El gobierno de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana se enfrenta a una creciente presión mediática y política. Diversas controversias relacionadas con la gestión de la DANA, presuntas vinculaciones de altos cargos con tramas de corrupción y decisiones sobre la transparencia informativa han puesto a la administración en el punto de mira.
Las críticas abarcan desde la respuesta a la catástrofe meteorológica hasta la gestión de fondos públicos y nombramientos clave, generando un clima de desconfianza que exige explicaciones detalladas por parte del ejecutivo autonómico.
Puntos Clave
- El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, admite pagos a un investigado en una trama de corrupción, alegando que fueron por asesoramiento legal.
- Un investigado en el caso DANA, Emilio Argüeso, acusa a un alto cargo del gobierno de Mazón de falta de diligencia durante la emergencia.
- La televisión pública À Punt ha negado el acceso a imágenes clave del 29 de octubre para un documental sobre la gestión de la DANA.
- La Universitat Politècnica de València contrata al artífice del entramado legal de las políticas del actual gobierno.
La sombra de la corrupción sobre Sanidad
Uno de los frentes más complejos para el gobierno de Mazón se centra en la Conselleria de Sanidad. Su titular, Marciano Gómez, ha reconocido haber realizado pagos en 2009 y 2011 a uno de los principales acusados en una trama corrupta que está siendo investigada judicialmente.
Gómez ha defendido la legalidad de estas transacciones, afirmando que correspondían a servicios de "asesoramiento" profesional. Sin embargo, el hecho de que el destinatario de los fondos sea una figura central en una investigación por corrupción ha levantado serias dudas sobre la idoneidad de dichos pagos.
Pagos bajo investigación
El conseller de Sanidad confirmó haber abonado facturas por servicios de asesoría a una persona que actualmente es el principal investigado en una trama de corrupción. La oposición política ha exigido una clarificación completa sobre la naturaleza de estos servicios y su contexto.
La situación pone de relieve la delicada posición del conseller y añade presión sobre el president Mazón para gestionar las implicaciones políticas de este asunto. La transparencia en la gestión de fondos públicos y las relaciones de altos cargos con personas investigadas se han convertido en un tema central del debate político valenciano.
La gestión de la DANA en entredicho
La respuesta del gobierno valenciano a la devastadora DANA de finales de octubre es otro de los focos de controversia. Las críticas no solo provienen de la oposición, sino también de personas directamente implicadas en la gestión de la emergencia.
Emilio Argüeso, una de las personas investigadas en relación con la gestión de la catástrofe, ha señalado directamente a un alto cargo del gobierno de Mazón. Según Argüeso, este responsable no actuó con la "diligencia" necesaria durante los momentos críticos de la inundación, lo que podría haber agravado las consecuencias del temporal.
"Hubo una falta de diligencia por parte de responsables clave en la cadena de mando durante la emergencia", ha declarado Argüeso en el marco de la investigación.
Esta acusación interna añade una nueva capa de complejidad a la investigación sobre la gestión de la crisis y pone en duda la eficacia de los protocolos de emergencia activados por la Generalitat.
La polémica de las imágenes de À Punt
La controversia sobre la DANA se ha intensificado con la decisión de la televisión pública valenciana, À Punt, de negar a un medio de comunicación el acceso a sus imágenes del 29 de octubre. Estas grabaciones eran para la elaboración de un documental centrado en la figura de Carlos Mazón y su gestión durante la catástrofe.
El valor de la transparencia
El acceso a material audiovisual de medios públicos es fundamental para el ejercicio del periodismo de investigación y para que la ciudadanía pueda formarse una opinión informada sobre la actuación de sus gobernantes. La negativa de À Punt ha sido interpretada por algunos sectores como un obstáculo a la fiscalización del poder.
La decisión del ente público ha sido criticada por limitar la transparencia y el escrutinio periodístico sobre uno de los eventos más trágicos de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. La negativa alimenta las sospechas sobre si se está intentando controlar el relato de lo sucedido durante aquellos días.
Otros frentes abiertos para el Consell
Más allá de la corrupción y la DANA, otras decisiones y situaciones contribuyen a la presión sobre el gobierno de Mazón. Una de ellas es la contratación por parte de la Universitat Politècnica de València (UPV) de la persona que diseñó el entramado legal de las principales políticas del actual Consell. Este fichaje ha sido visto por algunos como un movimiento que consolida la influencia del gobierno en instituciones académicas.
Paralelamente, un centro de menores en València ha denunciado públicamente ser víctima de una campaña de "hostigamiento por parte de la extrema derecha" y de la difusión de noticias falsas. La dirección del centro ha solicitado amparo a las instituciones para frenar una situación que afecta directamente a la seguridad y bienestar de los menores tutelados.
Estos casos, aunque de naturaleza distinta, se suman a la percepción de un gobierno que enfrenta múltiples desafíos en su gestión, desde la ética en la administración hasta la protección de los más vulnerables, pasando por la transparencia informativa y la rendición de cuentas.
