Un juzgado de Valencia ha dictado la apertura de juicio oral contra Francisca Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, y los responsables de varias empresas de comunicación. La decisión se produce tras una larga investigación por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano.
El auto judicial señala indicios de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental. Junto a Puig, se sentarán en el banquillo los empresarios Juan Enrique Adell y Enrique Juan Adell Bover. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión para los acusados y la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas.
Puntos Clave
- El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ordena la apertura de juicio oral contra Francisca Puig y dos socios.
- Se les acusa de presunto fraude en subvenciones y falsedad documental por ayudas al fomento del valenciano.
- La Fiscalía Anticorrupción pide penas de cárcel y la devolución de más de 400.000 euros.
- El caso se centra en la supuesta justificación de gastos con facturas cruzadas o duplicadas entre empresas del mismo grupo.
La investigación judicial y los acusados
El caso, que ha estado en fase de instrucción durante varios años, se centra en las ayudas públicas recibidas por varias empresas de comunicación administradas por Francisca Puig y sus socios. El juez instructor ha concluido que existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio, una decisión que marca un punto crucial en este proceso judicial de alto perfil.
Los principales acusados son Francisca Puig Ferrer, hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, y los empresarios Juan Enrique Adell y Enrique Juan Adell Bover. Todos ellos están vinculados a las empresas Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, así como a otras mercantiles del mismo grupo mediático.
La investigación se inició a raíz de una querella presentada por el Partido Popular, que denunciaba un supuesto entramado para obtener subvenciones de manera fraudulenta. Tras analizar la documentación, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción encontraron indicios de irregularidades en la justificación de los gastos presentados para recibir las ayudas.
Origen de las subvenciones
Las ayudas investigadas fueron concedidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya con el objetivo de promover el uso del valenciano y el catalán en los medios de comunicación. El foco de la investigación no está en la concesión de las ayudas, sino en la justificación posterior de los gastos para su cobro.
El presunto mecanismo del fraude
Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, el mecanismo presuntamente utilizado consistía en inflar los gastos subvencionables para obtener una mayor cantidad de dinero público. Para ello, los acusados habrían utilizado un sistema de facturas cruzadas entre las empresas del grupo.
El fiscal sostiene que las empresas compartían personal, instalaciones y medios técnicos, pero se facturaban servicios entre ellas como si fueran proveedores externos. Estas facturas, supuestamente, no correspondían a servicios reales o estaban duplicadas, permitiendo justificar el mismo gasto en diferentes expedientes de subvención.
Las peticiones de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación contundente. Solicita penas de prisión para los tres principales implicados por varios delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.
Además de las penas de cárcel, el ministerio fiscal exige la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas. La cifra total reclamada a los acusados, en concepto de responsabilidad civil, supera los 400.000 euros. Esta cantidad corresponde a las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana entre los años 2015 y 2018.
Cifras del caso
- Más de 400.000 euros: Cantidad presuntamente defraudada a la Generalitat Valenciana.
- 121.756 euros: Cantidad defraudada a la Generalitat de Catalunya, cuya causa se investiga en un juzgado de Barcelona.
- 4 años: Periodo investigado en la causa de Valencia (2015-2018).
Implicaciones políticas y defensa de los acusados
El caso ha tenido una notable repercusión política debido al vínculo familiar de uno de los principales acusados con el entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Durante la instrucción, el Partido Popular, que ejerce la acusación popular, ha insistido en la necesidad de esclarecer si hubo algún tipo de trato de favor, aunque la investigación se ha centrado en la justificación de las ayudas y no en su concesión.
"La apertura de juicio oral confirma que existen indicios sólidos de que se utilizó dinero público de forma irregular. Es un paso importante para la transparencia y la rendición de cuentas".
La defensa de los acusados, por su parte, ha mantenido en todo momento que no existió ninguna irregularidad. Sostienen que todas las subvenciones fueron debidamente justificadas y que los trabajos se realizaron. Argumentan que la facturación entre empresas del mismo grupo es una práctica legal y habitual, y que no hubo ánimo de defraudar a la administración pública.
Ahora, será un tribunal el que deba valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, las acusaciones y las defensas para determinar si los hechos constituyen un delito. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Valencia en una fecha todavía por determinar.
Un proceso judicial largo y complejo
La instrucción de este caso se ha prolongado durante más de cinco años, un periodo en el que se han practicado numerosas diligencias. Se han analizado cientos de documentos, facturas y expedientes de subvenciones, y se ha tomado declaración a los investigados y a varios testigos.
La complejidad del presunto entramado empresarial y la necesidad de verificar la correspondencia entre las facturas y los servicios prestados han sido factores clave en la duración de la fase de investigación.
Con la apertura del juicio oral, el caso entra en su fase decisiva. El auto del juez no es recurrible, por lo que Francisca Puig y sus socios se enfrentarán a un juicio que determinará su responsabilidad penal en uno de los casos de presunta corrupción que más atención mediática ha generado en la Comunitat Valenciana en los últimos años.
