El Ayuntamiento de València se enfrenta a la posible pérdida de 18 millones de euros en subvenciones europeas destinadas a proyectos de transporte sostenible y zonas peatonales. Esta situación surge tras la denegación por parte del Ministerio de Transportes de nuevas prórrogas para la ejecución de obras vinculadas indirectamente a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuyo incumplimiento de plazos ha llevado al consistorio a iniciar un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa.
La controversia se centra en la interpretación de los plazos y la justificación de las demoras, con el Ayuntamiento argumentando indefensión por falta de acceso a un informe técnico clave y la administración central manteniéndose firme en su decisión. La resolución de este conflicto judicial determinará el destino de fondos cruciales para el desarrollo urbano de la ciudad.
Puntos Clave
- València podría perder 18 millones de euros en ayudas europeas.
- El Ministerio de Transportes denegó prórrogas para obras ligadas a la ZBE.
- El Ayuntamiento ha iniciado un contencioso-administrativo.
- Los fondos se destinaban a peatonalizaciones, carriles bici y transporte sostenible.
- El consistorio alega indefensión por no conocer el informe técnico de la denegación.
Conflicto por los Plazos de Ejecución
La disputa entre el Ayuntamiento de València y el Ministerio de Transportes se intensifica. Ayer se firmó una resolución de Alcaldía para presentar un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa. Este paso es crucial antes de escalar el caso a los tribunales.
El origen del problema reside en la denegación de nuevas prórrogas para completar proyectos subvencionados en la convocatoria de 2022. Estas obras, aunque no son directamente la implementación de cámaras de la ZBE, están ligadas a la mejora del transporte sostenible y la creación de zonas peatonales.
Datos Relevantes
- 18 millones de euros en ayudas europeas están en juego.
- Los fondos se distribuyen en:
- Zonas peatonales y accesibilidad: 11.963.445 euros
- Carriles bici: 4.149.483 euros
- Carril bus exprés Blasco Ibáñez: 2.625.502 euros
- Sensorización plazas PMR y carga-descarga: 786.847 euros
- Obras en Massarrojos: 31.979 euros
Proyectos Afectados por la Denegación
La resolución ministerial desestima la ampliación de plazos para la implantación de zonas peatonales, que representa casi 12 millones de euros, y para los carriles bici, con una partida de más de 4 millones de euros. Sin estas prórrogas, las obras se consideran fuera de plazo, lo que activa el proceso de retirada de fondos.
El ayuntamiento, liderado por María José Catalá, defiende que la ampliación de 12 meses solicitada está justificada. Ante la negativa del Ministerio, se plantean dos escenarios: que se conceda una prórroga de al menos seis meses, basándose en las bases reguladoras del programa, o que el Ministerio reinicie el proceso para entregar el informe técnico que fundamenta la denegación.
Argumentos del Ayuntamiento y la Acusación de Indefensión
El Gobierno municipal argumenta que existe una clara «indefensión». La razón principal es que el contenido del informe técnico que sustenta la desestimación de la prórroga nunca ha sido comunicado al Ayuntamiento. Esto, según el consistorio, vulnera el derecho a una defensa efectiva.
Además, el Ayuntamiento sostiene que la administración central aplicó erróneamente la normativa de subvenciones. Se basa en una resolución que, a su juicio, contradice las bases originales del programa de ayudas.
«La ausencia de un informe técnico detallado nos deja en una situación de indefensión, impidiéndonos conocer las razones exactas de la denegación y defender adecuadamente nuestros proyectos», afirmó un portavoz municipal.
Contexto de la ZBE
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un área donde se restringe el acceso a vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. València, como ciudad de más de 50.000 habitantes, está obligada a implementarla. Sin embargo, la ciudad ha enfrentado retrasos y controversias, incluyendo la oposición a la implementación de cámaras de control, lo que ha puesto en riesgo otras ayudas y posibles sanciones por incumplimiento de la normativa ambiental.
Factores Imprevistos y Coherencia Institucional
El texto del requerimiento también menciona la DANA de 2024 como un factor sobrevenido e imprevisible. Este evento meteorológico, según el consistorio, exige una flexibilidad excepcional para garantizar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos. La apelación es a la «coherencia en la gestión de los fondos europeos» para evitar la pérdida de ayudas destinadas a infraestructuras críticas como carriles bici y zonas peatonales.
Se hace un llamado a la «lealtad institucional», un término que la alcaldesa María José Catalá utiliza frecuentemente en sus interacciones con el Ministerio de Transportes, actualmente dirigido por Óscar Puente.
Historial de Prórrogas y Desacuerdos
El Ayuntamiento de València ha solicitado prórrogas de manera continua para ejecutar los proyectos urbanos vinculados a la ZBE. El Ministerio aprobó una primera ampliación el 8 de noviembre de 2024. Esta prórroga otorgó seis meses adicionales para las zonas peatonales, llevando la fecha límite al 31 de diciembre de 2025. Para los carriles bici, se concedieron 12 meses, con la misma fecha límite. También se ampliaron los plazos para la sensorización y el carril bus exprés de Blasco Ibáñez.
Sin embargo, la situación ha cambiado. Posteriormente, el Ministerio amplió de nuevo el plazo para la sensorización, pero desestimó nuevas prórrogas para las peatonalizaciones y los carriles bici. El Ayuntamiento insiste en que el Gobierno deniega más tiempo basándose en un límite máximo de seis meses, a pesar de haber concedido 12 meses para otros proyectos en 2024. El consistorio considera que aún hay margen para obtener otros 12 meses adicionales, solicitando como fecha límite el 30 de diciembre de 2026 para las peatonalizaciones y el 30 de junio de 2026 para los carriles bici. El Ministerio no ha accedido a estas peticiones.
Impacto de la ZBE en las Ayudas y Futuras Sanciones
El requerimiento previo al contencioso-administrativo podría marcar el inicio de una confrontación judicial significativa, con la ZBE como telón de fondo. Es fundamental recordar que el Ayuntamiento también se juega otras ayudas al transporte por no haber implementado las limitaciones a los vehículos contaminantes.
La oposición estima que la mala calidad del aire, además de sus consecuencias sanitarias, podría generar a València sanciones y pérdidas de ayudas por un valor de 135 millones de euros. Esto se suma a los 18 millones ahora en riesgo, que fueron concedidos para obras de mejora urbana con una vinculación indirecta a la ZBE.
- Proyectos de peatonalización: Incluyen intervenciones en Pérez Galdós, Sainetero Arniches, entorno del mercado de Torrefiel, entorno del mercado del Grao, plaza Favara, plaza Santa Mónica, entorno escolar de la calle Torrent y varios pasos de peatones.
- Carriles bici: Se planificaron en zonas como Gaspar Aguilar, San Vicente, Tres Forques y Archiduque Carlos-Camino Nuevo de Picanya.
Aunque algunos proyectos, como el de Pérez Galdós, están en ejecución tras reformulaciones, el incumplimiento general de los plazos podría llevar al Ministerio a exigir la devolución del 100% de los fondos percibidos en la convocatoria, que ascienden a más de 19 millones de euros en total.
