Una operación de permuta de vivienda pública entre el Ayuntamiento de València y la promotora Domio está en el centro de la polémica. El acuerdo, que implica el intercambio de un edificio de 39 pisos de VPO en Patraix por cuatro solares municipales, será investigado por la Fiscalía tras la denuncia del PSPV, que cuestiona la legalidad del proceso y apunta a un posible incumplimiento de las bases del concurso público.
Puntos Clave
- El Ayuntamiento de València intercambió cuatro solares por un edificio de 39 viviendas de protección oficial (VPO).
- Una condición clave del concurso era que las viviendas no estuvieran previamente comercializadas.
- La promotora había firmado contratos de prerreserva con familias meses antes de la operación.
- El PSPV ha llevado el caso a la Fiscalía al considerar que se incumplió una cláusula esencial.
- Familias afectadas denuncian que se les rescindió el contrato unilateralmente justo antes del concurso.
Cronología de una operación cuestionada
La controversia se centra en si la promotora, Domio Desarrollos II SLU, cumplió con la exigencia de que el edificio ofertado no estuviera comercializado. Los hechos, ordenados cronológicamente, plantean serias dudas sobre la transparencia del proceso y si la empresa pudo tener información privilegiada sobre los planes del consistorio.
Todo comenzó en octubre de 2023, cuando varias familias firmaron contratos de prerreserva para adquirir pisos en un futuro edificio de 39 viviendas en el barrio de Patraix. Según los documentos, entregaron una señal de 1.000 euros a la promotora Domio para asegurar su futura vivienda, valorada en aproximadamente 238.000 euros.
Un giro inesperado para los compradores
La construcción del edificio comenzó el 21 de marzo de 2024. Sin embargo, dos meses después, el 16 de mayo de 2024, el Ayuntamiento de València, a través de sus concejalías de Urbanismo y Patrimonio, activó un nuevo mecanismo para aumentar el parque de vivienda pública: la permuta de solares municipales por edificios de VPO ya construidos o en fase avanzada de construcción. Esta decisión buscaba, según el gobierno municipal, movilizar suelo paralizado mediante la colaboración público-privada.
Poco después de esta decisión municipal, a finales de julio de 2024, las familias con prerreservas comenzaron a recibir correos electrónicos de Domio. La promotora les comunicaba su intención de rescindir unilateralmente los contratos, ofreciendo la devolución del depósito más los intereses legales correspondientes. Esta acción generó desconcierto y malestar entre los afectados, algunos de los cuales se negaron a aceptar la cancelación durante meses.
La presión sobre las familias
Ante la negativa de algunos compradores a firmar la rescisión, la promotora les envió un burofax en diciembre de 2024, informándoles de que si no recogían el dinero devuelto, este sería depositado ante notario. Esta medida formalizaba la cancelación de las prerreservas contra la voluntad de los interesados.
El concurso público y la cláusula clave
El proceso administrativo para la permuta de los solares de Malilla y Nou Moles, valorados en 8 millones de euros, se inició formalmente el 16 de julio de 2025 con la publicación del concurso en el boletín provincial. Fue en los pliegos de este concurso donde apareció la condición que ahora centra la investigación.
Textualmente, el documento exigía que, en el caso de edificios en construcción, "las viviendas no estén comercializadas por la promotora". La importancia de esta cláusula era tal que otra empresa interesada solicitó una aclaración el 18 de julio. La respuesta del Ayuntamiento fue contundente: la condición se refería a que "no exista ningún derecho adquirido por tercero".
"Respecto de los edificios en construcción, se exige que las viviendas no estén comercializadas por la promotora”.
A pesar de haber gestionado prerreservas meses antes, el 30 de julio de 2025, el representante legal de Domio presentó su oferta para la permuta. Junto a la propuesta, adjuntó una declaración responsable en la que aseguraba que las 39 viviendas del edificio, para entonces al 59,79% de su ejecución, "no están comercializadas por la promotora".
El resultado del concurso
Domio fue la única oferta viable presentada. Una segunda empresa, Músico Chapi Homes, SL, presentó una propuesta incompleta que fue desestimada. El 17 de octubre de 2025, la Junta de Gobierno Local adjudicó definitivamente la permuta a Domio. Además del intercambio de activos, el acuerdo incluía un pago adicional de 1,5 millones de euros a favor de la promotora para compensar la diferencia de valor entre el edificio y los solares.
Las consecuencias y las preguntas sin respuesta
La denuncia del PSPV, que ha llevado el caso a la Fiscalía, se basa en la sospecha de que la promotora incumplió una condición esencial del concurso. El partido de la oposición sugiere que la secuencia de eventos indica que la empresa podría haber tenido conocimiento previo de la intención del Ayuntamiento de sacar a concurso esos solares, lo que le habría permitido "limpiar" las cargas del edificio justo a tiempo para presentarse.
¿Quién gana con esta operación?
Más allá de la posible ilegalidad, surgen dudas sobre el beneficio público de la operación. El Ayuntamiento de València cede cuatro solares con capacidad para construir unas 200 VPO a cambio de recibir un edificio con solo 39. Esto supone una pérdida neta potencial de 161 viviendas públicas para la ciudad.
- El Ayuntamiento: Recibe 39 viviendas de forma inmediata pero pierde suelo para 200 en el futuro.
- Las familias afectadas: Pierden la oportunidad de comprar una VPO para la que cumplían los requisitos.
- La promotora: Obtiene cuatro solares en zonas de expansión de la ciudad, un negocio que el PSPV ha calificado de "pelotazo" de hasta 45 millones de euros.
El gobierno municipal se ha defendido argumentando que la operación es legal y que la declaración responsable de la promotora garantizaba que, en el momento de la firma, el edificio estaba libre de cargas. Han trasladado toda la responsabilidad a Domio, afirmando no tener constancia de las prerreservas. Además, han anunciado que no adjudicarán los 39 pisos hasta que la situación se aclare judicialmente. Mientras tanto, los tribunales deberán determinar si las cancelaciones previas invalidan el acuerdo y si la declaración de la promotora se ajustó a la verdad.
