La Delegación del Gobierno desplegará 1.800 agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante la procesión cívica del 9 d'Octubre en Valencia. La asistencia confirmada del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su primer acto multitudinario tras la DANA, ha elevado la tensión política a pocos días de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana.
Este despliegue masivo responde a un ambiente social caldeado, marcado por el aniversario de la catástrofe que dejó 229 fallecidos y las críticas de la oposición, que califica la presencia de Mazón como una "provocación". La seguridad del evento se ha convertido en una prueba clave para la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Puntos Clave
- Despliegue policial: 1.800 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad en Valencia.
- Presencia de Mazón: El presidente de la Generalitat acudirá a su primer gran acto público desde la DANA.
- Tensión política: El PSOE ha calificado la asistencia de Mazón de "provocación" y alienta la protesta.
- Responsabilidad de seguridad: La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, está al frente del operativo en un contexto de alta presión.
Un dispositivo de seguridad sin precedentes
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha diseñado un operativo especial para la jornada del 9 d'Octubre. La cifra de 1.800 policías nacionales destinados a cubrir la procesión cívica y los actos institucionales refleja la preocupación de las autoridades ante posibles altercados.
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, ha asegurado que el objetivo principal es garantizar la "normalidad" en una fecha que tradicionalmente ya es sensible. Sin embargo, este año el contexto es diferente. La procesión del 9 d'Octubre suele ser un escenario de abucheos e insultos a la clase política, pero la cercanía del aniversario de la DANA añade un factor de crispación adicional.
El precedente de la DANA
Los altercados ocurridos en Paiporta hace casi un año, poco después de la tragedia que costó la vida a 229 personas, evidenciaron la profunda crisis institucional y el malestar ciudadano. Desde entonces, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Carlos Mazón han evitado las exposiciones públicas masivas en Valencia.
Preocupación por protestas organizadas
Además del malestar derivado de la gestión de la catástrofe, las autoridades temen que la procesión pueda ser utilizada como plataforma para otras protestas. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha admitido públicamente su inquietud por el desarrollo del acto en lo que describió como un "año socialmente convulso".
Una de las preocupaciones es la posible organización de manifestaciones pro Palestina, similares a las que ya se produjeron durante la Vuelta Ciclista a España. Este factor obliga a diversificar los focos de atención del dispositivo de seguridad.
Mazón en el punto de mira
La decisión de Carlos Mazón de participar en la procesión cívica ha sido el principal catalizador de la tensión. Para el presidente, es su primer gran baño de masas desde la DANA, un evento que lo ha situado como el principal responsable para las asociaciones de víctimas.
Fuentes de la Generalitat indican que se valoró la posibilidad de que no asistiera por motivos de seguridad. En los últimos meses, se han denunciado amenazas de muerte contra el presidente, que culminaron con la detención de un hombre en marzo. El propio Mazón ha acusado a la oposición de organizar "escraches" en sus apariciones públicas.
Un acto simbólico para el presidente
La ausencia de Mazón en uno de los actos más importantes del Día de la Comunitat Valenciana habría sido interpretada como una señal de debilidad y la confirmación de que no puede salir a la calle, un argumento que tanto PSOE como Compromís han utilizado en su contra.
Su presencia, por tanto, se considera un examen para medir el pulso de la calle y una reafirmación de su autoridad institucional. Sin embargo, el riesgo de que el acto se convierta en una protesta masiva contra su gestión es muy elevado.
La oposición intensifica la presión
El Partido Socialista (PSPV-PSOE) ha liderado las críticas contra la participación de Mazón. La secretaria general y ministra, Diana Morant, fue la primera en calificar la decisión como una "provocación". Su discurso ha sido secundado por otros altos cargos del partido.
"Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente", afirmó Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV, en redes sociales, acusando al presidente de "ensuciar" el acto.
Estas declaraciones han sido interpretadas desde el PP y Vox como un intento de "agitar la calle" y de comprometer la labor de la propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que pertenece al PSOE. La gestión de la seguridad se convierte así en un arma de doble filo para Bernabé, quien debe proteger al presidente mientras su partido fomenta un clima hostil.
El papel del portador de la Senyera
Este año, la Reial Senyera será portada por Borja Sanjuán, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia. Este hecho añade un componente político adicional al recorrido, ya que el portador de la bandera es una figura central en la procesión y pertenece al mismo partido que ha promovido las críticas contra Mazón.
A pesar de la tensión, la participación de Mazón parece confirmada. No obstante, en círculos políticos se especula con la posibilidad de una ausencia de última hora, argumentando motivos de seguridad o una lesión reciente que le ha provocado una cojera. El desarrollo de los acontecimientos del 9 d'Octubre será clave para medir la temperatura política y social de la Comunitat Valenciana.
