La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido revocar el archivo de la causa y ha ordenado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Junto a ella, otras nueve personas serán juzgadas por su presunta implicación en el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra a una menor tutelada.
Esta resolución contradice la decisión inicial del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que había sobreseído el caso el pasado junio de 2025 al no encontrar indicios de delito. La Fiscalía también había apoyado el archivo, pero los recursos presentados por la defensa de la víctima y las acusaciones populares han prosperado.
Puntos Clave
- La Audiencia de Valencia ordena juzgar a Mónica Oltra y nueve cargos de su antigua conselleria.
- Se les acusa de presuntos delitos de encubrimiento, abandono de menores y prevaricación.
- La decisión revierte el archivo previo del juez instructor, que no vio indicios de criminalidad.
- El caso se centra en la gestión de la denuncia de abusos de una menor tutelada contra el exmarido de Oltra.
Un giro judicial inesperado
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha considerado que existen suficientes indicios para que el caso sea juzgado. El tribunal, presidido por el magistrado Pedro Castellano, argumenta que los hechos investigados no pueden ser descartados sin un juicio.
En su auto, la sala señala que los hechos descritos por las acusaciones "están indiciariamente acreditados" y son "razonablemente susceptibles de ser subsumidos por los delitos por los que se acusa". Esta valoración choca frontalmente con la del juez instructor, quien afirmó no haber encontrado "absolutamente ningún indicio" de actividad delictiva.
El auto de la Audiencia destaca que los hechos recogidos por el instructor "son incompatibles con el sobreseimiento provisional, y, además, incongruentes con la denegación de apertura del juicio".
La decisión de llevar a Oltra a juicio se produce a pesar de que la Fiscalía se opuso firmemente, argumentando que "los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna". El impulso del proceso ha recaído en la acusación particular, ejercida por la víctima, y las acusaciones populares, representadas por Vox y la asociación Gobierna-Te.
El papel de la acusación popular
En el sistema judicial español, la figura de la "acusación popular" permite que cualquier ciudadano o entidad, aunque no sea directamente perjudicado por el delito, pueda ejercer la acción penal en casos de interés público. En este proceso, ha sido clave para mantener viva la causa contra Oltra y su equipo.
Los orígenes del caso
La investigación se centra en los acontecimientos ocurridos entre 2016 y 2017. Una menor que se encontraba bajo la tutela de la Generalitat Valenciana denunció haber sufrido abusos sexuales por parte de un educador del centro donde residía. Este educador era, en aquel momento, el marido de Mónica Oltra.
Según la investigación, ni la dirección del centro ni los responsables de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que Oltra dirigía, dieron credibilidad inicial al testimonio de la joven. La denuncia no fue comunicada a la Fiscalía de Menores hasta meses después, cuando ya había llegado al Ministerio Público por otras vías.
Una vez que el caso se judicializó, la conselleria abrió un expediente informativo interno. La Audiencia Provincial ya calificó en su momento esta investigación como una "instrucción parajudicial" que, en lugar de proteger a la víctima, habría servido para desacreditar su versión de los hechos.
El exmarido de Mónica Oltra ya fue juzgado y condenado por estos hechos. Actualmente cumple una pena de cinco años de prisión por un delito de abuso sexual continuado a una menor.
Los delitos que se imputan
Los diez acusados, incluida Mónica Oltra, se enfrentan a un juicio por una serie de delitos graves relacionados con su gestión del caso. La lista de cargos incluye:
- Encubrimiento del delito.
- Abandono de menores.
- Omisión del deber de perseguir delitos.
- Prevaricación.
- Malversación de caudales públicos.
El tribunal deberá ahora determinar si los altos cargos y funcionarios de la conselleria actuaron para proteger la carrera política de Oltra en detrimento de la protección de la menor tutelada.
El futuro político de Oltra, en el aire
Esta decisión judicial tiene importantes consecuencias para Mónica Oltra, quien fue una de las figuras más influyentes de la política valenciana y líder de Compromís. Oltra dimitió de todos sus cargos en junio de 2022, cuando fue imputada en esta causa, y desde entonces ha permanecido alejada de la vida pública.
En las últimas semanas, se había especulado con su posible regreso a la primera línea política, con rumores que la situaban como candidata a la alcaldía de Valencia en futuras elecciones. Sin embargo, la apertura del juicio oral paraliza cualquier plan de retorno y la sitúa en una posición judicial muy comprometida.
El proceso judicial, que se inició hace cuatro años, entra ahora en su fase decisiva. La fecha del juicio aún está por determinar, pero la resolución de la Audiencia de Valencia garantiza que la exvicepresidenta deberá sentarse en el banquillo para responder por su gestión en uno de los casos más polémicos de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.
