La directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass), María José Rico, ha anunciado la puesta en marcha de una auditoría forense para investigar la gestión del anterior gobierno del Botànic. Esta medida surge como respuesta directa al anuncio de Compromís de llevar a la Fiscalía las cuentas de la entidad correspondientes a 2024 por supuestas irregularidades.
El conflicto se centra en un informe de intervención que señala deficiencias en la gestión actual, pero que la dirección del Ivass atribuye a problemas heredados. Rico defiende que su equipo está trabajando para regularizar una situación que califica de "pésima gestión" por parte de sus predecesores.
Puntos Clave
- El Ivass iniciará una auditoría forense sobre los ocho años de gestión del gobierno del Botànic.
- La decisión responde a la amenaza de Compromís de denunciar ante la Fiscalía la gestión de 2024.
- La actual dirección del Ivass afirma haber encontrado una "gestión deplorable" en materia de contratación y personal.
- Se señalan cifras millonarias en contratos menores y gastos sin justificar durante los mandatos anteriores.
- La nueva administración ha implementado un plan de acción para corregir las deficiencias detectadas.
Conflicto por la gestión financiera del Ivass
La tensión entre el actual gobierno y la oposición ha escalado en el ámbito de los servicios sociales. La directora general del Ivass, María José Rico, ha reaccionado con contundencia al anuncio de Compromís de judicializar la gestión de la entidad durante el año 2024.
Rico ha declarado que se realizará una auditoría forense exhaustiva sobre el periodo en que el Botànic estuvo al frente del instituto. El objetivo es analizar las "deficiencias detectadas" en informes de la Viceintervención General de la Generalitat durante esos años y adoptar las medidas necesarias.
"Nos encontramos una gestión deplorable del Botànic desde todos los puntos de vista, especialmente, en materia de contratación y personal", afirmó María José Rico.
La directora acusa a Compromís de intentar una "denuncia boomerang" que, según ella, pone de manifiesto las irregularidades cometidas durante sus propios mandatos. Sostiene que los informes desfavorables de la intervención en áreas como la contratación fueron una constante desde 2015, sin que la anterior dirección tomara medidas correctoras.
Cruce de acusaciones sobre gastos y contratos
El núcleo de la disputa reside en la interpretación de los informes de auditoría. Compromís denuncia que el Ivass acumuló 1.173.362 euros en gastos sin expediente de contratación en el último ejercicio. Sin embargo, Rico aclara que esta cifra corresponde al pago de contratos que vencieron durante el gobierno anterior y que su equipo está ahora licitando para regularizarlos.
Gastos sin expediente de contratación
- Acusación de Compromís (2024): 1.173.362 €
- Respuesta del Ivass (atribuido a gestión Botànic):
- 2020: Más de 1.282.000 €
- 2019: 941.000 €
Según datos aportados por la dirección del Ivass, basados en informes de ejercicios anteriores.
Rico ha calificado de "falsedades" las acusaciones y ha asegurado que en el último año "no ha habido ni una factura por servicios no prestados". Afirma que toda la gestión ha sido explicada y justificada ante la intervención.
El uso de la contratación menor
Otro punto de fricción es el uso de contratos menores, un procedimiento que la ley reserva para adjudicaciones de bajo importe. La dirección actual del Ivass denuncia un presunto abuso de esta figura por parte del Botànic.
Según los datos ofrecidos por Rico, el gasto en contratos menores bajo la gestión de Compromís fue significativo:
- 2016: Más de 1,1 millones de euros.
- 2021: Superó los 2,4 millones de euros.
- 2022: Alcanzó más de 3 millones de euros.
- 2023: Llegó a 2,8 millones de euros.
En contraste, Rico destaca que en 2024 esta cifra se redujo a poco menos de un millón de euros. Además, subraya que el número de contratos menores ha pasado de 556 en 2016 a solo 15 en el último ejercicio, lo que demuestra un esfuerzo por regularizar la contratación.
Fraccionamiento de contratos
La Viceintervención, en su auditoría del ejercicio 2019, ya advirtió sobre la práctica del fraccionamiento de contratos. El informe señalaba que la entidad había adjudicado como contratos menores servicios que, por su naturaleza e importe, deberían haberse licitado mediante procedimientos ordinarios con criterios de calidad-precio, lo que sugiere un uso indebido de esta modalidad de contratación.
Un plan de acción para la transparencia
Frente a las críticas, la dirección del Ivass ha puesto sobre la mesa un plan de acción aprobado en diciembre de 2024, inmediatamente después de recibir el informe de auditoría de 2023. Este plan, que ya está en marcha, prioriza las recomendaciones de la Viceintervención.
María José Rico ha enumerado una serie de medidas implementadas para, según sus palabras, "poner coto a los desmanes" y mejorar la gestión y la transparencia en la entidad. Entre estas acciones destacan:
- Primer Plan de Contratación: Se ha aprobado el primer plan de este tipo en la historia del Ivass para organizar y planificar las licitaciones.
- Código Ético: Se ha instaurado un código de conducta para el personal de la entidad.
- Sistema de Control Interno: Se ha creado un sistema para controlar los riesgos en materia de contratación.
- Digitalización: Se ha implantado un sistema digital para la gestión de expedientes de contratación y facturas, con una inversión de 2 millones de euros para aumentar el control.
- Regularización de Pagos: Se han normalizado los pagos realizados a través de caja fija.
- Nueva Herramienta de Gestión: Se está implementando un nuevo software para la gestión de las personas usuarias en todos los centros.
Rico también desmintió la acusación de Compromís sobre un gasto de 570.054 euros en asesoramiento sin justificar. Aclaró que dichos contratos corresponden a servicios esenciales como la vigilancia de una residencia en Rocafort y la representación legal de personas tuteladas por la Generalitat.
La directora general concluyó reiterando que la denuncia de Compromís busca notoriedad política y reafirmó su compromiso de esclarecer la gestión heredada a través de la auditoría forense anunciada.
