El juicio contra Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia, y otros diez acusados ha comenzado en la Audiencia Provincial. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 20 años de prisión para Blasco por un presunto desvío de 14 millones de euros de fondos públicos a través de una red de empresas entre 2005 y 2014.
En la primera sesión del juicio, conocido como 'caso Osvaldos', las defensas han solicitado la anulación completa del procedimiento, argumentando que se basa en una "investigación prospectiva" y carece de indicios criminales sólidos.
Puntos Clave del Caso
- Principal acusado: Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y sobrino del exconsejero del PP Rafael Blasco.
- Petición fiscal: La Fiscalía Anticorrupción solicita 20 años de cárcel para Sergio Blasco.
- Cantidad defraudada: Se investiga el presunto desvío de 14 millones de euros de contratos públicos.
- Delitos imputados: Prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y cohecho.
- Estrategia de defensa: Los abogados de los 11 procesados piden la nulidad del juicio alegando irregularidades en la instrucción.
Comienza el Juicio sin Acuerdo de Conformidad
Este martes ha dado comienzo en la sección primera de la Audiencia de Valencia el juicio por el 'caso Osvaldos'. A pesar de las especulaciones sobre un posible pacto entre las defensas y la Fiscalía para reducir las penas a cambio de una admisión de los hechos, finalmente no se ha llegado a ningún acuerdo. El juicio, por tanto, seguirá su curso y se prevé que se extienda hasta el mes de diciembre.
El principal acusado, Sergio Blasco, se enfrenta a una de las peticiones de cárcel más elevadas por corrupción en la Comunidad Valenciana. Junto a él se sientan en el banquillo otras diez personas, entre ellas su hermano Francisco José Blasco, quien figura como administrador de una de las empresas de la presunta trama.
Las Defensas Piden la Nulidad del Proceso
Los abogados defensores han centrado la primera jornada en presentar cuestiones previas para solicitar la anulación de la causa. El argumento principal, expuesto por la defensa de Blasco y secundado por el resto, es que la instrucción se convirtió en una "inquisición general" y una "investigación prospectiva" sin un relato de hechos concreto que la sustentara.
"No hay relato de hechos ni indicios que soporten ningún hecho", ha insistido el abogado de Sergio Blasco, quien también ha alegado que la investigación se ha basado en "el apellido como indicio", en referencia a su tío, el exconsejero Rafael Blasco.
Además, la defensa de Blasco ha denunciado una presunta vulneración del derecho a la intimidad de su cliente al haberse incorporado al procedimiento datos sobre sus viajes personales y laborales. También ha solicitado que se le exima de asistir a todas las sesiones del juicio, ya que actualmente dirige un hospital en la República Dominicana.
El Origen de la Investigación
El procedimiento judicial se inició en 2014 a raíz de una denuncia presentada ante la fiscalía por dos diputadas de Esquerra Unida, Marina Albiol y Rosa Pérez. El nombre de Rafael Blasco, quien fue consejero de Sanidad entre 2006 y 2007, apareció en la fase de instrucción, pero finalmente fue eximido de responsabilidades en esta causa.
La Fiscalía Defiende la Validez de la Instrucción
La fiscal del caso ha rebatido los argumentos de las defensas, recordando que el procedimiento ya ha sido revisado y validado tanto por el juzgado de instrucción como por la propia Audiencia Provincial. Ha sostenido que las alegaciones de nulidad deben basarse en la vulneración de derechos fundamentales, algo que, a su juicio, no ha ocurrido.
La representante del Ministerio Público ha esgrimido sentencias del Tribunal Supremo que avalan la legalidad de una investigación cuando existen "indicios racionales de criminalidad". Durante su intervención, ha comenzado a desgranar el complejo entramado societario que, según la acusación, se creó en torno a la figura de Sergio Blasco para desviar los fondos públicos.
El 'Modus Operandi' de la Trama
Según el escrito del juez instructor, la organización operaba adjudicando contratos administrativos del hospital a empresas de confianza vinculadas a Sergio Blasco. Estas adjudicaciones, en muchos casos, presentaban irregularidades.
El mecanismo presuntamente utilizado era el siguiente:
- La empresa principal adjudicataria subcontrataba parte de los trabajos o servicios a otras mercantiles pertenecientes a la misma red.
- Estas empresas subcontratadas a menudo carecían de actividad real, personal o medios para realizar los trabajos facturados.
- A pesar de ello, cobraban por servicios que supuestamente no se prestaban o estaban sobrevalorados.
- Los beneficios obtenidos se repartían entre los miembros de la organización a través de un "constante trasvase de cantidades de dinero sin justificación".
El auto de procesamiento subraya que estas empresas instrumentales recibían pagos "sin causa o motivo que lo justifique, salvo la gestión de cobro de comisiones".
El Historial Judicial del Clan Blasco
Este juicio se enmarca en un contexto más amplio de causas judiciales que han afectado a la familia Blasco. Rafael Blasco, tío del principal acusado, fue condenado en 2015 a seis años de prisión por el desvío de fondos destinados a la cooperación internacional. Su esposa, Consuelo Ciscar, exdirectora del IVAM, también fue condenada a un año y medio de cárcel por utilizar recursos del museo público para promocionar la carrera artística de su hijo.
Un Caso Complejo y de Larga Duración
El 'caso Osvaldos' es uno de los procedimientos por corrupción más complejos de los últimos años en la Comunidad Valenciana, no solo por la cantidad presuntamente defraudada, sino también por el sofisticado entramado empresarial diseñado para el desvío de fondos. La Audiencia Provincial deberá ahora decidir sobre las peticiones de nulidad antes de entrar a valorar el fondo del asunto.
El desarrollo del juicio en los próximos meses será clave para determinar las responsabilidades penales de los 11 acusados y esclarecer si, como sostiene la Fiscalía, se orquestó un saqueo sistemático de las arcas del Hospital General de Valencia durante casi una década.
