ejemplo del enfoque que, a su juicio, se debería haber seguido, citó el plan especial del entorno de San Miguel de los Reyes. Este proyecto, impulsado por el actual gobierno, busca integrar suelos destinados a dotaciones públicas dentro de una unidad de ejecución mayor. De esta forma, se genera nueva edificabilidad para viviendas y servicios, compensando a los propietarios y desarrollando la zona sin necesidad de expropiaciones directas.
Con el pago de los 46 millones de euros, el Ayuntamiento de Valencia cierra un capítulo complejo en su gestión urbanística, aunque el debate sobre la planificación y el modelo de crecimiento de la ciudad sigue abierto.
