La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de València ha concluido en un informe preliminar que la querella presentada por una promotora contra el concejal de Urbanismo, Juan Giner, carece de una "mínima solidez" para ser considerada un delito penal. El conflicto se centra en la suspensión de una licencia para 43 apartamentos turísticos en Benicalap.
A pesar de esta valoración, que descarta indicios de criminalidad, el consistorio ha decidido no proporcionar asistencia letrada al concejal para su defensa en el procedimiento judicial, alegando un posible conflicto de intereses. Giner está citado a declarar el próximo 22 de abril en el Juzgado de Instrucción número 7 de València.
Puntos Clave
- La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento considera que la querella contra el concejal Juan Giner carece de base penal.
- El caso surge por la suspensión de una licencia para 43 apartamentos turísticos en Benicalap debido a la moratoria municipal.
- El Ayuntamiento ha denegado la asistencia jurídica a Giner por un posible conflicto de intereses, no por indicios de delito.
- La promotora acusa al concejal de aplicar la moratoria de forma irregular y con motivaciones políticas.
- Este conflicto ha impulsado al Ayuntamiento a clarificar los criterios de aplicación de la moratoria turística.
El origen de la disputa: un proyecto en Benicalap
El centro de la controversia es un proyecto de la empresa promotora Business Decision and Advice SL. La compañía buscaba obtener una licencia para transformar varios locales comerciales en un complejo de 43 apartamentos turísticos en la zona de Ciutat Fallera, en Benicalap Norte.
La solicitud de la licencia se presentó cuando ya estaba en vigor la moratoria para nuevas licencias turísticas, aprobada por el pleno municipal en mayo de 2024. Esta medida suspendía temporalmente la concesión de nuevos permisos para frenar la proliferación de este tipo de alojamientos en la ciudad.
La excepción de uso terciario
La promotora argumentó que su proyecto debía quedar exento de la suspensión. Su defensa se basaba en una de las excepciones contempladas en la propia moratoria, que permitía la tramitación de licencias en locales con “uso terciario exclusivo”.
Sin embargo, los servicios técnicos municipales determinaron que una parte del inmueble no se ajustaba estrictamente a dicho uso, lo que llevó al Ayuntamiento a acordar la paralización del trámite. Esta decisión fue el detonante para que la empresa iniciara acciones legales contra el responsable del área.
¿Qué es la moratoria turística?
En mayo de 2024, el Ayuntamiento de València aprobó una suspensión temporal de la tramitación de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad. El objetivo era estudiar el impacto de este tipo de alojamientos y regular su crecimiento para proteger el mercado de la vivienda residencial y la convivencia vecinal. La norma incluía ciertas excepciones, cuya interpretación ha generado disputas técnicas como la del caso de Benicalap.
La valoración de los servicios jurídicos municipales
Ante la querella penal, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han realizado un análisis preliminar de los hechos. La conclusión es clara: la acción penal emprendida por la promotora carece "de una mínima solidez" y no se aprecia "indicio alguno de criminalidad" en la actuación del concejal Giner.
Según este informe, la discusión sobre si la moratoria fue bien o mal aplicada al proyecto de Benicalap pertenece al ámbito contencioso-administrativo, donde se debaten cuestiones técnicas y normativas. No obstante, no existen elementos suficientes para sostener que los hechos constituyan un delito penal.
La empresa promotora, en su querella, aportó declaraciones públicas de Giner para argumentar una supuesta "animadversión política feroz" hacia las viviendas de uso turístico, sugiriendo que la decisión no fue puramente técnica. Pese a ello, la Asesoría Jurídica mantiene que no hay base para una acusación penal.
"No se aprecia indicio alguno de criminalidad y la acción penal carece de una mínima solidez", afirma el informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de València.
Giner no recibirá asistencia jurídica municipal
A pesar del respaldo técnico del informe, el Ayuntamiento ha desestimado la solicitud de Juan Giner para recibir asistencia jurídica municipal en este procedimiento. La decisión, según se ha explicado, no se basa en la existencia de indicios de delito, sino en una cuestión de prudencia institucional.
La negativa se fundamenta en un posible conflicto de intereses. En el mismo procedimiento está querellado un jefe de servicio del área de Urbanismo que sí ha recibido el respaldo de los abogados del consistorio. La administración considera que podrían surgir líneas de defensa incompatibles o contradictorias entre ambos, lo que aconseja que el concejal cuente con una defensa externa.
Una decisión técnica, no una valoración de culpabilidad
La denegación de la asistencia letrada a un cargo público es una medida de precaución para garantizar la imparcialidad y evitar conflictos de intereses dentro de la propia administración, especialmente cuando hay varios funcionarios implicados en un mismo caso. No implica una presunción de culpabilidad por parte del Ayuntamiento.
Un caso que obliga a clarificar la normativa
El conflicto por los 43 apartamentos de Benicalap ha tenido consecuencias directas en la gestión urbanística de la ciudad. Precisamente para evitar futuras ambigüedades, el Ayuntamiento ha movido ficha para unificar la interpretación de las excepciones de la moratoria turística.
La Comisión de Unificación de Criterios Técnicos ha acordado recientemente precisar las reglas para los locales de uso terciario. Los nuevos criterios establecen que:
- En parcelas de uso terciario exclusivo, la excepción a la moratoria se aplicará a toda la edificabilidad terciaria de la parcela.
- En edificios de uso residencial mixto (con una parte reservada a uso terciario), la excepción solo se aplicará a las plantas bajas y hasta el límite de la superficie terciaria obligatoria que marque el planeamiento.
Con esta modificación, el gobierno municipal busca crear un marco normativo más claro que ofrezca seguridad jurídica tanto a los promotores como a la propia administración, evitando que interpretaciones dispares acaben en los tribunales. Mientras tanto, el concejal Juan Giner se prepara para su declaración judicial el próximo 22 de abril.
