La situación procesal de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y otros catorce acusados permanece sin definirse seis meses después de que el juez instructor se negara a abrir juicio oral por falta de indicios. Los recursos presentados por las acusaciones siguen pendientes de una resolución final, prolongando la incertidumbre sobre uno de los casos más complejos de la política valenciana reciente.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, dirigido por el juez Vicente Ríos, todavía no ha resuelto los recursos que podrían determinar el futuro judicial de Oltra. Esta parálisis procesal mantiene el caso en un estado de espera, a pesar de la contundente decisión del magistrado el pasado 27 de junio de 2025, cuando determinó que no existían pruebas suficientes para llevar a los acusados a juicio.
Puntos Clave
- Han transcurrido seis meses desde que el juez denegó la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y 14 funcionarios.
- El magistrado argumentó la "inexistencia de un solo indicio racional de criminalidad" en su auto del 27 de junio.
- Las acusaciones particulares y populares recurrieron la decisión, manteniendo el proceso judicial activo.
- La Audiencia de Valencia tendrá la última palabra sobre si el caso se archiva definitivamente o si, por el contrario, se celebra el juicio.
Un bloqueo procesal de medio año
El tiempo parece haberse detenido en el juzgado número 15. Desde que el juez Ríos emitió su auto rechazando el juicio, el procedimiento ha avanzado a un ritmo extremadamente lento. Las acusaciones, disconformes con el archivo de facto, presentaron recursos de reforma (ante el propio juez) y de apelación (ante la instancia superior, la Audiencia de Valencia).
No fue hasta finales de noviembre cuando el juzgado dio traslado a las defensas para que respondieran a dichos recursos. Este trámite, que se completó en apenas dos días, era un paso necesario antes de que el proceso pudiera continuar. Ahora, se espera que el juez Ríos desestime el recurso de reforma, ya que se dirige contra su propia decisión, y eleve el recurso de apelación a la Audiencia Provincial.
El origen del caso
La investigación se centra en el presunto encubrimiento de un caso de abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat, cometido por el exmarido de Mónica Oltra. La causa busca determinar si funcionarios y responsables de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ella dirigía, maniobraron para ocultar los hechos y desproteger a la víctima.
El choque entre el juez instructor y la Audiencia
La situación actual es el resultado de un conflicto de criterio poco común entre dos instancias judiciales. En junio de 2024, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, presidida por el magistrado Pedro Castellano, ordenó al juez Ríos que procesara a Oltra y a los otros catorce investigados.
El juez instructor acató la orden, pero dejó constancia en su resolución de que lo hacía por "imperativo legal", subrayando que tras más de dos años de investigación no había encontrado indicios de delito. Esta discrepancia sentó las bases para la decisión que tomaría un año después.
Cuando las acusaciones solicitaron la apertura de juicio oral, el juez Ríos, en un movimiento poco habitual, se reafirmó en su criterio inicial y denegó la petición. En su auto del 27 de junio de 2025, fue explícito:
"No existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los quince acusados haya llevado adelante hechos penalmente relevantes. Estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados".
Esta firmeza ha creado un escenario procesal inédito. Ahora, la misma sala de la Audiencia que le obligó a procesar a los acusados deberá decidir si revoca su negativa a enjuiciarlos.
Una situación procesal atípica
Es muy poco frecuente que un juez instructor, tras ser obligado por una instancia superior a dictar un auto de procesamiento, se niegue posteriormente a abrir juicio oral. Esta acción demuestra la profunda convicción del magistrado sobre la falta de pruebas en la causa.
El futuro del caso en manos de la Audiencia de Valencia
El destino judicial de Mónica Oltra está ahora exclusivamente en manos de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. Una vez que los recursos de apelación salgan del juzgado instructor, será este tribunal el que deba tomar una de las siguientes decisiones:
- Confirmar el auto del juez Ríos: Esto supondría el archivo definitivo de la causa para todos los acusados.
- Revocar el auto del juez Ríos: En este caso, la Audiencia ordenaría la apertura de juicio oral, y el caso pasaría a la fase final del proceso penal.
La Fiscalía ha mantenido una postura consistente a lo largo del proceso, solicitando el archivo de la causa por considerar que no existen pruebas de delito. Por otro lado, las acusaciones populares, entre las que se encuentran agrupaciones de ultraderecha, han sido las principales impulsoras de que el caso llegue a juicio.
Mientras tanto, la demora en la tramitación de los recursos añade una capa más de complejidad. El juez Ríos ha asumido recientemente la dirección de otra investigación de gran envergadura, la macrocausa "Spider" sobre narcotráfico en el puerto de Valencia, lo que podría influir en los tiempos de su juzgado. Sin embargo, la resolución sobre Oltra sigue siendo una de las decisiones judiciales con mayor expectación social y política en la Comunitat Valenciana.
