Una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta de combustible adulterado en gasolineras de bajo coste. La trama, que operaba en varias provincias del levante español, incluyendo una base en Silla (Valencia), ha resultado en la detención de 18 personas y la investigación de otras 14.
Puntos Clave
- 18 detenidos y 14 investigados: Es el balance de la operación "Tenk" contra el fraude de hidrocarburos.
- Operación en el levante: La red distribuía el combustible en gasolineras de Valencia, Alicante, Murcia y Almería.
- Base en Silla: Uno de los centros de almacenamiento irregular se encontraba en la localidad valenciana de Silla.
- Fraude millonario: El objetivo era evadir el Impuesto Especial de Hidrocarburos, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.
- Riesgos múltiples: El combustible fraudulento causa daños a los vehículos, perjudica el medio ambiente y supone un riesgo para la salud pública.
El inicio de la investigación en Murcia
La investigación, denominada operación "Tenk", comenzó en el año 2023. Las primeras pistas surgieron a raíz de las quejas de los vecinos de La Hoya del Campo, una pedanía de Abarán (Murcia). Los residentes alertaron a las autoridades sobre un inusual y constante trasiego de camiones cisterna en la zona, lo que levantó las sospechas.
Gracias a esta colaboración ciudadana, la Guardia Civil pudo localizar un gasocentro que operaba de forma irregular. Los agentes procedieron a la entrada y registro de las instalaciones, donde se encontraron con una importante cantidad de combustible almacenado ilegalmente.
Primera incautación clave
En el primer registro realizado en Abarán (Murcia), las autoridades se incautaron de más de 70.000 litros de gasóleo, junto con diversa maquinaria y depósitos utilizados para la manipulación y almacenamiento del producto adulterado.
El "combustible de diseño" para evadir impuestos
Los análisis confirmaron que el producto incautado no era gasóleo convencional. Se trataba del conocido como "combustible de diseño" o designer fuel, una mezcla fraudulenta de gasóleo con otros componentes. La finalidad de esta alteración era modificar sus propiedades físicas para eludir el pago de impuestos.
La trama importaba el producto desde países de Europa del Este como Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania. Para evitar los controles fiscales, los cargamentos se declaraban como aceites y lubricantes, productos que no están sujetos a la misma carga impositiva que los hidrocarburos.
"La finalidad era eludir los controles y formalidades exigidas para la circulación de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos en la UE, así como el devengo del Impuesto Especial, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades", señalan fuentes de la investigación.
Un aditivo perjudicial
Dentro de los componentes añadidos, los investigadores detectaron la presencia de triacetina. Esta sustancia no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para el gasóleo de automoción y su uso puede provocar graves averías en los motores de los vehículos a largo plazo.
La estructura de la red y su base en Silla
La investigación, que se ha prolongado durante dos años, ha permitido destapar una compleja estructura criminal. La organización utilizaba una red de empresas "fantasma" creadas para ocultar sus actividades ilícitas y blanquear los beneficios obtenidos.
Para dirigir estas sociedades, la trama recurría a "testaferros". Se trata de personas en situación de vulnerabilidad económica que, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, cedían sus datos personales para figurar como administradores de las empresas y titulares de las cuentas bancarias.
Entre los testaferros identificados hay ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo ucranianos, letones, franceses y españoles.
Expansión de la trama
Tras la localización del primer centro en Murcia, las pesquisas llevaron a los agentes hasta otros dos gasocentros irregulares. Uno de ellos estaba en el municipio murciano de Abanilla, y el otro en Silla (Valencia), confirmando la extensión de la red a la Comunitat Valenciana.
Un fraude con graves consecuencias
El impacto de esta actividad delictiva va más allá del fraude fiscal. La comercialización de este combustible adulterado genera múltiples perjuicios.
- Competencia desleal: Perjudica gravemente a las empresas del sector que operan legalmente y cumplen con sus obligaciones tributarias.
- Daños mecánicos: Los consumidores finales se arriesgan a sufrir costosas averías en los motores de sus vehículos.
- Riesgo medioambiental: La combustión de estos productos emite gases más contaminantes, y su almacenamiento irregular aumenta el riesgo de vertidos peligrosos.
- Peligro para la salud pública: Las emisiones no controladas de su combustión pueden ser nocivas para la salud de las personas.
Balance final de la operación "Tenk"
La fase final de la operación ha implicado la inspección de once estaciones de servicio y empresas relacionadas con la trama. En total, se ha vinculado a 40 empresas con sede en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona con el entramado delictivo.
Hasta la fecha, han sido detenidas 18 personas y otras 14 están siendo investigadas. Se les imputan presuntos delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal.
Uno de los casos más destacados es el de un conductor de camión, a quien se le imputan 26 delitos contra la seguridad vial por transportar mercancías peligrosas sin tener en vigor el permiso de conducción necesario para ello.
