La Federación de Asociaciones Vecinales de València (FAAVV) ha propuesto la creación de un arancel específico para los compradores de vivienda extranjeros no residentes. La medida busca frenar la especulación inmobiliaria que, según afirman, está elevando los precios y dificultando el acceso a la vivienda para los residentes locales.
La propuesta fue presentada por la presidenta de la federación, María José Broseta, durante una jornada de debate sobre la crisis habitacional organizada en colaboración con la Universitat de València. Expertos académicos respaldaron la necesidad de una mayor intervención pública en un mercado que consideran "fracasado".
Puntos Clave
- Propuesta Central: Crear un impuesto para las compras de viviendas por parte de capital extranjero no residente, similar a los aplicados en Canadá o Nueva Zelanda.
- Objetivo: Desincentivar la compra especulativa y priorizar la función social de la vivienda sobre la rentabilidad económica.
- Contexto: El mercado inmobiliario en València registra precios récord y una creciente dificultad de acceso, especialmente para los jóvenes.
- Apoyo Académico: Profesores de la Universitat de València coinciden en que el mercado de la vivienda ha fallado y requiere una regulación pública urgente.
Una medida contra la especulación inmobiliaria
Durante un foro de debate, María José Broseta, presidenta de la FAAVV, planteó una pregunta directa: "¿Por qué no establecer limitaciones y recargos para frenar la especulación inmobiliaria extranjera, como hacen países como Canadá o Nueva Zelanda?". Esta idea constituye el eje de la nueva estrategia del movimiento vecinal para abordar la crisis de la vivienda en la ciudad.
Broseta argumentó que la vivienda se ha transformado en "una mercancía de alta rentabilidad" que atrae a inversores y fondos especulativos. Este fenómeno, según la dirigente vecinal, expulsa a los residentes de sus barrios al generar una demanda que no busca satisfacer necesidades habitacionales, sino obtener beneficios económicos.
"O la política resuelve este desaguisado de mercado inmobiliario o el malestar y el conflicto social están asegurados", advirtió Broseta durante su intervención.
Señaló que, aunque una medida de este tipo requeriría una reforma legal a nivel estatal, es fundamental abrir el debate sobre cómo regular el mercado para que la vivienda recupere su función social primordial.
La visión de los expertos: un mercado fallido
La propuesta vecinal encontró respaldo en el ámbito académico. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la UV, fue contundente en su análisis. "Hasta quienes defendemos las reglas del mercado estamos viendo que respecto a la vivienda ha fracasado desde hace años", afirmó. Para Carbó, la intervención de las administraciones públicas ya no es una opción, sino una necesidad imperativa.
El mercado en cifras
El profesor Carbó destacó que el mercado vive una encrucijada: se registra un récord de transacciones de compraventa mientras los precios suben un 12,2% interanual, generando una grave crisis de accesibilidad que afecta especialmente a los jóvenes, cuya tasa de emancipación se encuentra en mínimos históricos.
Por su parte, Glòria Caravantes, profesora del Departamento de Trabajo Social de la UV, enfatizó el concepto de la vivienda como un derecho fundamental. "Es necesaria una política de vivienda que ponga a las personas por delante del mercado", declaró. Caravantes describió la situación actual como un "jaque mate" al derecho a la vivienda, que vulnera la capacidad de las personas para desarrollar sus proyectos de vida.
Un plan integral con propuestas concretas
Más allá del arancel a compradores extranjeros, la FAAVV presentó un conjunto de medidas que considera urgentes para aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario de València. Estas propuestas han sido trasladadas a diversas administraciones públicas en distintos foros.
Medidas propuestas por la FAAVV:
- Declarar València zona tensionada: Para aplicar controles a los precios del alquiler y ofrecer mayor protección a los inquilinos.
- Reconversión de pisos turísticos: Convertir los más de 4.000 alojamientos turísticos ilegales en viviendas de uso residencial permanente.
- Creación de una Agencia Municipal del Alquiler: Un organismo que gestione el alquiler, ofrezca seguridad jurídica a propietarios e inquilinos y movilice vivienda pública.
- Freno a los desahucios: Detener totalmente los desalojos como medida de protección social inmediata.
- Impuestos a viviendas vacías: Aplicar mayores cargas impositivas a través del IBI a las más de 36.000 viviendas vacías que existen en la ciudad.
- Movilización de suelo público: Activar un plan para el uso de solares vacíos y suelo de titularidad pública para la construcción de vivienda asequible.
- Prioridad para los jóvenes: Considerar a la juventud como colectivo prioritario en la adjudicación de contratos de alquiler asequible.
La voz de los más afectados
El debate también incluyó la perspectiva de los colectivos más directamente perjudicados por la crisis habitacional. Pedro Sabate, en representación del Consell de la Joventut de València, confirmó que la vivienda es "la principal fuente de preocupación entre los jóvenes y el principal obstáculo para la emancipación". Las propuestas de la juventud valenciana coinciden en gran medida con las de la federación vecinal: más vivienda pública y mayor control de los pisos turísticos.
La lucha por el derecho a la vivienda
José Luis González, portavoz de la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca (PAH), recordó la lucha social que se libra desde la crisis financiera de 2008. Explicó que, tras el impacto de las hipotecas, el "poder especulativo" se centra ahora en el mercado del alquiler, "expulsando a la gente que está de alquiler y aumentando el sinhogarismo". González hizo un llamamiento a la movilización ciudadana para defender la vivienda como un derecho fundamental.
El consenso entre vecinos, académicos y movimientos sociales es claro: el modelo actual es insostenible. La propuesta de un arancel para compradores extranjeros es solo una de las herramientas que se ponen sobre la mesa para intentar reconducir un mercado que, según los ponentes, ha dejado de servir a la ciudadanía para convertirse en un activo financiero global.
