El juzgado que investiga la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana ha citado a declarar como investigado al president de la Generalitat, Carlos Mazón. La citación se produce en el marco de las diligencias que buscan esclarecer las posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia.
La investigación se centra en su etapa como presidente de la Diputación de Alicante. Paralelamente, han surgido nuevos datos sobre la respuesta de los servicios de emergencia, como la confirmación de que el Consorcio de Bomberos de Valencia no movilizó a sus bomberos forestales el día después de la catástrofe.
Puntos Clave
- Carlos Mazón ha sido llamado a declarar como investigado por su gestión de la DANA cuando presidía la Diputación de Alicante.
- El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia admitió que no movilizó a ninguno de sus 900 bomberos forestales el día posterior a la DANA.
- La jueza ha solicitado información sobre los usuarios de teleasistencia fallecidos durante esas fechas para determinar si existe relación con el temporal.
- La investigación judicial se amplía para analizar la cadena de mando y la toma de decisiones durante la crisis meteorológica.
La citación judicial a Carlos Mazón
El Juzgado de Instrucción número 4 de València, encargado de la investigación sobre la gestión de la DANA, ha notificado formalmente al president de la Generalitat, Carlos Mazón, su citación para que declare en calidad de investigado. Esta figura, anteriormente conocida como imputado, implica que existen indicios que la jueza considera necesario investigar en relación con su posible participación en los hechos.
La citación se centra específicamente en el papel que desempeñó Mazón como presidente de la Diputación de Alicante durante el temporal. El objetivo de la jueza es aclarar las decisiones que se tomaron desde la institución provincial y cómo se coordinaron los recursos disponibles para hacer frente a la emergencia en una de las zonas más afectadas.
La declaración permitirá a Mazón ofrecer su versión de los hechos y responder a las preguntas de la magistrada y las partes personadas en la causa. Este paso supone un avance significativo en una investigación que busca depurar responsabilidades a todos los niveles de la administración.
La respuesta de los servicios de emergencia bajo la lupa
Uno de los aspectos más críticos de la investigación es la actuación de los equipos de emergencia. En este contexto, ha trascendido un dato relevante sobre la gestión de los recursos en la provincia de Valencia.
El papel de los bomberos forestales
Los bomberos forestales de la Generalitat son unidades especializadas no solo en incendios, sino también en intervenciones durante inundaciones y otras emergencias. Su formación y equipamiento los hacen clave para tareas de rescate y achique de agua en zonas de difícil acceso.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha reconocido ante el juzgado que no movilizó a ninguno de sus 900 bomberos forestales el día siguiente a las inundaciones. Esta información, aportada en respuesta a un requerimiento judicial, plantea serias dudas sobre la optimización de los recursos disponibles durante las horas críticas posteriores a la catástrofe.
La falta de activación de este contingente de 900 profesionales es un punto central para las acusaciones, que consideran que se pudo haber producido una negligencia en la coordinación de los efectivos disponibles para atender a la población afectada.
Búsqueda de víctimas y otras líneas de investigación
La investigación no se limita a la actuación de los responsables políticos y los mandos de emergencias. La jueza ha ampliado el foco para determinar el alcance real de la tragedia y si hubo víctimas que no han sido contabilizadas oficialmente como consecuencia directa de la DANA.
La solicitud de datos de teleasistencia
Una de las últimas diligencias solicitadas por una de las acusaciones populares, y que la jueza ha acordado investigar, es recabar datos sobre los usuarios del servicio de teleasistencia que fallecieron durante los días del temporal.
El objetivo de esta medida es cruzar la información de los fallecimientos con posibles fallos en el servicio de teleasistencia o con la imposibilidad de los servicios de emergencia de acceder a los domicilios de personas vulnerables debido a las inundaciones.
Esta línea de investigación busca esclarecer si la falta de respuesta o los problemas de comunicación durante la emergencia pudieron haber contribuido al fallecimiento de personas mayores o con dependencia que dependían de este servicio para solicitar ayuda.
El escenario político y social en Valencia
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la situación social y política en Valencia refleja las consecuencias de la catástrofe y las tensiones derivadas de la gestión de la misma.
El problema del sinhogarismo se agrava
La DANA también agravó la situación de las personas sin hogar. El desalojo de los asentamientos informales en el cauce del río Turia, una medida que se aceleró tras las inundaciones, ha provocado el desplazamiento de estas personas a otros puntos de la ciudad. Según informes de entidades sociales, los asentamientos precarios han crecido en diferentes barrios, evidenciando la falta de soluciones habitacionales estructurales para este colectivo vulnerable.
Tensiones en el Partido Popular valenciano
En el plano político, la gestión de la crisis ha generado tensiones. El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha manifestado su intención de presentar un proyecto alternativo al de Carlos Mazón dentro del Partido Popular valenciano. Camps ha afirmado que su objetivo es dirigirse a los "100.000 militantes" del PP en la Comunitat Valenciana, lo que se interpreta como un desafío directo al liderazgo actual en un momento de máxima complejidad.
Aumento del coste en actos públicos
En otro orden de cosas, la gestión municipal de Valencia también es objeto de escrutinio. El coste del acto de preselección de las falleras mayores, un evento de gran importancia en el calendario festivo de la ciudad, ha experimentado un notable incremento.
El Ayuntamiento de Valencia ha triplicado el presupuesto destinado a este acto, que ha pasado a costar 340.000 euros. Este aumento ha generado críticas por parte de la oposición, que cuestiona la prioridad del gasto en un contexto de necesidades sociales urgentes tras la DANA.
