Casi un año después de la devastadora DANA que afectó a la Comunitat Valenciana, cientos de vehículos arrastrados por la riada continúan abandonados en las inmediaciones del barranco del Poyo, principalmente en el término municipal de Riba-roja de Túria. La situación ha generado un conflicto administrativo entre la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), mientras la Fiscalía investiga el caso por un posible delito medioambiental.
Los restos de los coches, convertidos en chatarra, suponen un riesgo ecológico por el vertido de líquidos como aceite, combustible y refrigerante. La falta de una solución clara mantiene el problema estancado, con ambas administraciones eludiendo la responsabilidad directa sobre la retirada de los vehículos que se encuentran fuera del cauce principal.
Puntos Clave
- Conflicto de competencias: La Generalitat responsabiliza a la CHJ, mientras que el organismo de cuenca afirma que su competencia se limita al dominio público hidráulico.
- Investigación penal: La Fiscalía Provincial de Valencia investiga una denuncia presentada en julio por la Conselleria de Medio Ambiente.
- Cifras del problema: Un informe aportado a la Fiscalía documenta 301 vehículos, 217 de ellos en Riba-roja de Túria y 84 en Quart de Poblet.
- Riesgo medioambiental: Los vehículos abandonados pueden contaminar el suelo y el agua con el vertido de fluidos peligrosos.
Un paisaje desolador once meses después
Han pasado once meses desde que la DANA causó estragos en varias comarcas valencianas, pero las cicatrices del desastre siguen visibles. En los márgenes del barranco del Poyo, una de las zonas más castigadas, el paisaje está salpicado por más de un centenar de coches destrozados. Estos vehículos, arrastrados por la fuerza del agua, permanecen como un recordatorio silencioso de la tragedia.
Los automóviles se encuentran esparcidos por parcelas agrícolas y terrenos aledaños al cauce, creando una imagen de abandono y un foco de contaminación. La mayoría son amasijos de hierros irreconocibles, lo que complica su identificación y la localización de sus propietarios, muchos de los cuales ya fueron indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros.
La batalla administrativa por la retirada
La permanencia de los vehículos ha destapado un profundo desacuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. La administración autonómica insiste en que la responsabilidad de limpiar la zona recae sobre la CHJ.
Sin embargo, la CHJ argumenta que su ámbito de actuación se limita estrictamente al Dominio Público Hidráulico, es decir, el propio cauce del barranco y sus márgenes inmediatos. Según el organismo de cuenca, los coches que se encuentran en parcelas privadas o terrenos fuera de esta delimitación no son de su competencia.
¿Qué es el Dominio Público Hidráulico?
El Dominio Público Hidráulico (DPH) incluye los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, así como los lechos de lagos, lagunas y embalses. También abarca los acuíferos subterráneos. La gestión, protección y control de estas áreas es competencia exclusiva de los organismos de cuenca como la CHJ. Los terrenos colindantes, aunque afectados por una riada, pueden ser de titularidad privada o municipal, lo que genera conflictos de competencias.
La intervención de la Fiscalía
Ante la falta de acuerdo, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio decidió llevar el asunto ante la justicia. El pasado mes de julio, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia para que investigara la situación. En los informes aportados, se detallaba la ubicación de 301 turismos acumulados en diversos puntos.
Distribución de los vehículos afectados
- 217 vehículos: Localizados en parcelas del término municipal de Riba-roja de Túria y en las inmediaciones del barranco del Poyo.
- 84 vehículos: Ubicados en el término de Quart de Poblet, algunos dentro del cauce y otros muy próximos a él.
La investigación penal sigue su curso, buscando determinar si existe un delito contra el medio ambiente y quiénes serían los responsables de la inacción. La situación volvió al foco mediático recientemente, cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón, criticó públicamente al Ministerio y a la CHJ durante el Debate de Política General, elevando la cifra de coches abandonados a "entre 700 y 800".
La versión de la Confederación Hidrográfica del Júcar
La CHJ ha respondido a las acusaciones y a los requerimientos de la Fiscalía. En un escrito remitido en agosto, el organismo detalló las actuaciones de emergencia que llevó a cabo tras la DANA. Estas incluyeron la retirada de vegetación, árboles, sedimentos y otras infraestructuras arrastradas por la corriente.
"Los trabajos [de retirada de vehículos] han sido acometidos por varios organismos, entes y administraciones (bomberos, ejército, UME, ayuntamientos…) siendo la CHJ uno más de entre dichos entes", señala la CHJ en su comunicación a la Fiscalía.
El organismo ministerial asegura haber cumplido con el procedimiento establecido. Afirma haber retirado un total de 68 vehículos que se encontraban dentro del cauce del Poyo. Estos coches fueron trasladados a un depósito temporal autorizado, que, según recalcan, "no se corresponde con ninguno de los puntos de acumulación denunciados".
El complejo proceso de identificación
La gestión de los vehículos recuperados por la CHJ ha sido compleja. Según su informe, el proceso se desarrolló de la siguiente manera:
- Identificación: Se detectaron 15 vehículos con matrícula o número de bastidor visible.
- Peritaje: El Consorcio de Compensación de Seguros peritó 8 de esos 15 coches.
- Vehículos no identificables: Se encontraron otros 38 vehículos sin matrícula ni número de bastidor.
- Coordinación: Se realizaron consultas con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Consorcio para determinar la titularidad de los vehículos identificables.
La CHJ también destaca un hecho llamativo en su escrito: "En muchas ocasiones se ha observado la desaparición de los vehículos depositados previamente en los puntos de depósito temporal, desconociéndose el autor o autores causantes de dicha desaparición".
Mientras las administraciones continúan el cruce de acusaciones y la Fiscalía avanza en su investigación, los restos de cientos de coches siguen deteriorándose a la intemperie, como un grave problema ambiental y un símbolo visible de una reconstrucción que, para muchos, aún no ha terminado.
