La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha retirado a su presidente, Carlos Prades, del consejo de administración de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SITVAL). La decisión se produce como respuesta a lo que el sector califica de "parálisis del servicio" y la falta de soluciones efectivas al colapso del sistema de ITV en la Comunitat Valenciana.
Esta medida drástica llega después de más de un año de advertencias y propuestas por parte de los transportistas, quienes denuncian que la situación, lejos de mejorar tras la reversión del servicio a la gestión pública, se ha agravado. Las empresas enfrentan esperas de más de ocho semanas para conseguir una cita, una demora que afecta de manera crítica a los vehículos pesados y genera importantes perjuicios económicos.
Puntos Clave
- La FVET retira a su representante del consejo de administración de SITVAL como señal de protesta.
- Las esperas para pasar la ITV superan las ocho semanas, afectando gravemente al transporte profesional.
- El sector denuncia la falta de personal cualificado y de líneas específicas para vehículos pesados.
- Los transportistas valencianos pagan una de las tarifas de ITV más altas de España por un servicio deficiente.
- Se exige un cambio de modelo de gestión, similar al de comunidades como Murcia o Castilla-La Mancha.
Un sistema al borde del colapso
El malestar en el sector del transporte es profundo y generalizado. Durante meses, las organizaciones profesionales han alertado sobre los problemas derivados del actual sistema de inspección técnica. El colapso en la asignación de citas es el problema más visible, pero no el único.
Carlos Prades, presidente de FVET, ha señalado que la situación es insostenible. "El sistema no está preparado para atender a los vehículos industriales. No podemos seguir dependiendo de otras comunidades autónomas para un servicio básico que deberíamos tener operativo en nuestro territorio", afirmó.
La federación advierte que, cada semana, vehículos de transporte quedan paralizados por no poder pasar la revisión técnica a tiempo. Esta inmovilización forzosa se traduce en pérdidas económicas directas, retrasos en las entregas y la exposición a posibles sanciones administrativas.
El impacto de la reversión pública
El servicio de ITV en la Comunitat Valenciana fue revertido a la gestión pública con la promesa de mejorar su eficiencia y accesibilidad. Sin embargo, según denuncian los transportistas, los problemas estructurales no solo persisten, sino que se han intensificado, especialmente para el sector profesional, que requiere agilidad y flexibilidad.
La odisea de los vehículos pesados
Una de las quejas más recurrentes del sector es la falta de infraestructuras adecuadas para los vehículos pesados. Muchas estaciones de ITV en la Comunitat Valenciana carecen de líneas específicas o de personal cualificado para inspeccionar camiones y autobuses, lo que limita enormemente la oferta de citas disponibles.
Esta carencia obliga a muchas empresas a buscar alternativas fuera de la región. "Muchos transportistas se ven obligados a desplazarse a estaciones en Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón, porque aquí no encuentran servicio", explica Prades. Esta deslocalización forzosa no solo implica un coste adicional en tiempo y combustible, sino que también evidencia la incapacidad del sistema valenciano para atender a uno de sus motores económicos.
"Pagamos más que en otras comunidades por un servicio menos eficaz, más lento y que genera incertidumbre. No se puede exigir cumplimiento a un sector si no se garantiza un acceso ágil al sistema". - Carlos Prades, presidente de FVET.
Horarios y citas que no se adaptan a la realidad
A la falta de líneas se suma la rigidez del sistema de cita previa y la eliminación de horarios adaptados. Anteriormente, existía una franja horaria especial, de 6:00 a 7:00 horas, que facilitaba la inspección a los transportistas antes de iniciar sus rutas. Su eliminación ha complicado aún más la operativa diaria.
El modelo de cita previa cerrada es otro obstáculo. La actividad del transporte, especialmente la internacional, es dinámica y a menudo impredecible. La imposibilidad de acudir a una estación sin una cita programada con semanas de antelación choca frontalmente con las necesidades del sector.
Precios elevados, servicio deficiente
La Comunitat Valenciana tiene una de las tarifas de ITV para vehículos pesados más caras de España, solo superada por Andalucía. A pesar de este coste elevado, la calidad del servicio es percibida como deficiente. Los transportistas critican la falta de criterios técnicos adecuados para valorar elementos clave del vehículo industrial, como la prueba de frenado en carga, lo que genera inseguridad y desconfianza.
La propuesta del sector: un modelo más realista
Ante la falta de respuesta por parte de la administración, la FVET ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma profunda del modelo de gestión. La federación considera imprescindible adoptar un sistema "realista y operativo", similar al que funciona con éxito en comunidades autónomas vecinas.
Los modelos de gestión que se proponen como referencia son los de Murcia o Castilla-La Mancha, donde sistemas de concesión o gestión privada permiten una mayor flexibilidad y eficiencia. Estas son algunas de las ventajas que, según el sector, ofrecen dichos modelos:
- Mayor agilidad: Reducción drástica de los tiempos de espera para obtener cita.
- Adaptación horaria: Horarios más amplios y adaptados a las necesidades del transporte profesional.
- Disponibilidad para industriales: Mayor número de líneas y personal especializado en vehículos pesados.
- Competencia y eficiencia: Un sistema más competitivo que repercute en una mejor calidad del servicio.
La salida de Carlos Prades del consejo de SITVAL es un gesto simbólico que busca forzar un diálogo constructivo y urgente. El sector del transporte no pide privilegios, sino un servicio público esencial que funcione de manera eficaz y que no se convierta en un obstáculo para su actividad económica. La pelota está ahora en el tejado de la administración, que debe decidir si escucha las demandas de un sector clave para la economía valenciana o permite que el colapso de la ITV siga lastrando su competitividad.
