La Policía Nacional ha detenido en Valencia a dos jóvenes de 23 y 25 años por dirigir una red que proporcionaba empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Los arrestados llegaron a obtener más de 26.000 euros utilizando viviendas ajenas sin el consentimiento de sus propietarios.
Puntos Clave
- Dos jóvenes detenidos por falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.
- Cobraban aproximadamente 750 euros por persona al año por inscripciones fraudulentas en el padrón.
- La trama operaba desde 2022 y generó un beneficio estimado de 26.250 euros.
- Utilizaban dos viviendas de un mismo edificio sin que el propietario lo supiera.
- La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que encontró a diez desconocidos empadronados en su casa.
El inicio de la investigación: una denuncia inesperada
La operación policial se puso en marcha el pasado mes de octubre, a raíz de la denuncia de una mujer que se encontró con una situación insólita. Al intentar empadronarse en la vivienda donde reside, propiedad de su padre, descubrió que no podía hacerlo. El motivo: en el domicilio ya constaban inscritas diez personas completamente desconocidas para ella y que nunca habían vivido allí.
Alertada por la situación, presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar el origen de estas inscripciones anómalas.
La importancia del Padrón Municipal
El empadronamiento es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Estar inscrito en el padrón es un requisito fundamental para acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria pública, la escolarización de menores y la regularización de la situación administrativa para ciudadanos extranjeros, consolidando así sus derechos de residencia en España.
El modus operandi de la red
Las primeras pesquisas de los agentes confirmaron las sospechas. No solo la vivienda de la denunciante estaba afectada, sino también otra propiedad de su padre en la misma finca. Los investigadores constataron que, desde el año 2022, cerca de 30 personas de origen extranjero habían sido empadronadas en ambos inmuebles por periodos mínimos de un año.
La trama estaba dirigida por dos jóvenes, de 23 y 25 años, que habían diseñado un sistema bien definido. Ofrecían a ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad administrativa la posibilidad de empadronarse a cambio de una tarifa.
Contratos falsos como llave de acceso
Para formalizar la inscripción en el Padrón Municipal, los detenidos elaboraban contratos de alquiler falsificados. Estos documentos simulaban un arrendamiento legal de las viviendas, permitiendo a los solicitantes presentarlos en las oficinas municipales como prueba de residencia.
Los investigadores han determinado que los implicados nunca llegaron a residir en los domicilios. Todo el proceso se realizaba sin el conocimiento ni, por supuesto, el consentimiento del legítimo propietario de los inmuebles, que desconocía por completo que sus propiedades estaban siendo utilizadas para esta actividad ilícita.
Cifras del fraude
- 26.250 euros: Beneficio total estimado obtenido por los detenidos.
- 750 euros: Tarifa anual aproximada que cobraban por cada empadronamiento.
- 30 personas: Número aproximado de extranjeros inscritos fraudulentamente desde 2022.
- 2 viviendas: Inmuebles utilizados en la misma finca para llevar a cabo el fraude.
Consecuencias legales para los detenidos
Una vez recopiladas todas las pruebas, la Policía Nacional procedió a la identificación y detención de los dos hombres. Se les imputan los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Según fuentes policiales, uno de los arrestados ya contaba con antecedentes.
"Gracias a estos certificados del padrón, los empadronados podían consolidar derechos de residencia en España y acceder a tarjetas sanitarias u otros beneficios", explicaron fuentes de la investigación sobre el objetivo final de quienes pagaban por este servicio ilegal.
Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, ambos detenidos fueron puestos en libertad con cargos. No obstante, el juez de guardia impuso como medida cautelar la obligación de comparecer ante el juzgado siempre que sean requeridos mientras la instrucción del caso sigue su curso.
Este caso pone de manifiesto la existencia de redes que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas en situación irregular, creando un mercado negro en torno a trámites administrativos esenciales para la integración y el acceso a derechos fundamentales.
