Intersindical Valenciana, que ejerce la acusación popular en la investigación judicial por la DANA del 29 de octubre que causó 229 muertes, ha solicitado formalmente a la jueza que instruye el caso que incorpore como prueba las entrevistas recientes concedidas por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El sindicato argumenta que las declaraciones del president contienen "falsedades y contradicciones" relevantes para esclarecer las responsabilidades en la gestión de la catástrofe.
La petición, presentada ante el Juzgado de Instancia número 3 de Catarroja, no se limita a las entrevistas, sino que también reclama una serie de documentos clave y grabaciones que podrían ser cruciales para la investigación. Esta acción legal busca contrastar la versión de Mazón sobre los hechos con la información que manejaban las autoridades el día de la tragedia.
Puntos Clave de la Noticia
- Intersindical Valenciana solicita incorporar las entrevistas de Carlos Mazón a la causa de la DANA por presuntas "falsedades".
- Piden a la jueza que reclame a RTVE un vídeo clave de las 13:45 horas del día de la tragedia.
- Se solicita la documentación sobre medidas preventivas del pleno del Consell de las 9:00 horas.
- Reclaman el informe de Emergencias entregado a Presidencia a las 11:30 horas y la orden de activación de la UME.
- El sindicato destaca que Mazón ha ignorado tres ofrecimientos de la jueza para declarar voluntariamente.
Una ofensiva judicial para contrastar la versión oficial
El sindicato Intersindical Valenciana ha intensificado su papel en la causa judicial de la DANA. A través de un escrito presentado por la abogada Carmen Romero, la organización ha pedido a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que tome medidas para verificar las afirmaciones públicas realizadas por Carlos Mazón.
La principal solicitud es la incorporación al sumario de tres entrevistas concedidas por el president. Según el sindicato, estas declaraciones están "trufadas de falsedades y contradicciones" y deben ser analizadas en el contexto de la investigación judicial para determinar su veracidad.
Documentación y vídeos en el punto de mira
Además de las entrevistas, la acusación popular ha solicitado una serie de pruebas documentales y audiovisuales que consideran fundamentales. Entre ellas destaca una petición a RTVE para que aporte una copia de un vídeo de 25 segundos.
En dicha grabación, emitida el pasado jueves, se escucharía a Mazón siendo informado a las 13:45 horas del 29 de octubre sobre el decreto de una alerta hidrológica en el río Magro. Según el escrito, en ese mismo grupo de personas alguien añade información sobre el barranco del Poyo, una de las zonas más afectadas por la riada.
El papel de la acusación popular
En el sistema judicial español, la acusación popular permite que ciudadanos u organizaciones, aunque no sean directamente perjudicados, puedan ejercer la acción penal en delitos de especial interés público. En este caso, Intersindical Valenciana representa el interés de la sociedad en el esclarecimiento de las responsabilidades por los 229 fallecimientos durante la DANA.
La gestión de la emergencia bajo la lupa
La petición del sindicato busca reconstruir minuto a minuto las decisiones tomadas por el gobierno valenciano el día de la catástrofe. Por ello, han solicitado al juzgado que requiera a las conselleries toda la documentación relacionada con las actuaciones preventivas que se discutieron en el pleno del Consell a las 9:00 horas del 29 de octubre, horas antes de que la riada alcanzara su punto más crítico.
Otro documento clave que se solicita es el informe que la Conselleria de Emergencias (entonces denominada Conselleria de Justicia e Interior) entregó a Presidencia de la Generalitat a las 11:30 horas. Según Intersindical, este informe fue la base de la comparecencia de prensa que Mazón ofreció esa mañana.
"El interés de nuestra petición radica en la necesidad de contrastar las negaciones de Mazón de que hubiese información sobre el carácter previsible de la barrancada y su afección en l'Horta Sud", señala el escrito del sindicato.
La activación de la UME, un momento crítico
Uno de los puntos más controvertidos de la gestión de la emergencia fue el momento en que se solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Para aclarar este aspecto, Intersindical ha pedido a la jueza que requiera a la Conselleria de Emergencias una copia de la solicitud formal para la activación de la UME en toda la provincia de Valencia.
Según la información aportada por el sindicato, este documento fue firmado por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, a las 20:30 horas del 29 de octubre, cuando la tragedia ya estaba en pleno desarrollo en numerosas localidades.
Las contradicciones señaladas por el sindicato
Intersindical Valenciana justifica su petición en la necesidad de confrontar las declaraciones de Mazón con las pruebas ya existentes en el sumario. Recuerdan que varios técnicos de Emergencias ya han declarado ante la jueza que "informaron de ello a la consellera Pradas antes de las 14 horas" y que solicitaron explícitamente "vigilar Torrent, Picanya y Paiporta".
El sindicato pone el foco en dos afirmaciones específicas del president que consideran de "extraordinario interés para la investigación":
- Que en la reunión del pleno del Consell por la mañana, él mismo coordinó la prevención con las distintas conselleries.
- Que "jamás dio una orden a Pradas, ni para convocar el Cecopi, ni para activar la UME, ni para mandar la alerta".
Finalmente, el escrito recuerda que la magistrada ha ofrecido a Carlos Mazón la posibilidad de comparecer voluntariamente en el juzgado hasta en tres ocasiones. Debido a su condición de aforado, no está legalmente obligado a hacerlo. El sindicato lamenta que el president haya ignorado estos ofrecimientos y haya optado por dar su versión en los medios de comunicación en lugar de en sede judicial.
