A un año de la devastadora DANA que azotó la Comunitat Valenciana, cientos de familias y empresas afectadas preparan reclamaciones patrimoniales contra la administración. El plazo para presentar las demandas finaliza en octubre, y los equipos legales trabajan para documentar no solo las pérdidas materiales, sino también los profundos daños psicológicos sufridos por las víctimas.
Puntos Clave
- El plazo para que los afectados por la DANA presenten reclamaciones patrimoniales finaliza a finales de octubre de 2025.
- Las demandas buscan compensación por daños materiales (viviendas, vehículos, negocios) y por daños morales y psicológicos.
- Asociaciones como la de Damnificados de l'Horta Sud preparan demandas colectivas que agrupan a cientos de personas.
- La vía contencioso-administrativa es el cauce legal después de que la investigación penal excluyera la reparación de estos daños.
La cuenta atrás para reclamar judicialmente
Cuando se cumple casi un año de la catástrofe, las secuelas de la DANA siguen siendo visibles en la denominada 'zona cero'. Mientras la reconstrucción avanza lentamente, los afectados se enfrentan a una fecha límite crucial: finales de octubre de 2025. Este es el plazo máximo que establece la ley para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas.
Despachos de abogados y asociaciones de víctimas trabajan a contrarreloj para recopilar toda la documentación necesaria. El proceso es complejo, ya que cada caso es único y requiere una peritación detallada de los bienes perdidos y los perjuicios sufridos.
Se espera que sean cientos las personas que acudan a la vía contencioso-administrativa para exigir una compensación justa. La magnitud de las pérdidas y la sensación de desamparo han movilizado a comunidades enteras a buscar reparación en los tribunales.
¿Qué es una reclamación patrimonial?
La reclamación de responsabilidad patrimonial es un procedimiento legal que permite a los ciudadanos exigir una indemnización a la Administración Pública por los daños y perjuicios causados por el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos. En este caso, los afectados argumentan que pudo existir una falta de previsión o una gestión deficiente de la emergencia.
Asociaciones lideran las demandas colectivas
La unión de los afectados ha sido fundamental para organizar la respuesta legal. Diversas asociaciones se han constituido para canalizar las reclamaciones de forma conjunta, lo que permite compartir recursos y fortalecer su posición ante la justicia.
Una de las más activas es la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, que actualmente prepara una demanda colectiva que, según sus últimas cifras, representará a 220 personas. Su portavoz, Christian Lesaec, ha calificado la tarea de "larga" y compleja debido a la necesidad de evaluar individualmente cada situación.
Otras organizaciones, como la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, también están preparando sus propias acciones legales. A estas se suman numerosos afectados que han decidido reclamar por su cuenta o agruparse con otras familias en demandas más pequeñas.
"Se está peritando a todos los asociados y en octubre se presentará el contencioso. Es una labor larga por la envergadura de la tragedia y la singularidad de cada caso", explica Christian Lesaec, portavoz de la Asociación de Damnificados.
Más allá de lo material: el daño psicológico
Las reclamaciones no se limitan a la pérdida de bienes tangibles como viviendas, coches o maquinaria industrial. Un componente esencial de estas demandas es el reconocimiento y la compensación de los daños morales y psicológicos, un sufrimiento invisible pero profundo que ha marcado la vida de miles de personas.
Ejemplos de pérdidas millonarias
Para ilustrar la escala de la devastación, el portavoz de una de las asociaciones menciona el caso de un empresario que perdió una fábrica completa, valorada en 9 millones de euros. Otros, como el propio Lesaec, perdieron su vivienda y hasta cuatro vehículos.
El abanico del sufrimiento
Los informes periciales que acompañan las demandas están documentando un amplio espectro de secuelas psicológicas. Entre las más comunes se encuentran:
- Trastornos de ansiedad y estrés postraumático.
- Insomnio, pesadillas recurrentes y terrores nocturnos.
- Miedo intenso a las tormentas y la lluvia (ombrofobia).
- Pérdida de calidad de vida y sensación de inseguridad permanente.
- Desconfianza hacia las instituciones públicas.
Para los empresarios y autónomos, a las pérdidas materiales se suma el daño económico derivado de la interrupción de su actividad, la pérdida de clientes o la desaparición total de su negocio, lo que también genera un grave impacto emocional.
Lesaec subraya que la experiencia de cada persona fue diferente. "No es lo mismo el caso de una persona que estuvo en la carretera luchando por sobrevivir y agarrándose a donde pudo que el de otra que experimentó la riada en su casa sin sensación de que su vida corría peligro", apunta.
El camino judicial tras la vía penal
La decisión de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa viene marcada por el desarrollo de la investigación penal inicial. La jueza instructora del caso penal, centrado en el posible aviso tardío por parte de la Generalitat Valenciana, decidió dejar fuera de esa causa los daños materiales y psicológicos.
Según el criterio de la jueza, las muertes podrían haberse evitado con una alerta temprana, pero los daños materiales eran inevitables dada la fuerza del fenómeno. Por ello, consideró que la reparación de estos daños no correspondía a la jurisdicción penal, sino a otras instancias legales como la contenciosa.
La Asociación de Damnificados recurrió esta decisión, argumentando que un aviso a tiempo sí habría permitido a los ciudadanos salvar bienes importantes. Sostenían que la gente "habría tenido tiempo para sacar sus coches de los garajes" o "poner a salvo documentación, recuerdos y electrodomésticos".
Sin embargo, la Audiencia Provincial desestimó el recurso, al considerar que no había pruebas de que un mensaje concreto a una hora determinada hubiera podido minimizar esos daños materiales sin comprometer la prioridad de proteger la vida de las personas. Esta resolución judicial es la que ha consolidado la vía contencioso-administrativa como el principal camino para que los afectados busquen ahora una reparación integral.
