Los usuarios del transporte público en València se enfrentan a una posible subida de precios superior al 60% a partir del 1 de enero de 2026. La ciudad podría perder las ayudas estatales que mantienen los descuentos actuales debido a que el Ayuntamiento no ha logrado aprobar a tiempo la ordenanza para implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un requisito indispensable fijado por el Gobierno central.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la intención de mantener los descuentos al transporte público para el año 2026, pero vinculando su concesión a que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan una ZBE plenamente operativa. Sin un acuerdo político en el consistorio valenciano, la ciudad se quedaría fuera de esta financiación, lo que supondría un encarecimiento significativo de los abonos y bonos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
Puntos Clave
- El Gobierno central mantendrá las ayudas al transporte en 2026, pero exigirá tener una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) activa.
- València no ha aprobado la ordenanza de la ZBE, por lo que no podrá optar a estas ayudas.
- El precio del bonobús de la EMT podría pasar de su coste actual a 8,5 euros, un aumento de más del 60%.
- La ciudad dejaría de percibir unos 14 millones de euros anuales en financiación estatal para el transporte.
- El bloqueo político entre los partidos del Ayuntamiento ha impedido llegar a un acuerdo para aprobar la normativa.
Un requisito clave: la Zona de Bajas Emisiones
La continuidad de los descuentos en el transporte público no será universal. El Ministerio de Transportes ya estableció en la convocatoria de 2025 un criterio claro: las ciudades que quieran recibir fondos estatales deben haber implementado una Zona de Bajas Emisiones. Este requisito incluye no solo su delimitación, sino también la puesta en marcha de un sistema de sanciones para los vehículos que incumplan la normativa.
València, como otras grandes ciudades españolas, estaba obligada por ley a tener esta zona activa. Sin embargo, la falta de consenso político en el Ayuntamiento ha impedido que la ordenanza municipal que la regula salga adelante. A la espera de la publicación del Real Decreto-ley que detallará las condiciones para 2026, no se espera que el Gobierno central modifique esta exigencia.
¿Qué es una Zona de Bajas Emisiones?
Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un área urbana donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes. El objetivo es mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos, en línea con las directivas europeas y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España.
El impacto directo en el bolsillo del ciudadano
La consecuencia más inmediata de perder estas ayudas será un notable aumento en el precio de los títulos de transporte. Actualmente, los abonos y bonos de 10 viajes disfrutan de un descuento del 40%, financiado a partes iguales por el Estado (20%) y las administraciones locales o autonómicas (20%).
Sin la aportación estatal, mantener el descuento actual sería inviable para el Ayuntamiento. Esto provocaría que, por ejemplo, el popular bonobús de 10 viajes de la EMT se encareciera más de un 60%, pasando a costar 8,5 euros. Esta subida afectaría directamente a miles de valencianos que utilizan el autobús a diario para desplazarse por la ciudad.
Cifras del Impacto Económico
- 14 millones de euros: La cantidad aproximada que València dejaría de recibir del Estado en 2026 para subvencionar el transporte.
- 60% de subida: El posible incremento en el precio del bonobús de la EMT.
- 150 millones de euros: La factura total a la que se enfrenta la ciudad, sumando la pérdida de ayudas y posibles sanciones por no implantar la ZBE con fondos europeos.
Bloqueo político sin solución a la vista
La incapacidad para aprobar la ordenanza de la ZBE es el resultado de un prolongado desacuerdo político en el Ayuntamiento de València. El equipo de gobierno, formado por el PP, no ha conseguido el apoyo necesario para sacar adelante la normativa. Un pacto inicial con sus socios de gobierno, Vox, se rompió en el pleno de octubre cuando estos últimos retiraron su apoyo en el último momento.
Posteriormente, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, intentó negociar con los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, pero las conversaciones no fructificaron. La oposición presentó una propuesta conjunta que tampoco obtuvo el respaldo del PP. Desde el último pleno extraordinario sobre este tema, celebrado el 1 de diciembre, no se han producido nuevos contactos para intentar desbloquear la situación.
El principal punto de fricción reside en el régimen sancionador. Vox ha manifestado repetidamente que no apoyará ninguna propuesta que contemple multas para los conductores, lo que hace prácticamente imposible un acuerdo entre los socios de gobierno y deja el futuro de las ayudas al transporte en el aire.
Mientras tanto, el plazo para cumplir con los requisitos del Ministerio se agota. El propio concejal de Movilidad ya ha admitido públicamente que ve muy difícil aprobar la ordenanza antes de que finalice el año, lo que aboca a la ciudad a perder una financiación crucial y a sus ciudadanos a pagar un transporte público considerablemente más caro.
