El Ayuntamiento de Valencia deberá reintegrar 4,16 millones de euros al Gobierno central. Esta es la primera consecuencia económica directa por no haber aprobado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de que finalizara el año 2025, un requisito indispensable para recibir ciertas ayudas estatales.
Los fondos, que ahora deben ser devueltos, correspondían a las subvenciones para el fomento del transporte público durante el segundo semestre de 2025. El Ministerio de Transportes había condicionado la entrega de este dinero a que los municipios de más de 50.000 habitantes, como Valencia, tuvieran la ZBE en vigor antes del 31 de diciembre, plazo que la ciudad no cumplió.
Puntos Clave
- Valencia debe devolver 4,16 millones de euros en ayudas al transporte público.
- La causa es el incumplimiento del plazo para implementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
- El gobierno municipal afirma que recurrirá la decisión para evitar el reintegro.
- Existe el riesgo de perder hasta 115 millones de euros en fondos europeos si la situación no se resuelve.
La primera factura del incumplimiento
La cifra de 4,16 millones de euros se ha confirmado como la primera penalización tangible para las arcas municipales. Aunque el consistorio había manejado inicialmente una estimación superior, que rondaba los siete millones de euros, la cantidad final comunicada por el Gobierno supone un impacto significativo para el presupuesto de la ciudad.
Estos fondos proceden de un programa estatal diseñado para impulsar la movilidad sostenible y el uso del transporte colectivo, financiado en parte con recursos europeos. Su concesión estaba estrictamente ligada al cumplimiento de la normativa medioambiental, que exige a las grandes ciudades la creación de zonas restringidas al tráfico más contaminante.
¿Qué es la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)?
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a establecer Zonas de Bajas Emisiones. El objetivo es mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, limitando la circulación de los vehículos más contaminantes.
Reacciones políticas y la defensa del Ayuntamiento
Desde el gobierno local, se ha manifestado la intención de no dar por perdidos estos fondos. Fuentes municipales aseguran que "pelearán" la decisión a través de los recursos administrativos disponibles para intentar revertir la orden de reintegro.
La oposición, por su parte, ha criticado duramente la gestión del ejecutivo de María José Catalá. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, lamentó la situación y señaló que el dinero saldrá directamente de los bolsillos de los ciudadanos.
"Mientras el resto de ciudades va a poder destinar estas ayudas a financiar el transporte público, en València esos más de cuatro millones de euros van a salir directamente de la caja de los valencianos y valencianas”, declaró Sanjuan.
El portavoz socialista calificó la devolución como "una penalización que pagamos todos por la incapacidad del gobierno de María José Catalá de cumplir con sus propios compromisos".
Una oportunidad para las ayudas de 2026
Pese a este revés, no todo está perdido de cara al futuro inmediato. Un nuevo decreto estatal que regula las ayudas al transporte para el año 2026 ha introducido una mayor flexibilidad en los requisitos. El Ministerio de Transportes permitirá a los ayuntamientos solicitar las subvenciones del primer semestre de 2026 aunque no tengan la ZBE en vigor.
La condición es que se comprometan formalmente a implantarla antes de que finalice el mes de junio. Esta modificación otorga un margen de maniobra a ciudades como Valencia, que podrán optar a los nuevos fondos si aceleran la tramitación de su ZBE.
Plazo ampliado para 2026
El Gobierno ha extendido el plazo para la implantación de la ZBE hasta julio de 2026 para que los ayuntamientos puedan acceder a las ayudas al transporte del primer semestre del año, ofreciendo una prórroga de facto a las ciudades rezagadas.
Sin embargo, la advertencia de la oposición sigue vigente. Si el Ayuntamiento no aprueba la ZBE a lo largo de este año, la ciudad podría enfrentarse a la pérdida de las ayudas correspondientes a todo 2026, sumando un nuevo perjuicio económico.
El riesgo de una factura millonaria
La devolución de los 4,16 millones de euros podría ser solo la punta del iceberg. El coste total por no haber aprobado la ZBE a tiempo es todavía una incógnita, pero las cifras que se barajan son alarmantes. Las estimaciones oscilan entre los 17 millones de euros, según cálculos de la Sindicatura de Comptes, y un máximo de 115 millones de euros.
Esta horquilla tan amplia se debe a que Valencia ha recibido cerca de 58 millones de euros en fondos europeos cuya concesión estaba vinculada a la implantación de la ZBE. El incumplimiento podría no solo obligar a devolver estas ayudas, sino también a pagar sanciones que podrían duplicar o triplicar el importe de la subvención recibida.
Más allá del impacto económico, Borja Sanjuan recordó las consecuencias directas sobre la salud pública. "Ya vale de perder ayudas europeas y ya vale de que los vecinos y vecinas de València tengamos que respirar una peor calidad del aire", concluyó.
