La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana ha dado un giro significativo. Un informe de la Abogacía de la Generalitat contradice la declaración prestada ante la jueza por Lucas Marco, jefe de gabinete del president Carlos Mazón, sobre las decisiones tomadas durante la emergencia.
Este nuevo desarrollo ha llevado a la magistrada a citar como testigos a dos abogados de la propia Generalitat, cuyas versiones podrían ser clave para determinar las responsabilidades en la respuesta a la catástrofe.
Puntos Clave
- Un informe de la Abogacía de la Generalitat desmiente la versión del jefe de gabinete de Carlos Mazón, Lucas Marco, sobre la gestión de la DANA.
- La jueza que investiga el caso ha citado a declarar como testigos a dos letrados de la Generalitat que asesoraron durante la crisis.
- El testimonio de Marco apuntaba a que las decisiones se tomaron siguiendo el criterio técnico de los abogados públicos.
- La discrepancia se centra en si la Abogacía avaló o no las medidas adoptadas por el gobierno valenciano durante la emergencia.
Un Testimonio Cuestionado
La controversia se originó tras la declaración de Lucas Marco ante el juzgado que investiga la gestión de la emergencia. Durante su comparecencia, el jefe de gabinete del president defendió la actuación del Consell, asegurando que todas las decisiones se adoptaron con el respaldo y asesoramiento técnico de los servicios jurídicos de la Generalitat.
Sin embargo, esta afirmación ha sido puesta en entredicho por un documento elaborado por la propia Abogacía. El informe, que ya obra en poder de la jueza, matiza y en algunos puntos contradice directamente la versión ofrecida por el alto cargo, generando un conflicto interno en la administración autonómica.
La principal discrepancia reside en el alcance del asesoramiento legal proporcionado durante las horas críticas de la DANA. Mientras Marco sugirió que las acciones del gobierno contaban con un aval jurídico completo, el informe de la Abogacía parece limitar el alcance de su intervención y desmarcarse de la responsabilidad final de las decisiones políticas.
Contexto de la Investigación Judicial
El procedimiento judicial se inició para esclarecer si hubo negligencia o falta de previsión por parte de las autoridades en la gestión de la DANA de finales de 2023. La investigación busca determinar si la respuesta de la administración fue adecuada y si se activaron todos los recursos necesarios a tiempo para minimizar los daños personales y materiales causados por las inundaciones.
Dos Abogados, Testigos Clave
Como consecuencia directa de esta contradicción, la jueza instructora ha decidido llamar a declarar en calidad de testigos a dos abogados de la Generalitat. Se trata de los letrados que estuvieron directamente implicados en el asesoramiento al Puesto de Mando Avanzado durante la gestión de la crisis meteorológica.
Su testimonio es ahora fundamental para el avance de la causa. Deberán aclarar ante la jueza cuál fue exactamente su papel, qué recomendaciones emitieron y si las decisiones finalmente adoptadas por los responsables políticos se correspondían con sus criterios técnicos y legales.
La citación de estos dos funcionarios públicos añade una nueva capa de complejidad al caso. Su versión de los hechos podría confirmar o refutar definitivamente la estrategia de defensa del jefe de gabinete de Mazón, centrada en compartir la responsabilidad de las decisiones con el cuerpo técnico de la administración.
La declaración de los abogados de la Generalitat está prevista para las próximas semanas y se considera un paso crucial para definir el rumbo de la investigación sobre la respuesta institucional a la DANA.
Las Implicaciones Políticas del Caso
Más allá del ámbito judicial, este enfrentamiento de versiones tiene importantes repercusiones políticas. La gestión de la DANA fue uno de los primeros grandes desafíos para el gobierno de Carlos Mazón, y la investigación judicial ha mantenido el asunto en el centro del debate público.
La contradicción entre un alto cargo de Presidencia y el cuerpo de abogados del Estado que sirve a la propia Generalitat genera una situación incómoda para el Consell. Pone en duda la cohesión interna y la línea de defensa que se había mantenido hasta ahora.
Fuentes cercanas al proceso señalan que el resultado de estas nuevas declaraciones podría llevar a la jueza a reconsiderar la situación procesal de los investigados. Dependiendo de lo que testifiquen los letrados, la responsabilidad podría acotarse a los cargos políticos o extenderse a otros niveles de la administración.
"La clave ahora es determinar si las decisiones se tomaron con un respaldo técnico sólido o si hubo directrices políticas que se apartaron de las recomendaciones de los expertos", explica un jurista conocedor del caso.
La evolución de esta causa judicial sigue siendo seguida con máxima atención por los municipios y ciudadanos afectados por las inundaciones, que esperan que se aclaren todas las circunstancias que rodearon la gestión de una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.
