La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha iniciado un proceso judicial contra una resolución que le obliga a hacer público un informe sobre su gestión de personal. La entidad, presidida por Mar Chao, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para anular la orden del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que exige la entrega de una auditoría elaborada por la Intervención General del Estado (IGAE).
El documento en cuestión analiza la política de recursos humanos de la APV durante los ejercicios 2023 y 2024. Su contenido se mantiene en secreto, pero su elaboración coincide con la apertura de varias investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en la contratación de directivos.
Puntos Clave
- La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha demandado al Consejo de Transparencia ante la Audiencia Nacional.
- El objetivo es evitar la publicación de una auditoría de la IGAE sobre la gestión de personal en 2023 y 2024.
- La negativa a publicar el informe se produce en un contexto de investigaciones judiciales y una notable fuga de directivos.
- Sindicatos como UGT han denunciado un "clima laboral irrespirable" y una "gestión autoritaria" bajo la actual presidencia.
La Batalla por un Informe Clave
El conflicto se originó cuando un ciudadano solicitó acceso al informe de la IGAE. Tras la negativa de la APV, el caso llegó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), un organismo independiente que vela por el derecho a la información pública.
En diciembre, el CTBG emitió una resolución firme: el informe debía ser entregado. El organismo argumentó que el contenido, relacionado con "la gestión de las bajas incentivadas y del pago a directivos", es de claro interés público. Sin embargo, la APV ha optado por agotar la vía judicial y ha llevado el caso a la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
¿Qué es el Consejo de Transparencia?
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es una autoridad administrativa independiente en España. Su función principal es garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Resuelve las reclamaciones de los ciudadanos cuando una administración pública les niega el acceso a información que debería ser pública.
La presidenta de la APV, Mar Chao, ha minimizado la importancia del documento, afirmando que solo contiene "recomendaciones de gestión" y no señala "ninguna cuestión de daño al patrimonio o perjuicio económico". No obstante, la insistencia en mantenerlo oculto ha generado una gran controversia y alimenta las sospechas sobre posibles fallos graves en la gobernanza de la entidad.
Un Clima Interno de Tensión y Fuga de Directivos
La disputa por la transparencia no es un hecho aislado. Se enmarca en un período de notable inestabilidad interna en la Autoridad Portuaria desde la llegada de Mar Chao a la presidencia en septiembre de 2023. En poco más de un año, la entidad ha sufrido una significativa fuga de talento en puestos clave.
La salida más destacada fue la de Enrique Belda, director general, quien dimitió en noviembre pasado apenas dos años después de ser fichado por la propia Chao. Pero la lista de bajas es extensa e incluye a altos cargos de áreas estratégicas:
- Rubén Marín, subdirector de Explotación, que se marchó para dirigir el Puerto de Vigo.
- Carmen García Vilar, jefa de la Oficina Técnica y Planificación, actualmente en excedencia.
- María Jesús Calvo, jefa de Económico Financiero.
- Jaime Escobar, jefe de Multimodal.
Este éxodo de directivos ha coincidido con denuncias sindicales. La UGT ha llegado a calificar el ambiente en la empresa estatal como un "clima laboral irrespirable" y ha criticado una "gestión autoritaria".
Múltiples Frentes Judiciales
Además de las investigaciones sobre contratación de personal, la APV enfrenta otras pesquisas. El Tribunal de Cuentas también investiga un posible quebranto patrimonial por el cobro presuntamente irregular de dietas por parte de directivos.
El Trasfondo Político y Empresarial
La gestión de Mar Chao ha estado bajo el foco desde su nombramiento por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en 2023. Fuentes del sector portuario la consideran una figura cercana a los intereses de grandes conglomerados empresariales con un peso significativo en el puerto, como el Grupo Boluda y el gigante naviero MSC, adjudicatario de la controvertida ampliación norte.
"El objeto del informe, relativo, entre otras cuestiones, a la gestión de las bajas incentivadas y del pago a directivos, evidencia el interés público de lo solicitado", señala la resolución del Consejo de Transparencia.
El CTBG también subraya en su escrito que "no puede obviarse que idéntica información ha sido proporcionada por otras Autoridades Portuarias", desmontando el argumento de excepcionalidad que podría esgrimir la APV. La resolución va más allá y sugiere que el informe podría ser relevante en sede judicial, lo que podría explicar el empeño de la dirección en mantenerlo en secreto.
La decisión de judicializar la orden de Transparencia abre un nuevo capítulo en la gestión de uno de los enclaves logísticos más importantes de España. La Audiencia Nacional tendrá la última palabra sobre si el derecho a la información prevalece sobre la opacidad de una entidad pública clave para la economía valenciana.
