El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. La resolución llega por orden de la Audiencia Provincial, a pesar de que tanto el juez instructor inicial como la Fiscalía no encontraron indicios de delito.
La decisión judicial, emitida por la jueza sustituta Ana María Lillo, marca el último paso procesal antes de que Oltra y otros 12 investigados se sienten en el banquillo. Se les acusa de un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra a una menor tutelada por la administración autonómica.
Puntos Clave
- Se abre juicio oral contra Mónica Oltra y otros 12 investigados.
- La jueza actúa obligada por una orden de la Audiencia Provincial de Valencia.
- La Fiscalía mantiene su postura de no acusar al entender que no existen delitos.
- Se imputan delitos como malversación, encubrimiento y abandono de menores.
- La Generalitat Valenciana es declarada responsable civil subsidiaria.
Una decisión judicial forzada por la instancia superior
El auto de apertura de juicio oral, fechado el 3 de marzo, se produce en un contexto judicial complejo. La jueza Ana María Lillo ha tomado esta decisión no por convicción propia, sino en cumplimiento de un mandato de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. Esta instancia superior revocó una resolución anterior del juez titular del juzgado, Vicente Ríos.
El magistrado Ríos, tras concluir la fase de instrucción, había determinado que no existían indicios de criminalidad contra la exdirigente de Compromís. Esta conclusión fue compartida por el Ministerio Fiscal, que decidió no formular acusación.
El papel de la Audiencia Provincial
En el sistema judicial español, las Audiencias Provinciales son órganos superiores a los juzgados de instrucción. Tienen la potestad de revisar y revocar las decisiones de estos últimos. En este caso, la Audiencia obligó al juzgado a continuar el procedimiento hacia el juicio, revirtiendo el sobreseimiento inicial.
La Fiscalía no acusa
Uno de los aspectos más destacados del auto es que la propia jueza subraya la posición de la Fiscalía. En la resolución, se especifica que "por el Ministerio Fiscal no se formuló acusación contra los encausados en la presente causa al entender que los hechos objeto de investigación no son constitutivos de delito".
Esta circunstancia es poco común en procedimientos penales de esta magnitud. Generalmente, es la Fiscalía quien lidera la acusación pública. Sin la participación del fiscal Jaime Cussac, la acusación recae únicamente en las acusaciones particulares y populares personadas en la causa.
Pese a la ausencia de acusación por parte del fiscal, el proceso sigue adelante por imperativo de la Audiencia Provincial, que consideró que sí existían indicios suficientes para celebrar un juicio.
Los cargos y la fianza impuesta
El auto detalla los presuntos delitos que se le atribuyen indiciariamente a Mónica Oltra y al resto de los procesados. La lista de cargos es extensa e incluye delitos graves.
- Malversación
- Delito contra la integridad moral
- Omisión del deber de perseguir delitos
- Encubrimiento
- Abandono de menores
Fianza y responsabilidad civil
La jueza ha impuesto a los 13 investigados una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros. Además, se ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana, lo que significa que la administración autonómica podría tener que responder económicamente si se determina que hubo daños y los acusados no pueden cubrirlos.
Los próximos pasos del proceso
Con la apertura del juicio oral, el procedimiento entra en su fase final antes de la vista. La resolución judicial otorga ahora un plazo de 10 días a las defensas de los 13 investigados para que presenten sus escritos. En estos documentos, deberán exponer sus argumentos frente a las acusaciones formuladas.
Una vez presentados los escritos de defensa, el caso será remitido al tribunal competente para que fije la fecha de inicio del juicio. Este proceso judicial ha tenido un gran impacto en la política valenciana, provocando la dimisión de Mónica Oltra de todos sus cargos en junio de 2022 para, según sus palabras, no comprometer el gobierno autonómico del que formaba parte.
