La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana ha revelado un dato clave. Un supervisor del servicio de Emergencias 112 declaró ante la jueza que informó directamente a la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, sobre la gravedad de la situación horas antes de que se desatara la catástrofe.
Según su testimonio, el alto número de rescates que se estaban produciendo en zonas donde no llovía intensamente era una señal de alarma inequívoca, una situación que calificó como anómala y preocupante.
Puntos Clave
- Un supervisor del 112 testificó haber alertado a la consellera Salomé Pradas sobre la situación anómala de los rescates.
- La advertencia se centró en que "no era normal" realizar tantos rescates en áreas sin precipitaciones intensas en ese momento.
- La Generalitat Valenciana no ejecutó ni un solo euro de los 125.000 presupuestados para la reforma del barranco del Poyo, una infraestructura clave.
- Estas revelaciones aumentan la presión sobre la gestión del Consell de Carlos Mazón durante la emergencia.
La llamada que pudo cambiarlo todo
La declaración del supervisor del 112, pieza central en la instrucción judicial, detalla una comunicación directa con la consellera Pradas durante la tarde de la DANA. El funcionario, con años de experiencia en la gestión de emergencias, sintió la necesidad de escalar la información al máximo nivel político.
El motivo de su preocupación no era la lluvia en sí, sino sus consecuencias indirectas. Estaban recibiendo un volumen inusual de llamadas solicitando rescates en puntos concretos, lo que indicaba que el agua estaba causando estragos de forma imprevista y rápida.
"Le informé de que no era normal tanto rescate donde no llovía", explicó el supervisor a la jueza, según fuentes cercanas al caso.
Esta frase resume la esencia de su advertencia. No se trataba de un informe meteorológico más, sino de un análisis en tiempo real de la emergencia sobre el terreno. La acumulación de incidentes sugería que las infraestructuras de drenaje estaban fallando o que la riada avanzaba de una manera no prevista por los modelos.
Infraestructuras clave sin inversión
Mientras la investigación judicial avanza, otros datos sobre la preparación previa a la catástrofe ponen en tela de juicio la gestión del gobierno valenciano. Uno de los puntos más críticos es el estado de infraestructuras como el barranco del Poyo, un cauce fundamental para la evacuación de aguas pluviales en la zona afectada.
Presupuesto sin ejecutar
El gobierno de Carlos Mazón presupuestó una partida de 125.000 euros para la "reforma del barranco del Poyo". Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria confirman que a la fecha de la DANA se habían ejecutado cero euros de dicha partida.
La falta de inversión en mantenimiento y mejora de este tipo de infraestructuras es un factor que los expertos señalan como determinante en la magnitud del desastre. La limpieza y adecuación de los barrancos son tareas preventivas esenciales para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales, comunes en el clima mediterráneo.
Esta inacción contrasta con las declaraciones de otros miembros del Consell, como la portavoz Susana Camarero, quien ha defendido la gestión del gobierno en diversas comparecencias, incluyendo una intervención en el Congreso de los Diputados que ha sido objeto de críticas por supuestas manipulaciones.
El contexto político y la búsqueda de responsabilidades
Las revelaciones del sumario judicial y los datos sobre la falta de inversión han intensificado el debate político. La oposición ha solicitado la creación de una comisión de investigación en Les Corts Valencianes para dirimir las responsabilidades políticas derivadas de la gestión de la emergencia.
Aumento del gasto en publicidad
Paralelamente a la falta de ejecución en partidas de infraestructuras críticas, se ha conocido que el Ayuntamiento de València, gobernado por María José Catalá, incrementó la inversión en "publicidad y propaganda" en un 25%, alcanzando los 4,6 millones de euros. Este dato ha generado controversia al compararse con la inversión en otras áreas.
La gestión de la comunicación durante y después de la crisis también está bajo escrutinio. La información proporcionada a la ciudadanía, las alertas emitidas y la coordinación entre administraciones son elementos que la jueza instructora está analizando con detalle.
Preguntas sin respuesta
El testimonio del supervisor del 112 deja varias preguntas en el aire que la investigación deberá aclarar:
- ¿Qué acciones tomó la consellera Pradas tras recibir la advertencia?
- ¿Se transmitió la gravedad de la situación al resto del gabinete de crisis?
- ¿Por qué no se ejecutaron las partidas destinadas a la prevención de inundaciones?
- ¿Fueron adecuadas las alertas emitidas a la población en base a la información disponible en tiempo real?
La sociedad valenciana espera respuestas mientras la investigación judicial sigue su curso. La declaración de este funcionario del 112 podría ser un punto de inflexión para entender qué falló en la cadena de mando durante las horas más críticas de la peor catástrofe natural de la historia reciente de la región.
