La Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado una denuncia formal contra Daniel Esteve, conocido por ser el líder de la empresa Desokupa. La acción judicial se basa en una serie de mensajes publicados en redes sociales que, según el Ministerio Público, podrían constituir delitos de incitación al odio y contra la integridad moral dirigidos al colectivo migrante.
Fuentes de la fiscalía confirmaron que la denuncia fue interpuesta ante los juzgados de Valencia para que se investiguen las publicaciones de Esteve. Se considera que sus expresiones son vejatorias y promueven la discriminación, además de difundir información falsa que podría generar hostilidad hacia las personas inmigrantes.
Puntos Clave
- La Fiscalía de Valencia acusa a Daniel Esteve, líder de Desokupa, de presuntos delitos de odio.
- La denuncia se origina por mensajes en redes sociales considerados discriminatorios contra inmigrantes.
- La investigación comenzó en marzo tras una denuncia de la asociación Acción contra el Odio.
- Un vídeo publicado tras un crimen en Mocejón es una de las pruebas centrales presentadas.
- El Ministerio Público solicita al juez que evalúe la capacidad de influencia y la reiteración de los mensajes de Esteve.
Origen de la investigación judicial
El proceso judicial que ahora se inicia tiene su origen en el mes de marzo. Fue entonces cuando la asociación Acción contra el Odio presentó una denuncia ante la Fiscalía, alertando sobre el contenido de varias publicaciones realizadas por Daniel Esteve. Esta entidad aportó diversos vídeos y mensajes que, a su juicio, vulneraban la legalidad.
Tras recibir la denuncia, la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía de Valencia abrió diligencias de investigación para analizar el material. Después de varios meses de estudio, el Ministerio Público ha concluido que existen indicios suficientes para llevar el caso ante un juez, al considerar que los mensajes exceden los límites de la libertad de expresión y podrían encajar en tipos penales específicos.
¿Quién es Daniel Esteve y qué es Desokupa?
Daniel Esteve es el fundador y la cara visible de Desokupa, una empresa especializada en la mediación para la desocupación de inmuebles al margen de los procedimientos judiciales habituales. Su figura ha generado una gran controversia debido a sus métodos y a su activa presencia en redes sociales, donde acumula un gran número de seguidores y difunde mensajes de gran impacto mediático.
El vídeo de Mocejón como prueba central
Una de las pruebas clave que sustenta la denuncia de la Fiscalía es un vídeo publicado por Esteve el 18 de agosto de 2024. El mensaje fue difundido poco después de conocerse el crimen de un niño de 11 años en la localidad de Mocejón, en Toledo. Es importante destacar que días después del suceso, la Guardia Civil detuvo a un joven de nacionalidad española como presunto autor del crimen.
A pesar de la nacionalidad del detenido, el discurso de Esteve en el vídeo se centró en la inmigración. En la grabación, pronunció frases que ahora están bajo investigación judicial. Según consta en la denuncia, algunas de sus manifestaciones fueron las siguientes:
"Ya sabemos de quién es culpa esto. Debilitamos a la Policía, dejamos entrar a los que dejamos entrar cada día y se están cargando a nuestros críos. [...] Os vais a cagar. [...] Vamos a hacer auténticas máquinas de salvar vidas, vamos a llamarlo. No van a volver a tocar a un niño. [...] Vamos con todo. Anchoa que se cruce en nuestro camino, anchoa a la plancha".
La Fiscalía considera que el uso de términos como "anchoa" de forma despectiva, junto con la vinculación directa de la inmigración con la criminalidad, constituye un discurso que promueve el odio y la discriminación. Además, se destaca que se difundió una noticia falsa al asociar el crimen con personas migrantes.
Las peticiones de la Fiscalía al juzgado
Tras formalizar la denuncia, la sección de Delitos de Odio ha solicitado al juzgado que se encargue del caso que practique varias diligencias. Una de las primeras peticiones es que se libre un oficio a la Policía Nacional para que determine el lugar exacto desde donde se emitieron los mensajes investigados.
Además, el Ministerio Público pide al juez que valore una serie de factores contextuales que considera fundamentales para calificar la gravedad de los hechos. Estos elementos son:
- La capacidad de influencia: Se pide tener en cuenta el elevado número de seguidores de Daniel Esteve en redes sociales y su potencial para influir en la opinión pública.
- La reiteración de los mensajes: La Fiscalía quiere que se determine si se trata de un hecho aislado o si forma parte de una conducta reiterada en el tiempo.
- La dureza del lenguaje: Se subraya el uso de un lenguaje duro y de expresiones vejatorias para referirse al colectivo migrante.
- El contexto de las publicaciones: Analizar el momento y la situación en que se difundieron los mensajes, como en el caso del crimen de Mocejón, para generar una mayor alarma social.
El delito de odio en el Código Penal
El artículo 510 del Código Penal español castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una persona por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a su ideología, religión, etnia, origen nacional, sexo, orientación sexual o discapacidad, entre otros. Las penas pueden incluir prisión de uno a cuatro años y multas.
Implicaciones del caso
Este caso pone de relieve el debate sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, especialmente cuando se trata de discursos que pueden afectar a colectivos vulnerables. La decisión de la Fiscalía de Valencia de actuar contra una figura de alto perfil mediático como Daniel Esteve sienta un precedente en la persecución de los delitos de odio en el entorno digital.
Ahora será el juzgado de instrucción correspondiente el que deberá decidir si admite a trámite la denuncia. En caso afirmativo, se iniciará un procedimiento judicial para determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito y si Daniel Esteve tiene responsabilidad penal por ellos. El desarrollo de este caso será seguido con atención por organizaciones de derechos humanos y expertos en delitos de odio.
