El año 2026 se perfila como un periodo decisivo para la política en la Comunitat Valenciana, con el calendario judicial marcando el ritmo de la agenda pública. Tres causas de gran calado, que involucran a figuras de primer nivel como el president Carlos Mazón, el expresident Eduardo Zaplana y la exvicepresidenta Mónica Oltra, alcanzarán momentos clave que podrían redefinir el panorama político a las puertas de un nuevo ciclo electoral.
Puntos Clave
- La investigación sobre la gestión de la DANA de 2024 podría escalar y poner en el foco al president Carlos Mazón.
- El Tribunal Supremo dictará la sentencia definitiva del caso Erial, decidiendo si el expresident Eduardo Zaplana ingresa en prisión.
- La Audiencia de Valencia tendrá la última palabra sobre el archivo de la causa contra la exvicepresidenta Mónica Oltra.
La DANA y la sombra sobre el Palau de la Generalitat
La investigación judicial sobre la gestión de la catastrófica DANA que dejó 230 fallecidos en octubre de 2024 sigue su curso, y el año 2026 será determinante para delimitar las responsabilidades. Lo que comenzó como un análisis técnico y administrativo ha adquirido una dimensión política que mantiene en vilo al gobierno valenciano.
Actualmente, la jueza instructora ha centrado el procedimiento en niveles intermedios de la administración, con la investigación de la consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso. Sin embargo, la puerta a ampliar el círculo de investigados permanece abierta.
Un escenario político delicado
La hipótesis más sensible que se baraja en círculos judiciales es la posibilidad de que la magistrada eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Este paso sería necesario para valorar la posible imputación del president Carlos Mazón, quien goza de aforamiento por su condición de diputado autonómico.
Una decisión de este calibre colocaría a Mazón en una posición de extrema fragilidad política a poco más de un año de las elecciones autonómicas. La clave del procedimiento reside en determinar si existieron decisiones u omisiones penalmente relevantes en los más altos niveles del Consell durante la gestión de la emergencia.
Aunque fuentes del gobierno valenciano confían en que no existe base jurídica para tal eventualidad, el debate legal que se desarrollará en 2026 tiene el potencial de convertirse en una crisis política de primer orden, con un impacto directo en la imagen del Partido Popular valenciano.
El futuro penal de Eduardo Zaplana en manos del Supremo
Otra de las resoluciones judiciales más esperadas del año será la que emita la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación de Eduardo Zaplana. El expresident de la Generalitat y exministro fue condenado por la Audiencia de Valencia a 10 años y cinco meses de prisión por el caso Erial.
La sentencia le consideró culpable de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, imponiéndole además una multa que supera los 25 millones de euros. Ahora, el Alto Tribunal tiene la última palabra sobre una de las figuras más influyentes de la política valenciana de las últimas décadas.
Argumentos de la defensa
El recurso presentado por la defensa de Zaplana, liderada por el letrado Daniel Campos, ataca los cimientos de la investigación. Sostiene que la condena se basa en "pruebas prefabricadas, indicios equívocos y contradicciones", y denuncia una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
La defensa cuestiona la validez de los llamados "papeles del sirio", documentos que iniciaron el caso, y acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de investigar sin autorización judicial. Además, critica duramente el papel del empresario uruguayo Fernando Belhot, testigo clave, a quien acusa de recibir "impunidad total" a cambio de un testimonio incriminatorio.
"La sentencia se apoya en declaraciones pactadas de forma clandestina con algunos acusados para lograr testimonios incriminatorios a cambio de beneficios penales", alega la defensa de Zaplana en su recurso.
El Supremo puede confirmar la condena, lo que implicaría el ingreso en prisión de Zaplana, o estimar parcial o totalmente el recurso, lo que supondría un vuelco judicial de consecuencias imprevisibles. La decisión no solo afectará al futuro personal del expresident, sino también al relato sobre la corrupción en la Comunitat Valenciana.
El caso Oltra: entre el archivo judicial y la encrucijada política
El tercer foco judicial de 2026 gira en torno a Mónica Oltra. La exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís vio cómo la causa que investigaba un supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada era archivada por segunda vez en diciembre de 2025.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, con el respaldo de la Fiscalía, concluyó que no existían indicios de delito ni en la actuación de Oltra ni en la de sus colaboradores. La jueza argumentó que las acusaciones no habían logrado concretar hechos delictivos individualizados.
Sin embargo, el caso no está cerrado. Las acusaciones particulares tienen la opción de recurrir, lo que llevaría el asunto de nuevo a la Audiencia Provincial de Valencia. Es precisamente esta instancia la que, en una fase anterior, ordenó reabrir la causa contra el criterio del primer instructor, lo que añade una capa de incertidumbre que se resolverá a lo largo de 2026.
Dimensión política del caso
La resolución final tiene una profunda carga política. Mónica Oltra dimitió de todos sus cargos en 2022 tras su imputación, un gesto que alteró el equilibrio de fuerzas en la política valenciana. Desde entonces, su futuro ha estado en suspenso.
Un archivo definitivo por parte de la Audiencia reforzaría la tesis de la izquierda valenciana de que fue víctima de una persecución judicial con fines políticos, y podría abrir el debate sobre su regreso a la primera línea. Por el contrario, una reapertura del caso prolongaría la sombra de la duda sobre una de las figuras más relevantes del progresismo valenciano.
Fuentes de su entorno señalan que, independientemente del resultado judicial, su decisión de volver o no a la política no estará condicionada por los tribunales.
Justicia y política en un año preelectoral
Las decisiones que los tribunales tomen en 2026 no ocurrirán en un vacío, sino en un contexto de creciente polarización y con las elecciones autonómicas y generales en el horizonte. La justicia volverá a ser, inevitablemente, un actor central en el debate público.
La posible imputación de un president en ejercicio, el ingreso en prisión de un expresident o la exoneración definitiva de una exvicepresidenta son escenarios de alto voltaje. 2026 será el año en que la justicia podría cerrar, o reabrir, algunos de los capítulos más complejos de la historia política reciente de la Comunitat Valenciana, con consecuencias que trascenderán las salas de los juzgados.
