La sección de genética del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IMLV) se encuentra en una situación de parálisis total, según ha denunciado el sindicato UGT. La falta de personal cualificado ha obligado a derivar todos los análisis genéticos a Barcelona, provocando graves retrasos en la resolución de casos criminales como homicidios y agresiones sexuales.
Esta crisis, que afecta directamente a la administración de justicia en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, es el resultado de años de advertencias ignoradas sobre el desmantelamiento progresivo de la plantilla y la falta de inversión en formación y estructura, según el sindicato.
Puntos Clave
- La sección de genética del IMLV ha paralizado su actividad por falta de personal.
- Todas las pruebas judiciales se envían al Instituto Nacional de Toxicología en Barcelona.
- Se registran retrasos significativos en investigaciones de homicidios y agresiones sexuales.
- UGT denuncia un "desmantelamiento" de la plantilla y pasividad de la administración desde 2018.
- El sindicato exige un plan urgente para contratar personal especializado y obtener la acreditación del laboratorio.
Parálisis de un servicio esencial para la justicia
El servicio de genética del Instituto de Medicina Legal de Valencia, un pilar fundamental para la investigación judicial, ha llegado a un punto de colapso. UGT Serveis Públics ha alertado de que la sección está completamente paralizada debido a lo que describen como una "política de desmantelamiento de la plantilla".
Como consecuencia directa, todas las pruebas genéticas, tanto de ámbito civil como penal, se están enviando al laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Barcelona. Esta medida no es una solución temporal, sino el síntoma de una crisis estructural que afecta a todo el sistema judicial valenciano.
¿Qué hace la sección de genética forense?
Este laboratorio es crucial para la justicia. Procesa muestras biológicas para identificar a autores de delitos graves, como homicidios y agresiones sexuales. También realiza pruebas de filiación en casos civiles, como las investigaciones de paternidad, garantizando derechos fundamentales de los ciudadanos.
Retrasos inaceptables en casos graves
La derivación de pruebas a otra comunidad autónoma tiene consecuencias directas y graves. Según el sindicato, esta situación provoca retrasos injustificados en la investigación de delitos de gran impacto social. Casos de homicidios, agresiones sexuales y desapariciones quedan estancados a la espera de unos resultados que antes se obtenían en Valencia.
Esta demora, denuncia UGT, "afecta directamente al derecho a la tutela judicial efectiva" de las víctimas y sus familias. Además del coste humano, la externalización forzosa de los análisis supone un "incremento de costes económicos para la administración" y una notable "pérdida de confianza ciudadana" en el sistema.
Una crisis anunciada durante años
La situación actual no es una sorpresa. El sindicato asegura que el deterioro del servicio de genética se remonta a varios años atrás. Desde 2018, UGT ha presentado escritos y realizado advertencias sobre la "grave situación" de esta sección, que da servicio a toda la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, lamentan que sus avisos "se han topado con la pasividad de la Dirección General de Justicia y de la Conselleria". Afirman que las administraciones han respaldado las decisiones de la dirección del IMLCF a pesar de las evidentes consecuencias negativas para la genética forense en la región.
Aumento de la carga de trabajo
Según datos de las memorias de actividad del IMLCV, las solicitudes de análisis por agresiones sexuales han experimentado un crecimiento notable. Pasaron de unos 90-100 casos anuales antes de 2018 a un máximo de 332 en lo que va de 2024, mientras que las pruebas de filiación se mantienen estables.
Más tecnología, menos personal
Paradójicamente, el laboratorio ha sido modernizado con nuevos recursos técnicos. No obstante, esta inversión en equipamiento no ha ido acompañada de una dotación de personal adecuada. "Ha habido un avance tecnológico, pero el aumento de necesidades no ha sido acompañado de una cobertura real de personal cualificado", afirma Rosa Roig, responsable del sector de Justicia de UGT.
La plantilla, en lugar de crecer para manejar la nueva tecnología y el aumento de casos, ha ido "menguando de facto". Además, el personal existente no ha recibido la formación necesaria para operar los nuevos equipos, lo que ha dejado la tecnología avanzada prácticamente sin uso.
Un vacío de liderazgo y especialización
El sindicato detalla una serie de problemas estructurales en la organización de la plantilla que han llevado al colapso. La dirección del centro, según UGT, "ha tolerado descabezar la sección, el vaciamiento de la plantilla y la pérdida de capacidad organizativa".
La estructura de personal presenta carencias críticas:
- La jefatura de la sección está vacante desde principios de año por la baja de su titular.
- Los facultativos en activo no cuentan con la formación ni la especialización requeridas, y una de las plazas sigue sin cubrirse.
- Los ayudantes de laboratorio se ven obligados a asumir funciones de categoría superior sin ningún tipo de reconocimiento.
- La jefatura de laboratorio no ejerce una dirección científica real en el área de genética forense.
"La falta de especialización en las jefaturas, los ceses y jubilaciones de facultativos sin reposición (...) y la ausencia de un plan de formación en genética forense han generado un déficit estructural que asfixia al servicio", denuncia Rosa Roig.
Esta "concatenación de errores de gestión", añade la dirigente sindical, ha creado una "profunda brecha de liderazgo técnico y organizativo que ha terminado por colapsar la sección". El resultado es un clima laboral deteriorado por la inseguridad, la sobrecarga y la falta de reconocimiento.
Medidas urgentes para revertir el colapso
Ante esta situación insostenible, UGT Serveis Públics ha planteado una serie de medidas "urgentes e inaplazables" para rescatar el servicio y garantizar su futuro. La principal exigencia es la revisión inmediata de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear las plazas necesarias de Técnicos Especialistas y cubrir las vacantes con personal cualificado.
El sindicato también reclama:
- Nombramiento de jefaturas especializadas: Asegurar que los responsables tengan la capacidad técnica necesaria en dirección y gestión.
- Plan urgente de acreditación: El laboratorio carece de la acreditación ISO 17025 desde 2012. Sin personal estable y especializado, es imposible obtenerla.
- Comité de Seguridad y Salud: Solicitan una reunión extraordinaria para evaluar los riesgos psicosociales y la sobrecarga laboral que sufre la plantilla.
"Garantizar esta acreditación significa invertir en profesionales y medios propios, para que la justicia disponga de resultados rápidos, fiables y realizados en Valencia", concluye Roig. La recuperación del laboratorio es, para UGT, una cuestión de responsabilidad y de garantía de un servicio público fundamental.
