El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado la gestión integral de la nueva tasa de residuos, un contrato de 7,4 millones de euros por dos años que se encargará de la tramitación, notificación y atención al ciudadano. La empresa, una UTE formada por las mismas compañías que gestionan las multas de tráfico, asumirá la compleja tarea administrativa que implica la creación de un nuevo padrón fiscal para cerca de 600.000 contribuyentes.
Este nuevo impuesto, derivado de la normativa europea y estatal, obligará a los hogares valencianos a pagar entre 39 y 273 euros anuales, dependiendo de su consumo de agua. La medida busca cubrir la totalidad de los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos, un principio conocido como "no deficitario".
Puntos Clave
- Adjudicación del Contrato: Una UTE formada por Servicios de Colaboración Integral y Martínez Centro de Gestión gestionará la tasa por 7,4 millones de euros.
- Coste para los Ciudadanos: Los hogares pagarán entre 39 y 273 euros al año, según su consumo de agua.
- Volumen de Gestión: Se prevé el envío de casi 600.000 notificaciones iniciales y la creación de un nuevo padrón fiscal.
- Previsión de Recaudación: El consistorio estima ingresar 46,7 millones de euros en 2025 con esta nueva tasa.
- Bonificaciones Disponibles: Se contemplan reducciones para familias numerosas, rentas bajas y por el uso de ecoparques, entre otras.
Una gestión compleja para un nuevo impuesto
El Ayuntamiento de Valencia ha delegado en una empresa externa la puesta en marcha y administración de la nueva tasa de basuras. La decisión, según fuentes municipales, responde a la enorme carga de trabajo que supone la implementación de un gravamen de estas características, que de otro modo saturaría los servicios de Hacienda del consistorio.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Servicios de Colaboración Integral (SCI) y Martínez Centro de Gestión (MCG) ha sido la adjudicataria del contrato. Curiosamente, MCG es la misma compañía que ya se encarga de la gestión de las multas de tráfico en la ciudad, lo que le otorga una experiencia previa en la administración de grandes volúmenes de notificaciones y gestiones tributarias municipales.
El contrato, valorado en 7,4 millones de euros para un periodo de dos años, fue adjudicado tras un proceso de licitación en el que la oferta de esta UTE fue la única que superó todos los filtros, después de que la propuesta de Global Omnium quedara eliminada.
La necesidad de externalizar el servicio
La creación de la tasa de basuras no es una decisión local, sino una obligación impuesta por la legislación española y directivas europeas. Esta normativa exige que los municipios cubran el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos con los ingresos generados por la propia tasa.
Para una ciudad como Valencia, esto implica un esfuerzo administrativo considerable. La tarea más inmediata es la elaboración de un nuevo padrón fiscal específico para este impuesto. Posteriormente, la empresa adjudicataria deberá girar los recibos correspondientes, gestionar el cobro en período voluntario y atender las inevitables dudas y reclamaciones de los ciudadanos.
Cifras del Contrato
- Valor: 7,4 millones de euros.
- Duración: 2 años.
- Ingresos previstos para el Ayuntamiento (2025): 46,7 millones de euros.
- Notificaciones estimadas (primer año): Cerca de 600.000.
¿Qué implica para el ciudadano?
La principal consecuencia para los valencianos será la llegada de un nuevo recibo. La ordenanza fiscal, aprobada a finales del año pasado, establece un sistema de tramos basado en el consumo de agua para determinar la cuota a pagar. Este modelo busca vincular el impuesto al volumen de residuos que teóricamente genera cada hogar o negocio.
Para las viviendas, las cuotas anuales se moverán en una horquilla que va desde los 39 euros hasta los 273 euros. El Ayuntamiento ha previsto una serie de bonificaciones para aliviar la carga fiscal a determinados colectivos y premiar las buenas prácticas medioambientales.
Bonificaciones y Exenciones
La normativa incluye varias reducciones y exenciones para mitigar el impacto del nuevo impuesto:
- Familias numerosas: Reducción del 30% en la cuota de la vivienda habitual.
- Rentas bajas: Reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos.
- Uso de ecoparques: Bonificación de 10 euros.
- Recogida selectiva para empresas: Bonificación de 50 euros para actividades que usen el sistema municipal "puerta a puerta" de papel y cartón.
- Colaboración social: Reducción del 10% para empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social.
- Afectados por la DANA: Exención total de la tasa para las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo.
La aplicación de estas bonificaciones requerirá una gestión proactiva por parte de los ciudadanos, quienes deberán solicitarlas y acreditar que cumplen los requisitos establecidos.
La nueva oficina de atención al contribuyente
Uno de los puntos clave del contrato es la creación de un servicio de atención al ciudadano específico para esta tasa. La empresa adjudicataria deberá habilitar una oficina física y un servicio de atención telefónica para resolver dudas, tramitar solicitudes y gestionar incidencias.
"Se espera que la aplicación de la nueva tasa sea un proceso complejo que pueda generar muchas dudas y consultas, de manera que la empresa elegida ha de asistir al contribuyente", se detalla en los pliegos del concurso.
Para garantizar un servicio de calidad, el contrato exige que la oficina esté ubicada a menos de un kilómetro del Ayuntamiento y que ofrezca un horario de atención al público ampliado, de 8:00 a 19:30 horas de forma ininterrumpida. Además, se ha estipulado que el personal debe ser cualificado y que un 70% debe ser competente tanto en castellano como en valenciano.
Un despliegue logístico masivo
La primera fase de la implantación será la más intensa. La empresa deberá encargarse de la impresión, ensobrado y envío de casi 600.000 notificaciones iniciales. Este proceso es fundamental, ya que al tratarse de un nuevo padrón, la liquidación debe ser comunicada de forma individual a cada contribuyente durante el primer año.
El sistema de notificaciones contempla un doble intento antes de recurrir a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si falla la entrega en el domicilio fiscal, se realizará un segundo intento en otra dirección que conste en los registros municipales, como la del padrón de habitantes. Toda esta operativa, junto con la digitalización de los expedientes y el almacenamiento de los acuses de recibo, correrá a cargo de la adjudicataria, que actuará como un brazo ejecutor de la Concejalía de Hacienda en todo lo relacionado con esta tasa.
