La entrada en vigor de una nueva reducción en el trasvase Tajo-Segura ha provocado una reacción inmediata de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Ambas autonomías, junto con Andalucía, reactivan sus estrategias de defensa para contrarrestar lo que consideran una medida que amenaza a un sector agrícola vital para la economía nacional.
Desde principios de 2026, el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez se ha incrementado a 8 hectómetros cúbicos por segundo. Esta decisión, contemplada en el plan de cuenca del Tajo, implica una pérdida media de 78 hectómetros cúbicos anuales para la cuenca del Segura, afectando directamente a miles de agricultores en el Levante.
Puntos Clave
- Un nuevo recorte reduce el agua trasvasada al Segura en una media de 78 hectómetros cúbicos al año.
- La Generalitat Valenciana impulsará una "Mesa del Agua" para unificar la defensa del trasvase.
- Murcia ha solicitado formalmente aclaraciones al Ministerio sobre 20 presuntas "anomalías" en la gestión del Alto Tajo.
- Ambos gobiernos argumentan que la decisión carece de criterios técnicos y tiene un grave impacto económico.
La estrategia valenciana: unidad y base científica
Ante la nueva normativa, el gobierno valenciano ha decidido dar un paso adelante con la creación de la "Mesa del Agua", una iniciativa anunciada a finales de 2023 que ahora cobra un nuevo impulso. El objetivo es crear un frente común que aglutine a todos los actores implicados en la gestión hídrica.
Este órgano estará compuesto por un pleno de 72 miembros, que incluirá a diputados de todos los partidos políticos, representantes del Gobierno de España, instituciones académicas, organizaciones empresariales y, por supuesto, comunidades de regantes y agricultores. Junto al pleno, una comisión técnica se encargará de aportar el rigor necesario a los debates.
Buscando el respaldo de la ciencia
Para fortalecer sus argumentos, la Generalitat Valenciana está acumulando informes técnicos y científicos. En esta línea, el pasado octubre otorgó una subvención de 60.000 euros al Instituto Universitario del Agua de la Universidad de Alicante.
El encargo, que se extenderá hasta finales de 2026, consiste en que la institución "asesore, informe y oriente" sobre la problemática del suministro de agua en la región. Según fuentes de la Conselleria de Agricultura y Agua, dirigida por Miguel Barrachina, se busca demostrar con datos que el recorte del trasvase es una medida ideológica.
"Este Gobierno prefiere enviar el agua a Portugal y secar la despensa de Europa", ha afirmado el conseller, subrayando el impacto económico de la medida.
Impacto económico del trasvase en Alicante
- Producción agrícola: 403 millones de euros anuales.
- Comercialización: 496 millones de euros adicionales.
- Empresas de transformación: 115 millones de euros.
En total, más de 1.000 millones de euros anuales de actividad económica que, según la Generalitat, están en riesgo por una "decisión injustificada".
La ofensiva de Murcia: investigación y fiscalización
El gobierno de la Región de Murcia, presidido por López Miras, no se ha quedado atrás. Su estrategia se centra en fiscalizar la gestión del agua en la cabecera del Tajo. La Consejería de Agua murciana ha dado un paso significativo al requerir formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que aclare una veintena de puntos.
Estos puntos están relacionados con lo que describen como "anomalías" en la gestión que se realiza en los municipios ribereños del Alto Tajo. Las dudas abarcan desde los desembalses de los pantanos hasta la medición de caudales y los aforos, aspectos técnicos que podrían ser clave en el reparto del agua.
La recopilación de estos datos servirá para construir una postura sólida de cara a la negociación del próximo ciclo de planificación hidrológica, que abarcará el periodo 2028-2032.
Un conflicto de largo recorrido
La batalla por el agua del Tajo-Segura no es nueva. Las comunidades autónomas afectadas ya presentaron recursos judiciales ante el Tribunal Supremo para anular la planificación hidrológica que preveía estos recortes. Sin embargo, los tribunales no les dieron la razón. A pesar de ello, los ejecutivos de Valencia, Murcia y Andalucía han mantenido una postura unida, insistiendo en que las reglas de explotación del acueducto son "arbitrarias" y no se basan en criterios técnicos objetivos.
Un trasfondo político y social
Los regantes, principales afectados por la medida, perciben un claro componente político en la decisión. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), ha recordado en varias ocasiones que acabar con el trasvase fue una "promesa electoral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Albacete.
La tensión política se agudiza con la presencia en el Consejo de Ministros de Milagros Tolón, actual ministra de Educación y exalcaldesa de Toledo. Durante su mandato municipal, Tolón visitó Murcia en 2022 y abogó públicamente por el fin del trasvase, una postura que ahora genera desconfianza en el sector agrícola levantino.
Mientras las administraciones autonómicas preparan sus informes y estrategias legales, los agricultores del sureste español miran al futuro con incertidumbre, dependiendo de una decisión que consideran vital no solo para sus cosechas, sino para la supervivencia de un modelo económico que ha convertido a la región en una de las principales despensas de Europa.
