Cientos de personas se manifestaron este sábado en el centro de Valencia para exigir soluciones a la creciente crisis de la vivienda. Los participantes reclamaron a las administraciones medidas urgentes ante los precios "impagables" del alquiler y la amenaza de desahucios que afecta a miles de familias en la Comunitat Valenciana.
La marcha, que recorrió las principales calles de la ciudad desde la Plaza de San Agustín hasta la Plaza de la Virgen, fue convocada por diversas plataformas sociales, entre ellas Juntes per l'Habitatge y València no està en venda. El objetivo principal fue visibilizar una problemática que consideran desatendida por los gobiernos a nivel local, autonómico y estatal.
Puntos Clave
- Una manifestación en Valencia exige el derecho a una vivienda digna.
- Se pide la prórroga del Escudo Social, que finaliza el 31 de diciembre.
- Sin la prórroga, 5.000 familias en la Comunitat Valenciana podrían enfrentar desahucios.
- Los organizadores denuncian la "inacción política" y la falta de diálogo con el Ayuntamiento.
- La Generalitat defiende su gestión y atribuye el problema a una "falta de oferta".
La amenaza del fin del Escudo Social
Uno de los puntos más críticos de la protesta es la inminente finalización del llamado Escudo Social el próximo 31 de diciembre. Esta medida, implementada para proteger a las familias vulnerables, ha sido un pilar para evitar desahucios durante la crisis.
Pablo Ramos, portavoz de Juntes per l'Habitatge, advirtió sobre las graves consecuencias de no extender esta protección. "Si no se prorroga, a partir del 1 de enero de 2026 se iniciará la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado", declaró.
Cifras del problema
La no renovación del Escudo Social afectaría directamente a miles de personas en la región:
- 5.000 familias en la Comunitat Valenciana.
- Casi 900 familias solo en la ciudad de Valencia.
Los manifestantes corearon lemas como "Ni casa sin gente ni gente sin casa" y "Basta ya, ningún desahucio más", reflejando la angustia de muchos ciudadanos. Ramos calificó la situación como un posible detonante de una "bomba social" si no se toman medidas de inmediato.
Críticas a la gestión política
Los organizadores de la marcha denunciaron lo que consideran una "inacción política" generalizada. Según Ramos, aunque han mantenido reuniones con el gobierno autonómico, "todas las propuestas han sido rechazadas con un no contundente".
La crítica también se dirigió al gobierno local. El portavoz aseguró que el Ayuntamiento de Valencia "se ha negado" a recibirlos para discutir la situación, a pesar de la creciente presión social.
"Estaremos en las calles hasta que las medidas oportunas se cumplan. El derecho a la vivienda no es una aspiración, sino un derecho", afirmó Pablo Ramos durante la manifestación.
En el manifiesto leído al final del recorrido, se insistió en que el problema de la vivienda es una responsabilidad compartida por todas las administraciones. Se criticó que las viviendas se utilicen como un bien especulativo, la proliferación de apartamentos turísticos sin control y el aumento del acoso inmobiliario, factores que, según ellos, expulsan a los residentes de sus propios barrios.
Un problema estructural
Los colectivos sociales argumentan que la crisis de la vivienda va más allá de un problema coyuntural. Señalan la especulación, la falta de un parque público de viviendas suficiente y la saturación turística como causas estructurales que rompen el tejido social de los barrios y dificultan el acceso a un hogar seguro, afectando la estabilidad laboral, la educación y la salud mental de la ciudadanía.
La respuesta de la Generalitat
Por su parte, la Generalitat Valenciana ha respondido a las críticas defendiendo su gestión. Fuentes del Consell afirmaron que el problema de fondo es una "falta de oferta" de vivienda y que están implementando "políticas integrales" para solucionarlo.
El gobierno autonómico destacó que, ante la "demostrada incapacidad del Gobierno de España", están tomando "pasos firmes y reales". Entre las medidas mencionadas se encuentran:
- Activación de suelo para nueva construcción.
- Rebajas fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
- Avales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.
- Medidas para dar seguridad a los propietarios y que pongan sus viviendas en alquiler.
Además, la Generalitat sostiene que en los últimos dos años se han impulsado más de 4.400 viviendas de protección pública (VPP). Compararon las 258 solicitudes de calificación de VPP en 2022 con las 1.344 registradas tras un año de vigencia de su nuevo decreto, presentando esto como prueba de su compromiso. También mencionaron un plan contra la ocupación ilegal basado en la prevención y la protección a las víctimas.
Mientras las administraciones defienden sus políticas, los ciudadanos en la calle insisten en que las soluciones no llegan y que el tiempo se agota para miles de familias. Los organizadores han prometido que las movilizaciones continuarán hasta que se garantice un derecho que, como recordaron, está reconocido en la Constitución.
